Todo el mundo sabe que Estados Unidos mantiene una política de “sanciones” y bloqueo económico contra Venezuela, que desde los tiempos de Donald Trump ellos mismos llamaron “estrategia de máxima presión”. El gobierno de Washington, sea demócrata o republicano, no esconde que su intención con esto es lograr un “cambio de régimen”, es decir, obligar al presidente Nicolás Maduro a abandonar el poder por la fuerza. Todo esto está claro como el agua.
Ahora bien, ¿cuál es el efecto de estas sanciones, que en el derecho internacional se conocen como “medidas coercitivas unilaterales”? Hay quienes mantienen que las medidas tomadas por Washington no afectan a la población sino solo a funcionaros del Gobierno. Y en esto se basa el apoyo decidido de políticos venezolanos a esta estrategia estadounidense. A este discurso han contribuido muchos medios de comunicación que reproducen esta opinión, tanto dentro como fuera del país.
Por eso decidimos consultar a las lectoras y lectores de Últimas Noticias para medir cómo percibe la población el efecto de las sanciones. Desde el lunes 19 y hasta el jueves 22 de abril, difundimos un sondeo digital en nuestro sitio web wwww.ultimasnoticias.com.ve y cuentas de redes sociales con la siguiente pregunta:
“¿Cómo afectan a los venezolanos las sanciones y el bloqueo impuestos por EEUU?”
Las opciones de respuesta fueron: – Afectan a todos – Afectan a algunos – No afectan a nadie. La intención es recoger, a grandes rasgos, de qué manera entiende la gente común el impacto que ha tenido esta presión sobre Venezuela.
¿Qué dice la gente?
El resultado obtenido fue este:
De un total de 3.001observaciones, 85,9% respondió que las sanciones “afectan a todos”; 9,3% piensa que “afectan a algunos”; y 4,8% afirma que “no afectan a nadie”.
Podemos afirmar que casi 9 personas de cada 10 entiende o percibe que las sanciones y el bloqueo tienen un impacto real en toda la población. Casi el 10% de la gente sostiene la idea de que, si bien existe este impacto, el mismo solo rece en algunas personas y no es una cosa general. Mientras que una pequeña minoría, menos de 5%, no cree que haya ningún efecto sobre la población.
Si agrupamos el resultado entre las afirmaciones positivas y la negativa, obtenemos que la proporción crece de la siguiente manera: más de 95% reconoce que las sanciones tienen efectos sobre la población, sea sobre todos o sobre algunos; mientras que menos de 5% niega cualquier efecto.
En cuanto a números absolutos, tenemos que de los tres millares de observaciones recogidas: 2.587 respuestas correspondieron a la opción de que las sanciones afectan a todos, mientras que 278 participaciones se inclinaron por la opción de que afectan nada más que a algunos y solo 145 opiniones defienden la idea de que las sanciones no afectan a nadie.
Discurso Vs realidad
El mes pasado, el viceministro de Política Antibloqueo, William Castillo, explicaba en un foro que se ha construido una narrativa con cinco ejes principales, cuya intención es visibilizar el hecho de que el bloqueo ha devastado las capacidades económicas de nuestro país. Los llamó los “Cinco mitos sobre el bloqueo a Venezuela”:
Mito 1: “Las sanciones no existen”
Mito 2: “Son solo contra funcionarios y no afectan al pueblo”
Mito 3: “El país ya andaba muy mal antes de las sanciones”
Mito 4: “Las sanciones no son responsables de la crisis, sino la corrupción”
Mito 5: “EEUU levantaría las sanciones si hay ‘elecciones justas, libres y competitivas’”. Sin embargo, la realidad ha superado el discurso encubridor. Nuestros resultados lo confirman. Pero no se trata solo de las lectoras y lectores de Últimas Noticias. Como coincidencia, esta semana se difundió parte de una encuesta realizada por la firma consultora Datanalisis, que inquiría sobre la misma cuestión. Veamos la gráfica:
El economista Francisco Rodríguez publicó este resultado en su cuenta de Twitter y lo describió así: “Cuatro de cinco venezolanos piensa que las sanciones han tenido un impacto negativo e importante sobre la vida de la gente. Más de la mitad piensa que ese impacto ha sido muy negativo. Menos del 5 por ciento dice que no han tenido ningún impacto”.
Cuatro de cinco venezolanos piensa que las sanciones han tenido un impacto negativo e importante sobre la vida de la gente. Más de la mitad piensa que ese impacto ha sido muy negativo. Menos del 5 por ciento dice que no han tenido ningún impacto. pic.twitter.com/n28Tnvzoh0
— Francisco Rodríguez (@frrodriguezc) April 21, 2021
Sus resultados coinciden con los nuestros. Más de 90% de los venezolanos opinan que las sanciones tienen impacto sobre la población. Y llama la atención que ambos sondeos muestran exactamente el mismo resultado sobre la afirmación negativa: quienes niegan el impacto de las sanciones representan 4,8% de la población.
El impacto es real
La gente tiene razón al afirmar que las sanciones y el bloque afectan a toda la población.
El canciller Jorge Arreaza dijo en una entrevista recientemente que “si Venezuela no tuviera sus recursos bloqueados [en el extranjero], hubiésemos comprado hace tres meses los 30 millones de vacunas que le hacen falta al país”. El bloqueo y el robo de recursos a Venezuela a través de las llamadas “sanciones” es algo muy real y este es solo un ejemplo del resultado.
La economista Pasqualina Curcio calcula el impacto de las sanciones, solo entre los años 2016 y 2019, en US$ 194 mil millones. Explica que eso equivale a aproximadamente 16 meses de producción nacional y que con ese dinero hubiésemos podido pagar la deuda externa completa que según el BCV es de US$ 110 mil millones. También afirma que ese dinero serviría para importar alimentos y medicamentos durante 45 años. En el artículo “Impacto de la guerra económica en Venezuela”, publicado en este diario, la profesora Curcio detalla:
“Estas pérdidas están desagregadas de la siguiente manera: US$ 25 mil millones corresponden al dinero y activos que nos han sido saqueados, mientras que los otros US$ 169 mil millones representan lo que hemos dejado de producir desde el 2016 hasta el 2019 como consecuencia del ataque contra PDVSA (US$ 64 mil millones) y del ataque al bolívar (US$ 105 mil millones)”.
Pero no se trata solo de una visión interna. En 2019, el Center for Economic and Policy Research (CEPR), un respetado instituto de investigación con sede en Washington, EEUU, publicó un reporte firmado por los economistas Mark Weisbrot y Jeffrey Sachs titulado “Sanciones económicas como castigo colectivo: El caso de Venezuela”. (Disponible en su sitio web cepr.net)
Allí estos académicos hacen un recuento de los distintos momentos en que EEUU impuso sanciones a Venezuela y su respectivo impacto, que ellos definen como un “castigo” a la población con la intención de colapsar la economía del país, para que eso a su vez provoque el “cambio de régimen”. Destacan que l Orden Ejecutiva firmada por Trump en agosto de 2017, que prohibió al Gobierno venezolano pedir préstamos en los mercados financieros de Estados Unidos, perjudicaron gravemente la producción de petróleo en Venezuela. Dice el informe:
“Tras la orden ejecutiva de agosto de 2017, la producción de petróleo se desplomó, cayendo en más del triple de la tasa de los veinte meses anteriores. Esto sería consecuencia de la pérdida de crédito y, por lo tanto, de la incapacidad de costear el mantenimiento y las operaciones, así como realizar las nuevas inversiones necesarias para mantener los niveles de producción. Esta aceleración en la tasa de disminución de la producción de petróleo implicaría una pérdida de $6 mil millones en ingresos petroleros para el año siguiente”.
Señalan además que “la pérdida de tantos miles de millones de dólares en divisas y la pérdida en ingresos del Gobierno constituyeran el principal empujón que llevó a la economía a pasar de su alta inflación, cuando se implementaron las sanciones en agosto de 2017, a la hiperinflación”.
Los Derechos Humanos
Incluso la Organización de Naciones Unidas (ONU) ha señalado el impacto que las sanciones y el bloque tiene sobre la población venezolana. El 23 de marzo el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución que condena estas medidas.
Además, en febrero vino al país una Relatora Especial de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Alena Douhan, quien elaboró y publicó un informe que luego será ampliado y presentado ante el Consejo de DDHH en septiembre de este año. Allí, Douhan describe cómo funcionan las sanciones:
“Los activos venezolanos congelados en bancos de Estados Unidos, Reino Unido y Portugal ascienden a 6.000 millones de dólares. Se informa de que la compra de bienes y los pagos de las empresas públicas están bloqueados o congelados. El sector privado, las organizaciones no gubernamentales, las universidades, los clubes deportivos y los ciudadanos de Venezuela denuncian el rechazo o la reticencia de los bancos extranjeros a abrir o mantener sus cuentas bancarias, incluidas las de los bancos corresponsales en Estados Unidos y Europa; las dificultades para obtener visados y comprar billetes; la necesidad de actuar a través de agentes de terceros países; y la necesidad de pagar costes de seguro adicionales”.
Describe también la situación que vivimos los venezolanos como consecuencia de las medidas dictadas por Washington:
“Han provocado el crecimiento constante de la malnutrición en los últimos 6 años, con más de 2,5 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria grave. Los mecanismos para hacer frente a esta situación incluyen la disminución del número de comidas al día (1 o 2 en lugar de 3); la reducción de la cantidad y la calidad de los alimentos; la descapitalización/venta de los bienes del hogar para comer; y la reducción de los gastos en salud, ropa y educación; con un aumento correlativo de las crisis familiares, las tensiones, la violencia y las separaciones; el trabajo infantil; la participación en la economía sumergida; la actividad delictiva, incluido el tráfico de drogas y de personas; el trabajo forzoso; y la migración”.
Los venezolanos precisamos entender que la situación de asedio que vive nuestro país por parte de la primera potencia económica y militar del mundo no solo tiene graves efectos reales, como lo percibe la mayoría de la gente, sino que se trata de una perversa operación para someter a la población hasta lograr expulsar a un gobierno que no se ajusta a sus intereses.
El estadounidense Mark Weisbrot explicaba este comportamiento de su propio país en un artículo de 2019 publicado en el sitio web cepr.net:
“Después de que los sandinistas triunfaran en 1979, Estados Unidos emprendió una guerra sangrienta para recuperar el país usando una fuerza paramilitar terrorista llamada los contras, quienes regularmente asesinaban a civiles. El presidente George H.W. Bush dejó claro durante la segunda elección de los sandinistas en 1990 que, aunque él no era Dios, continuaría castigando a los nicaragüenses con un embargo comercial y una guerra, si no se deshacían de los sandinistas. Cansados de la guerra, la hiperinflación y el colapso económico, los nicaragüenses votaron a favor de la oposición: los sandinistas perdieron”. Tanto Obama, como Trump y ahora Joe Biden, están aplicando una estrategia tan vieja como deplorable. Y no se trata de aplicar “máxima presión” solo al Gobierno. Esa presión la sufre la economía del país y toda la población. Y es evidente que ese hecho lo tenemos claro todas y todos los venezolanos.
Twitter: @angelgonzalezvn
