El Tribunal Primero de Control Estadal de Nueva Esparta, admitió una querella penal interpuesta contra tres personas que presuntamente consignaron documentos obtenidos de manera fraudulenta, para acceder a un patrimonio familiar.
La querella, que es una solicitud de investigación penal interpuesta por un particular, quedó asentada en el mencionado tribunal neoespartano con la nomenclatura OP04-P-2026-000624. En ese expediente figuran como querelladas o presuntas infractoras de la ley, María Desiree Marcano, María Esperanza Marcano, Aleida Benilde Gamero Rivas y María Magdalena Gamero de Guiliani.
La querella admitida solicita al tribunal que se investigue a las cuatro personas porque presuntamente están incursas en los delitos de uso de documento público falso, falsa atestación ante funcionario público y agavillamiento.
Jesús Tadeo Gamero Toro fue la persona que interpuso la querella, en cuyo documento explica que, debido a una afección de salud de su padre, Hernán José Gamero Rivas, solicitó a un tribunal aprobar un procedimiento de interdicción civil, ello en virtud que su papá carecía de facultades mentales para dirigir los negocios familiares. Ese planteamiento fue aprobado el 22 de septiembre de 2025 y, en consecuencia, Jesús Gamero quedó al mando del patrimonio familiar tras ser designado tutor interino.
María Esperanza y María Marcano, quisieron intervenir en esa administración del patrimonio familiar, aduciendo ser hijas de Hernán Gamero. Y para demostrar tal cualidad consignaron ‘’una supuesta acta de reconocimiento de paternidad…emitida por la Comisión de Registro Civil y Electoral del estado Delta Amacuro, municipio Tucupita, parroquia San José, mediante la cual se deja constancia que la declarante María Magdaleno Gamero de Guiliani, de 80 años de edad, reconoce a María José como hija de su hermano Hernán Gamero’’. Un documento similar consignó respecto a María Esperanza Marcano.
Jesús Gamero recordó que el Tribunal 3 Civil de Nueva Esparta acepta tales documentos y les da participación a las hermanas Marcano, ‘’ya que con las pruebas que aportaron comprobaron sus parentescos de consanguinidad con mi padre’’. Pero alertó que su padre ‘’nunca autorizó ni reconoció a ninguna de estas ciudadanas como sus legítimas hijas’’.
Para describir lo que Jesús Gamero considera una actuación delictiva, fraudulenta, trajo a colación en la querella el hecho de que las hermanas María Desiree y María Esperanza consignaron ante el Tribunal Civil Tercero de Nueva Esparta, las partidas de nacimiento primigenias como hijas naturales de Hernán Gamero, además de las copias de sus cédulas de identidad. A lo cual Jesús Gamero añade que ellas ‘’evitaron traer al proceso las correspondientes actas de reconocimiento de paternidad debidamente firmadas por mi padre con sus respectivas huellas dactilares, como lo exige el artículo 97 de la Ley de Registro Civil, es decir, que no existe en autos la prueba idónea de su reconocimiento de su paternidad’’.
Gamero denuncia en la querella que el ‘’fraude procesal’’ prosiguió cuando el Tribunal Civil Tercero de Nueva Esparta lo revocó como tutor provisional de su progenitor y designó a María Desiree Marcano, ‘’con el único fin de hacerse del patrimonio de mi padre’’.
Esa decisión fue ejecutada el pasado 17 de abril en Pampatar (Nueva Esparta) cuando la fiscal Fabiola Arocha, se presentó a la residencia de Hernán Gamero quien se encontraba durmiendo; lo despertó y lo sustrajeron para entregárselo a María Desiree Marcano, según relata la querella donde se denuncia como una irregularidad ese allanamiento, por tratarse de un procedimiento civil que debió ejecutarlo un juzgado de esa jurisdicción. Además, Gamero igualmente denunció que en medio de ese allanamiento fueron sustraídos de su residencia la suma de 15 mil dólares y sus documentos personales.
Finalmente, Gamero solicitó al Ministerio Público asignar a un fiscal para investigar los hechos narrados en la querella ya admitida por el Tribunal Primero de Control de Nueva Esparta.
Qué es éso, una fiscal tomándose la atribución poder allanar una vivienda, como si fuera una autoridad policial con orden de allanamiento, por la autoridad competente.
Esa está buena para trabajar en gobiernos dictatoriales.
Bueno, ahora el agraviado que, la demande.
Y la famosa fiscal Arocha cuánto recibiría por su «ultraje a la ley». Será pariente de la ex rectora de la UCV ( apellidada igual) que dejó los espacios de la UCV en una verdadera ranchería.