Los camioneros que mantenían desde el viernes bloqueada la carretera de conexión con la ciudad chilena de Antofagasta levantarán este mediodía el paro que iniciaron para protestar por la inseguridad.
La decisión de los manifestantes la tomaron luego de larga reunión entre representantes de los transportistas y del Gobierno de Sebastián Piñera, al que se algunos sectores lo responsabilizan de la problemática por sus políticas migratorias.
Los camioneros acordaron que abrirán las rutas después de culminar el funeral de Byron Castillo, un camionero de 22 años que murió el viernes en extrañas circunstancias cuando, según la versión oficial, se bajó de su vehículo y se encaró con un grupo de personas que supuestamente habían apedreado su camión.
Entre las personas señaladas por este hecho se encuentran dos de nacionalidad venezolana, quienes ya fueron detenidas horas después como sospechosas de la muerte de Castillo.
Esta situación de violencia llevó al Gobierno a imponer el estado de excepción en las dos provincias del norte, promover una red alternativa de transporte para evitar posibles desabastecimientos y poner en vigor la nueva ley migratoria, promulgada en abril pasado.
Migrantes desorientados en la frontera
El ambiente se mantiene tenso pese al anuncio de los camioneros, pues ha crecido un sentimiento de xenofobia, reseñó EFE.
Con la puesta en marcha de la nueva ley de migraciones, la confusión y el descontento aumentaron entre los extranjeros que llegaron a la frontera con Bolivia.
En Colchane, decenas de migrantes se agolparon sin saber si podrán o no ingresar al país o si deberán regresar a Bolivia.
El Gobierno anunció la entrada en vigor del reglamento de la nueva ley de migraciones, promovida por el conservador Sebastián Piñera para endurecer las fronteras.
La ley de migraciones entró en vigor en 2021, pero faltaba la aprobación del reglamento, que fue publicado el sábado en el diario oficial y permitirá agilizar las expulsiones e incluso hacer «devoluciones en caliente», sin un procedimiento judicial.
Los migrantes dijeron que las autoridades policiales los orientaron este domingo a realizar un proceso de autodenuncia, donde, en caso de resultar con antecedentes, serían devueltos al país vecino.
Sin embargo, en horas de la mañana, el complejo fronterizo de Colchane cerró sus puertas desencadenando una manifestación de parte de familias y viajeros que pasaron la noche a la intemperie pese a contar con un test PCR.
«No tenemos por qué pagar los delitos de otras personas. Delincuentes hay en todos lados, independiente de su nacionalidad. Nosotros venimos a sacar adelante a nuestras familias», señaló Andrea Durán, una joven venezolana, que protestó junto a su hijo.
Un total de 39 adultos y un número indeterminado de niños fueron conducidos a Bolivia, aunque las autoridades de ese país no aclararon si serían recibidos.
En total hay 1,4 millones de migrantes en el país latinoamericano, lo que equivale a más del 7 % de la población.
