MP solicitó al TSJ determinar si Voluntad Popular es terrorista

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Este lunes el Ministerio Público introdujo ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), un recurso de interpretación de los artículos 31 y 32 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), para que se determine si el partido Voluntad Popular (VP) es una organización criminal con fines terroristas y, en consecuencia, sea disuelta.

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Así lo informó el fiscal general de la República, Tarek William Saab, quien precisó que dicha disolución respondería a lo establecido en la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, y la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.

«No existen precedentes en la historia del país de una organización política que, ante su imposibilidad de acceder al poder por la vía democrática de los votos, migre hacia la violencia terrorista nacional y transnacional», expresó el fiscal al comentar que «los dirigentes de Voluntad Popular y sus secuaces han hecho de la agresión al pueblo venezolano su negocio».

Entre las agresiones más recientes, Saab mencionó «el presionar a AT&T para que sacara a Directv de Venezuela y pedir a los Estados Unidos que impidiera que los tanqueros iraníes llegaran al país para traer gasolina y aditivos».

En tal sentido, a fin de garantizar la paz de la República, el Ministerio Público solicita a la Sala Constitucional determinar si un partido u organización política, puede o no ser considerado sujeto activo o pasivo de responsabilidad penal en la comisión de delitos establecidos en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.

Asimismo, «establecer si dicha conducta es susceptible de generar responsabilidad en materia penal, civil o administrativa para VP; declarar al partido organización criminal con fines terroristas y que sea disuelto en razón de lo establecido en la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, y la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo”.

«Realizamos esta solicitud de interpretación con base en las atribuciones del Ministerio Público, como garante del respeto a los derechos y garantías constitucionales según el artículo 285, numeral primero, de la Constitución, así como en el artículo 266 de la Constitución, que establece las competencias del TSJ, el cual en su numeral 6º señala entre sus atribuciones conocer de los recursos de interpretación sobre el contenido y alcance de los textos legales, en los términos contemplados en la ley», precisó Saab.

Explicó que los artículos de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo «que hemos solicitado interpretar se refieren a la responsabilidad de las personas jurídicas y las sanciones aplicables Art. 31, “Las personas jurídicas, con exclusión del Estado y sus empresas, son responsables civil, administrativa y penalmente de hechos punibles relacionados con la delincuencia organizada y el financiamiento al terrorismo cometidos por cuenta de ellas por sus órganos directivos o sus representantes ”.

Refirió el fiscal que el partido Voluntad Popular, -creado como un movimiento en el año 2009 por Leopoldo López, exmiembro de la secta Tradición, Familia y Propiedad,- fue aceptado formalmente por el Consejo Nacional Electoral en enero de 2011.

Para el fiscal, «un prólogo de la trama neonazi de este grupo político» se puede ubicar en la participación de sus miembros en el golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez.

«Recordemos cómo Leopoldo López y otros personajes salieron a la calle la mañana del 12 abril de 2002 a apresar a miembros del Estado venezolano sin orden judicial; como nosotros que teníamos inmunidad parlamentaria; además de ministros y gobernadores. A pesar de este antecedente, a Voluntad Popular se le dio la oportunidad de participar en los comicios nacionales, regionales y municipales en el marco de la democracia participativa que propugna nuestra Carta Magna», manifestó.

En este sentido, indicó que la organización participó en las elecciones presidenciales de octubre de 2012, ganadas por el presidente Hugo Chávez, con poco más de 400 mil votos, «luego participó en las elecciones regionales de diciembre de ese año, en las que se convirtió en la sexta fuerza política nacional, y logró ganar una Alcaldía del Área Metropolitana de Caracas».

Sin embargo, -dijo- después de la elección presidencial en abril de 2013, en la que resultó electo el presidente Nicolás Maduro, este partido inició su deriva violenta hasta convertirse en una organización dedicada al ataque y destrucción del Estado».

Luego, en 2014 -tras la propuesta de La Salida que firmaron López, María Corina Machado y Antonio Ledezma- impulsó «guarimbas» en el país que dejaron el saldo de 43 fallecidos y más de 400 heridos, así como ataques terroristas contra instalaciones públicas.

«Esta práctica terrorista se repitió en 2017, esta vez con mayor violencia e intensidad; cuando se contabilizaron decenas de personas que fueron quemadas, siendo el caso más conocido el del joven Orlando Figuera ocurrido en Altamira. Este nuevo intento de generar una guerra civil entre abril y julio de 2017, duró alrededor de 130 días y provocó daños incalculables a la nación y enlutó a decenas de familias venezolanas, que contaron más de 150 muertes y más de mil heridos», refirió el fiscal general.

En el recurso de interpretación interpuesto ante la Sala Constitucional, el Ministerio Público menciona la autoproclamación de uno de sus dirigentes, Juan Guaidó, como «presidente interino» de Venezuela, «valiendose del apoyo del gobierno de Estados Unidos», con el propósito de apropiarse de los bienes de la República «para su provecho personal y el de sus cómplices».

En tal sentido, aludió a la confiscación ilegal de Citgo y de Monómeros Colombo Venezolanos, así como de la apropiación del dinero que posee la República en bancos extranjeros.

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«Con ese dinero financiaron una incursión mercenaria (el pasado 3 de mayo) contra nuestro territorio y buscan comprar lealtades para continuar intentando llevarnos, incluso en plena pandemia, a una guerra civil», culminó el fiscal general.

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