Durante su campaña electoral, el entonces aspirante a un segundo mandato como presidente de Estados Unidos, Donald Trump, alzó como una de sus principales banderas las deportaciones masivas de migrantes y no tardó mucho en comenzar a cumplir con su promesa, utilizando, entre otros métodos, el envío hacia terceros países a quienes eran expulsados del territorio estadounidense.
Para ello recurrió a varios instrumentos legales, incluyendo algunos esgrimidos en su primer mandato en 2019, como el de los Acuerdos de Cooperación de Asilo (ACA), firmados con algunas naciones centroamericanas como Guatemala, El Salvador y Honduras, empleando inclusive tácticas coercitivas para que sus gobernantes se vieran obligados a aceptarlos, como las amenazas de aumentarles los aranceles a sus productos.
No obstante, la práctica de la firma de convenios con otras naciones, incluyendo algunas africanas, además de latinoamericanas, para deportar a ciudadanos de otras nacionalidades que no podían ser enviados a sus lugares de origen, se multiplicó desde el inicio de su segunda administración, invocando, entre otras, la Ley de Enemigos Extranjeros, de 1798 (Alien Enemies Act) para las expulsiones exprés bajo el argumento de que los grupos u organizaciones criminales extranjeras, como el Tren de Aragua, estaban ejecutando una “invasión o incursión predatoria” en territorio estadounidense, a fin de aplicar una norma pensada para tiempos de guerra y justificar las expulsiones de migrantes.
Así fue como ocurrió con el caso de los más de 230 venezolanos enviados a una terrorífica cárcel de El Salvador, el Cecot, desatendiendo incluso la orden del juez de distrito James Boasberg, quien ordenó detener las deportaciones hechas con ese justificativo.
Otros destinos
Ese fue el primero de muchos casos que se han registrado en estos casi dos años del gobierno de Trump, quien ha enviado a numerosos países a decenas de migrantes alegando que en sus naciones de origen no los reciben, como parte de una suerte de calvario sin tener idea de qué les puede esperar en territorios desconocidos.
Por ejemplo, a cambio del pago de 5 millones de dólares aprobados por el Departamento de Estado, Liberia se comprometió a aceptar hasta 1.200 migrantes en 12 meses, recibiendo a la primera veintena de ellos hace una semana.
Entre ellos se encontraba el venezolano Carlos Téllez, de 35 años, quien vivía en Texas y fue enviado a ese país africano luego de permanecer siete meses bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Del avión que aterrizó en Monrovia solo desembarcaron 15; los restantes cinco se negaron a bajar de la nave, por lo cual fueron enviados a Guinea Ecuatorial, otro país con el cual EEUU tiene un acuerdo de este tipo, firmado en octubre del año pasado, a cambio de 7,5 millones de dólares.
En este último país fueron obligados a desembarcar los cinco, tres cubanos, un brasileño y una camerunesa, formando parte ahora de un total de 40 que se encuentran recluidos en las instalaciones de un hotel abandonado en Malabo, isla de Bioko, en ese país.
Allí, según Ahmed Soliman, un inmigrante egipcio que ya tiene cuatro meses, las condiciones son deplorables, con deficiente atención médica, atención psicológica grave y la persistente negativa de brindarles asistencia legal.
Otra de las naciones de destino ha sido Esuatini, en el sur de África, que por 5,1 millones de dólares desde el año pasado comenzó a recibir desde Estados Unidos a personas de otros países, incluyendo 11 llegados el pasado mes.
Sin embargo, en este caso la portavoz interina del gobierno, Thabile Mdluli, aclaró que solo permanecerían en el territorio de manera temporal, respetándose sus derechos fundamentales y que “serán protegidos de conformidad con las leyes del Reino de Esuatini”.
Más de 230 venezolanos fueron enviados a El Salvador
En marzo del año pasado, desempolvando una ley que data de 1798, la de Enemigos Extranjeros, y argumentando que pertenecían supuestamente al Tren de Aragua, aunque sin presentar ningún tipo de pruebas, como suele ocurrir en la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, más de 230 migrantes venezolanos fueron enviados a El Salvador, para ser recluidos en el tenebroso Centro de Confinamiento para el Terrorismo (Cecot), construido por el mandatario de ese país, Nayib Bukele, para encarcelar a presuntos miembros de pandillas criminales.
El traslado de los compatriotas, con quienes se inició en el segundo mandato del actual inquilino de la Casa Blanca ese modelo de deportaciones, se dio con un convenio en el cual EEUU se comprometió a pagar más de seis millones de dólares para que los recibieran.
De inmediato comenzaron las denuncias de las violaciones de los derechos humanos a unas personas a quienes, por lo demás, no se les había comprobado ningún delito en territorio estadounidense.
Finalmente, el 18 de julio, tras intensas negociaciones del gobierno del presidente Nicolás Maduro con el de Trump, fueron enviados a Venezuela, siendo recibidos en Maiquetía por Delcy y Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello.
México rechazó traslado de sus connacionales a Guatemala
En medio de todas las controversias que han venido signando las relaciones entre los gobiernos de Donald Trump y su homóloga de México, Claudia Sheinbaum, hace poco más de una semana surgió un motivo para otra más cuando el jefe de Estado de Guatemala, Bernardo Arévalo, reveló que más de 2.300 nacidos en el país azteca habían sido deportados a su nación en lo que va de año.
De inmediato, el Ejecutivo mexicano, por intermedio de su secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, expresó su rechazo a tales acciones.
“Nosotros manifestamos que respetamos las decisiones que tomen en otros países en política migratoria, pero que no compartimos que nuestros connacionales sean trasladados a un tercer país antes de llegar a México, puesto que nosotros los estamos recibiendo de manera directa y con un acuerdo que tenemos con ellos”, declaró a los medios durante una de las habituales ruedas de prensa de la mandataria Sheinbaum.
Recalcó que le expresó al embajador estadounidense, Ronald Johnson, “que si hay un acuerdo, sigamos en ese acuerdo, que no necesitamos que los envíen a terceros países”, remarcando que se lo expuso de forma “respetuosa, pero firme, para manifestarle que no estamos de acuerdo con esa decisión”.
