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Falta a convenio de arriendo causó problemas en Los Rosales

La Policía Comunal de San Pedro medió en conflicto entre arrendadora y su inquilina

En la urbanización Los Rosales, situada en la parroquia San Pedro del municipio Libertador, en Caracas, se generó un conflicto debido al incumplimiento de los acuerdos establecidos durante el alquiler de una vivienda, situación que ameritó la mediación de funcionarios del servicio de Policía Comunal del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (Cpnb).

A la sede del servicio, ubicada en la avenida Francisco Pimentel de la comunidad de Los Chaguaramos, acudió una señora de la tercera edad, junto con su vecino, en busca de ayuda para alcanzar un entendimiento con su arrendataria, a quien acusó de faltar a los compromisos adquiridos antes de que se le alquilara el anexo en Los Rosales.

La adulta mayor aseguró que al momento de rentar el espacio se le notificó a la inquilina que el lugar tenía diferentes daños en su estructura, pero seguía siendo habitable. Condición que la joven aceptó, al igual que las reglas que le fueron indicadas para poder proceder con el alquiler.

El primer oficial del Cpnb y coordinador del servicio de Policía Comunal de San Pedro, Juan Morales, comentó a Últimas Noticias que la arrendataria solo tenía permitido vivir en las instalaciones junto con sus hijos. Sin embargo, la mujer le dio morada a su pareja sentimental y a esto se sumaron otras personas que diariamente entraban y salían del anexo.

Ante lo expuesto, se procedió a citar a la arrendadora y a su alquilada, así como al señor que la acompañó durante la solicitud para que fungiera como testigo del acontecimiento.

Conciliación

A la Sala de Mediación y Resolución de Conflictos, localizada dentro de las instalaciones del servicio de Policía Comunal, acudieron los tres convocados para exponer sus argumentos sobre el problema por el que estaban transitando.

El primer oficial del Cpnb aseguró que el encuentro se llevó a cabo de manera pacífica. Añadió que, en el proceso de conversación, la señora de la tercera edad reiteró lo expuesto al momento de hacer la solicitud.

Refirió que muchas personas se quedaban en el anexo sin su consentimiento y que, además, desde el espacio se generaban muchos ruidos molestos. Agregó que la inquilina también hizo reparaciones a la vivienda sin tener su aprobación y que ahora le está cobrando un dinero por los gastos realizados.

Por su parte, la otra mujer manifestó su intención de desalojar la propiedad, pero antes necesitaría que se le devolviera el capital que pagó por las rehabilitaciones en el espacio. La inquilina alegó que los argumentos expuestos por la arrendataria son falsos: “Todo lo que ella dice es mentira. No me hizo contrato de arrendamiento, no me dijo las condiciones en las que estaba el inmueble, ha dicho que mis hijos y yo somos invasores”.

Entretanto, el hombre afirmó ser testigo de que la señora de la tercera edad siempre ha actuado con respeto hacia su inquilina. Comentó que la solicitante nunca se ha mostrado con malas intenciones.

Luego de conversar y que cada persona expusiera y escuchara alegatos, se logró llegar a una serie de acuerdos que constan en un acta firmada por todos los presentes en la mediación. En relación con eso, los funcionarios les explicaron a los implicados que si alguno procedía a faltar a los compromisos, el caso sería remitido al Ministerio Público.

Convenios

El coordinador de la Sala de Mediación y Resolución de Conflictos indicó que las dos partes se comprometieron a no agredirse de manera verbal ni psicológica. Igualmente convinieron que no existiría algún tipo de hostigamiento o persecución entre ellas, y que tampoco involucrarían a terceras personas en el problema ya conciliado.

De igual forma, la inquilina manifestó, voluntariamente, que no daría acceso a personas ajenas a la vivienda. Mientras que su arrendadora declaró que pagaría la mitad del dinero que se gastó la joven en las reparaciones del hogar; el monto sería cancelado en tres cuotas y una vez que se desalojara el anexo.

A su vez, los funcionarios aseguraron que harían el respectivo seguimiento al caso. Esto les permitió percatarse, posterior al encuentro, que los acuerdos no se cumplieron.Morales indicó que la solicitante no pago el monto acordado durante la conciliación porque, si bien se habían hecho arreglos al hogar, la inquilina también le provocó varios daños.

Ante la situación, el caso fue remitido Fiscalía Municipal Primera del municipio Libertador, ubicada en la avenida Nueva Granada de la parroquia Santa Rosalía.

Normativa

La Ordenanza para la Convivencia Ciudadana, el Civismo y la Justicia de Paz Comunal del municipio Libertador de Caracas señala en su artículo 4 que los efectivos del Cpnb son una de las autoridades competentes para lograr su cumplimiento.

En ese aspecto, en el artículo 56 manifiesta que los funcionarios señalados en el ante expuesto aplicarán fórmulas alternativas para la resolución de conflictos, tales como la negociación, el arbitraje, la mediación, conciliación o transacción, suscribiendo para ello las actas conciliatorias correspondientes.

Además, en el 58 apunta que quien incumpla o viole el acuerdo establecido como fórmula alternativa a la resolución del conflicto será sancionado con una multa equivalente al pago en bolívares de 70 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor fijada por el Banco Central de Venezuela o la realización de un trabajo comunitario.

Ordenanza y pago de multas

La Ordenanza para la Convivencia Ciudadana, el Civismo y la Justicia de Paz Comunal del Municipio Libertador, Caracas, señala en el artículo 61 el lapso que tienen los infractores para cancelar las multas establecidas por las autoridades competentes.

Refiere que una vez impuesta la sanción, dispondrán de 15 días hábiles para pagar el monto en los bancos designados por el Instituto Autónomo de Policía local.

En ese sentido, si el infractor paga dentro de los cinco días siguiente a la imposición, recibirá 20% de descuento sobre la suma total.

Igualmente, indica que, de exceder el tiempo estipulado, la persona podrá transigir un convenio de pago ante la Oficina Municipal para la Convivencia, Civismo y Paz.

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