ONG Sures presenta impactos de medidas contra Venezuela ante la CPI

La organización no gubernamental de Derechos Humanos (DDHH) Sures presentó ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) evidencias del impacto ocasionado por las medidas coercitivas del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela, como parte de la demanda interpuesta por el Estado venezolano en la referida corte global.

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La ONG explicó en una misiva que la intención es “ilustrar y demostrar el grave impacto que las medidas unilaterales impuestas ilegal y arbitrariamente” han tenido en el disfrute de los DDHH de las y los venezolanos.

Las acciones ilegales de la administración de Donald Trump, impuestas entre 2014 y 2020, han influido en la vida, salud, integridad personal y alimentación de la población, así como en el desarrollo político, económico y cultural de la nación, lo que constituye un delito de lesa humanidad, resalta en texto.

Además, refiere que este tipo de política exterior también ha sido utilizada por otros gobiernos con el fin de generar un “cambio de gobierno y desconocer la voluntad popular”.

Hasta la fecha, de forma unilateral EE.UU. ha impuesto 58 acciones ilegales contra el país, Canadá otras cinco; Panamá y Reino Unido otras dos y Suiza una, mientras otras ocho sanciones ha impuesto el bloque europeo y dos el denominado Grupo de Lima.

La imposición de medidas coercitivas socavan el derecho internacional y los DDHH, sobre todo en medio de la crisis sanitaria por pandemia del covid-19, para la que se requiere disponer de recursos e insumos para contener su propagación, cita la carta de la organización, entidad que denunció el cierre de su plataforma web.

El informe señala que han sido objeto de acciones ilegales 52 buques y 56 aeronaves en su mayoría propiedad de las empresas estatales Petróleos de Venezuela (PDVSA) y Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa).

También, 118 empresas del sector público y privado dedicadas a la distribución y comercialización de insumos médicos, alimentos, bienes y servicios esenciales han sido incluidas como afectadas.

Particularmente en la producción petrolera, estas acciones han impactado en la generación de divisas que requieren los programas sociales, y “por lo tanto, la garantía de los derechos humanos” de los venezolanos y venezolanas.

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Otro de los aspectos que detalla el documento son relativos a las consecuencias en la salud, alimentación y los sistemáticos movimientos políticos y violentos con repercusión en la escena política nacional./AVN

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