El pleno del Congreso de los Diputados de España aprobó este jueves el proyecto de Ley de Memoria Democrática, el cual permitirá obtener la nacionalidad española a los hijos y nietos de españoles que no pudieron obtenerla anteriormente por diversas razones.
“Una de las medidas reparadoras de las personas que sufrieron el exilio que se reconoce en esta nueva Ley es la modificación de la adquisición de la nacionalidad que se recoge en la disposición adicional octava y que asegura que podrán obtener la nacionalidad española los nacidos fuera de España de padres o madres, abuelas o abuelos, exiliados por razones políticas, ideológicas o de creencia”, explica una nota de Crónicas de la Emigración.
El proyecto de Ley precisa que esta disposición deberá formalizarse en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la Ley.
Además la Ley de Memoria Democrática reconoce el derecho de nacionalidad a los hijos e hijas nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros, antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978.
Asimismo podrán recibir la nacionalidad española los hijos e hijas mayores de edad de aquellos españoles a quienes les fue reconocida su nacionalidad de origen en virtud del derecho de opción de acuerdo a lo dispuesto en la presente Ley o en la Ley de Memoria Histórica.
El proyecto de ley fue aprobado por el Congreso español con 173 votos a favor, 159 en contra y 14 abstenciones, precisa un reportaje de rtve.
La propuesta de Ley de Memoria Democrática fue enviada al Senado español, donde podría quedar definitivamente aprobada en el mes de septiembre.
“Ahora, la propuesta de ley pasa al Senado, que podrá introducir enmiendas, vetar el texto por mayoría absoluta o, en el mejor de los casos, ratificar el proyecto de ley por mayoría simple”, explica el abogado Ariel Fraga, del bufete Fraga Abogados, afincado en Barcelona, España, en una entrevista al Diario Las Américas.
¿En qué consiste la Ley de Memoria Democrática?
La sesión extraordinaria de este jueves en el Congreso de los Diputados se enfocó en las enfrentadas posiciones políticas sobre otros puntos de la Ley de Memoria Democrática.
Un reporte de rtve enumera algunos de los principales aspectos del referido proyecto de Ley.
Búsqueda de personas desaparecidas
El Estado español se compromete a buscar alrededor de 114.000 personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura.
El Estado elaborará un mapa de localización de personas desaparecidas y creará un banco estatal de ADN de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura para poder comparar perfiles genéticos en la identificación de restos.
La ley prevé además un censo estatal de víctimas con los nombres de aquellas personas fallecidas y de las supervivientes que expresen su consentimiento expreso.
El régimen franquista se declarará ilegal
La ley declara ilegal tanto el régimen franquista como los tribunales franquistas, así como la nulidad de todas sus condenas. Esta nulidad dará derecho a obtener «una declaración de reconocimiento y reparación personal» a las víctimas del franquismo.
Prevalencia del derecho internacional frente a la ley de Amnistía
La nueva norma no deroga la Ley de Amnistía de 1977, que asegura que fue un instrumento a favor de «la reconciliación y la construcción de una sociedad democrática avanzada», pero subraya la necesidad de «garantizar el derecho a la verdad de las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario, así como las oportunas formas de reconocimiento y reparación».
Para ello, establece que todas las leyes españolas, incluida la de Amnistía, se interpretarán y aplicarán de conformidad con el Derecho Internacional, especialmente el Derecho Internacional Humanitario, «según el cual los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables».
Estudio de vulneraciones de derechos humanos de 1978 a 1983
Entre las disposiciones de la ley figura la polémica enmienda pactada entre el Gobierno, EH Bildu y Más País para crear una comisión que estudie vulneraciones de derechos humanos entre 1978 y finales de 1983 a personas que hayan luchado «por la consolidación de la democracia» y que señale «posibles vías de reconocimiento y reparación».
Un fiscal de sala investigará las violaciones de derechos humanos
Por otro lado, la ley prevé la creación de un fiscal de sala para la investigación de violaciones de derecho internacional y de derechos humanos durante el golpe de Estado, la Guerra Civil y la dictadura franquista.
Sanciones por destruir fosas o exaltación del franquismo
La norma incorporará sanciones de hasta 150.000 euros por el incumplimiento de la norma o por actos como destruir fosas comunes, el menoscabo a los lugares de memoria democrática o por la exaltación del franquismo, algo que la Ley de Memoria Histórica no contemplaba.
La definición de víctima
La ley considera víctima a aquellas personas que hayan sufrido daño físico, moral o psicológico, daños patrimoniales o menoscabo de derechos fundamentales desde el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1978.
Entre las víctimas, la ley incluye a los fallecidos y desaparecidos como consecuencia de la Guerra Civil y la dictadura, pero también a los exiliados, las personas LGTBI, los niños adoptados sin consentimiento de sus progenitores, así como las lenguas y cultura vasca, catalana y gallega, entre otros casos.
Las víctimas tendrán derecho al «reconocimiento y reparación integral» por parte del Estado, así como al «resarcimiento» de los bienes incautados y las sanciones económicas producidas por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa durante la Guerra Civil y la dictadura.
Además, se declarará el 31 de octubre como día de recuerdo y homenaje a todas las víctimas del golpe militar, la Guerra Civil y la dictadura, y el 8 de mayo como día de recuerdo y homenaje a los hombres y mujeres que sufrieron el exilio como consecuencia de la Guerra Civil y la dictadura.
El Valle de los Caídos se llamará Valle de Cuelgamuros
La ley contempla la creación de un inventario estatal de lugares de memoria democrática entre los que estará el actual Valle de los Caídos, que pasará a denominarse Valle de Cuelgamuros. Dará a conocer las circunstancias de su construcción y su significado «con el fin de fortalecer los valores constitucionales y democráticos».
Acceso garantizado a la información pública de los archivos
La ley garantiza el derecho al acceso libre, gratuito y universal a los archivos públicos y privados sobre todos los hechos ocurridos entre el golpe de Estado de 1936 y la Transición hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1978.
En el caso de la documentación del gobierno de la dictadura que estén en poder de entidades privadas o personas físicas, en particular los referidos al jefe de Estado, se incorporarán al centro documental de la memoria histórica de Salamanca o al archivo del organismo público que se determine de forma motivada.
Actualización de los contenidos educativos
Con el fin de difundir el conocimiento de la historia y la memoria democrática española y «la lucha por los valores y libertades democráticas», la ley establece la actualización de los contenidos curriculares para ESO, FP y Bachillerato para reflejar la «represión que se produjo durante la guerra y la dictadura».
Supresión de títulos nobiliarios durante la guerra y dictadura
La Ley suprime un total de 33 títulos nobiliarios y grandezas de España concedidos entre 1948 y 1978, entre ellos el de duque de Primo de Rivera, duque de Calvo Sotelo y duque de Mola.
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