Los malos olores se habían apoderado del callejón en una comunidad del Guarataro, en el municipio Libertador, en Caracas. Una tubería de aguas servidas, dañada por los fuertes movimientos telúricos que sacudieron a Caracas en junio pasado, mantenía en vilo a dos familias que compartían la misma pared divisoria.
La denuncia llegó a manos de la oficial Joanny Gómez, del Servicio de Policía Comunal de la parroquia San Juan, quien se encargó de atender el caso. La funcionaria contó a Últimas Noticias que el vecino afectado llegó en calidad de solicitante a la Oficina de Atención Comunitaria del Cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana por recomendación de habitantes de la comunidad. Relató que, cansado de la situación, el hombre de unos 40 años de edad decidió formalizar la queja contra su vecino por un bote de aguas residuales.
El ciudadano contó a la funcionaria que el problema se originó días después del doblete sísmico del 24 de junio, cuando comenzaron a emanar de una cañería de la vivienda de al lado aguas servidas que se esparcían hacia el pequeño porche de su casa.
Los malos olores eran insoportables y el acceso hacia el interior de su propiedad se estaba dificultando por la acumulación del agua en la acera y en la calle. Acotó que cuando intentaba ingresar su moto al interior de su casa, esta se llenaba del líquido fétido y por ello debió alquilar de forma momentánea un puesto de estacionamiento. Además, advirtió que estos acontecimientos empezaban a preocuparle porque tiene dos hijas pequeñas y una de ellas es asmática.
Dijo que, pese a haber intentado resolver el problema de manera directa, el vecino argumentaba no contar con los recursos suficientes para mandar a reparar la avería.
Gómez, con amplia experiencia en la resolución de conflictos comunitarios, convocó a la otra parte involucrada para escuchar su versión y así tener un panorama completo de la situación que afectaba la convivencia y la salubridad tanto de las dos familias como la del sector.
Mediación. El día señalado, ambas partes acudieron a la Oficina de Atención Comunitaria de la parroquia San Juan. La oficial Gómez procedió a realizar un acto conciliatorio. Lo primero que hizo fue escuchar las inquietudes de cada uno en un ambiente de respeto y cordialidad.
Durante la reunión, el vecino denunciado manifestó que, si bien era consciente del problema, los gastos que implicaba la reparación de la tubería superaban sus posibilidades económicas en ese momento. Explicó que él también se estaba viendo perjudicado por el bote de aguas residuales, pero que no tenía prevista esa emergencia tras los terremotos y, por lo tanto, no contaba con el dinero para arreglar el tubo.
Por su parte, el denunciante reiteró que los malos olores afectaban la calidad de vida de su familia y que era urgente darle solución al problema. Entendió las dificultades de su vecino y le sugirió resolver el conflicto de manera pacífica y conjunta.
Compromisos
El diálogo permitió que ambas personas llegaran a acuerdos reparatorios. Se comprometieron a compartir los gastos con la finalidad de reparar la cañería averiada para el bienestar de sus respectivas familias y así recuperar la salubridad en la comunidad.
“Los acuerdos establecidos fueron que entre el denunciado y el convocado iban a reparar la tubería compartiendo los gastos”, detalló Gómez.
Además, acordaron establecer un plan de mantenimiento preventivo para evitar que situaciones similares vuelvan a presentarse en el futuro.
El denunciante aceptó las disculpas del denunciado y se mostró dispuesto a colaborar en lo que fuera necesario para agilizar los trabajos de reparación.
Los vecinos firmaron un acta de compromiso donde quedaron asentados los acuerdos alcanzados y dejaron constancia de su voluntad por resolver el problema de manera pacífica y restablecer la armonía en el sector.
Gómez señaló que, a la par, la Policía Comunal hará seguimiento a la resolución del caso.
Normativa
La mediación se llevó a cabo haciendo valer lo dispuesto en la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana, el Civismo y la Justicia de Paz Comunal del municipio Libertador, en particular, el artículo ocho, que reconoce como un valor fundamental “la solución pacífica de las controversias y la aplicación de medios alternativos para la resolución de conflictos”, principio que guió la intervención de la oficial del Cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana.
Asimismo, el artículo 13 de la ordenanza establece que los habitantes del municipio deben “asumir una conducta ética y de civismo, evitando cualquier acción, omisión o manifestación contraria al orden público, al respeto por las personas y a sus bienes, en consideración, tolerancia y reconocimiento de sus derechos”.
Esta disposición fue recordada a ambas partes durante la mediación, y se enfatizó la importancia de mantener una conducta respetuosa.
La legislación en detalle
Convivencia ciudadana. Según el artículo 11 de la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana, el Civismo y la Justicia de Paz Comunal del municipio Libertador, es toda conducta, actitud cívica, pacífica y armoniosa asumida por una comunidad y sus individuos conforme a la ley, a las normas, a los valores y principios establecidos como deberes y derechos de las y los ciudadanos, sin afectar la tolerancia, el buen vivir y las buenas costumbres.
- Conductas contrarias. El artículo 13 insta a evitar conductas o actividades en el uso de bienes muebles o inmuebles que causen molestias o alteraciones a la paz social, reguladas en la ordenanza o en otras normativas legales o sublegales vigentes.
- Entorno ambiental. En la ordenanza se hace el llamado a conservar en buen estado de uso y funcionamiento los bienes e instalaciones públicas y privadas, así como el entorno ambiental.
- Servicios públicos. Asimismo, en el artículo 23, se define como acto contrario no reparar oportunamente los daños ocasionados a la infraestructura de servicios públicos domiciliarios, cuando estas reparaciones corresponden al usuario. La inacción puede acarrear multas o sanciones.
