Parlamentarias 2020 | Luis Britto García

El sistema electoral venezolano es, según declaró Jimmy Carter, quizá el más perfecto del mundo.

Casi no hay año en que no  se efectúe por lo menos una justa electoral. Desde 1998  hasta la fecha, van 25 consultas populares.

Es un sistema automatizado y diáfano. Opera ante testigos de todas las tendencias y observadores o más bien acompañantes del exterior.

Los resultados son instantáneos, sin las bochornosas esperas de otros países,  incubadoras de conjeturas y autoproclamaciones.

El sistema no está arreglado por el gobierno. Éste ha sufrido duras derrotas: en un referendo constitucional, en elecciones para autoridades de importantes estados como el Zulia, o como Miranda, que abarca casi la mitad de la ciudad capital, o en las de la Asamblea Nacional Legislativa de 2015.

Un sistema tramposo no hubiera revelado estas derrotas; un gobierno cómplice no las hubiera aceptado en forma inmediata.

La oposición ha alegado fraude en todas las elecciones que perdió; nunca ha aportado pruebas. La actual Asamblea Nacional Legislativa fue electa  por el mismo sistema electoral que cuestionan­; de ser éste fraudulento, sus designaciones serían también ilegítimas.

Este sistema electoral que juzgo confiable ha verificado las victorias electorales del bolivarianismo y sus aliados; pero también ha proclamado los triunfos de la oposición.

Ésta lo ha probado todo sin resultados: del golpe de Estado al sabotaje petrolero; de la oleada terrorista al intento de magnicidio, del linchamiento mediático a la conjura internacional, pasando por la invasión paramilitar y el montaje de gobiernos paralelos elegidos por nadie.

Lo único que  ha reportado resultados a los opositores ha sido el sistema electoral al cual deben sus cargos representativos y la consagración electoral de sus liderazgos los mismos que lo denuncian y lo adversan.

Hasta la oposición más radical reconoce implícitamente y a regañadientes la validez de estos resultados, como lo evidencia la instantánea extinción de terrorismo de calle y gamberrismo guarimbero en cuanto el CNE anunció en 2017 que 8.089.320 venezolanos habían votado por la Asamblea Nacional Constituyente.

Miles de argumentos se pueden alegar contra  la voluntad popular así manifestada; mientras se adhiera formalmente al sistema democrático, cabe respetarla.

Reconocer sólo las elecciones que se ganan es  fraudulento. Lleva a una confrontación en el terreno de los hechos cuyos resultados hay que medir antes de emprenderla.

En más de una oportunidad el bolivarianismo y sus aliados han dispuesto de abrumadoras mayorías que les hubieran permitido imponerse dejando de lado la consulta popular sistemática. Nunca han cedido a la tentación de eliminar gracias a ellas a los restantes actores del juego político.

La vía electoral ha sido y es la única por la cual la oposición llegó y puede llegar a ocupar posiciones. No sólo han fallado todos y cada uno de sus intentos de asaltar el poder por la vía de los hechos: de obtenerlo en tal forma, tampoco le sería posible mantenerlo.

Quien no haya aprendido la lección del 13 de febrero de 2002 es incapaz de aprender y por tanto de manejarse en política. Cualquier nueva tentativa violenta  podría ser repelida por una violencia proporcional e irresistible, lo cual no ha sucedido pero podría  suceder.

 El único camino hacia un poder opositor estable es la legitimación electoral en los mismos términos que la del bolivarianismo. Lo que significa hacerlo sin designar a la OEA o al Comando Sur como Gran Elector y supremo árbitro de los resultados. Este último procedimiento  fue probado en Venezuela en 2002 y en Bolivia en 2019 y ya hemos visto lo que resultó.

Ensayemos todavía otra hipótesis. Los masivos respaldos electorales al progresismo quizá sean asimismo el escudo que ha impedido que en Venezuela lloviznen bombas como en Irak o Libia. El potencial veto de Rusia y China en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas puede tener algún valor, pero ese apoyo no se manifestó para impedir el interminable holocausto de los pueblos irakí, libio y sirio.

Por más que nuestros enemigos foráneos finjan descreer de nuestros comicios, jamás se han atrevido a desmentirlos por la violencia frontal y descarada. Se han limitado a tentativas patéticas de tirar la piedra y esconder la mano, paradas ridículas, ofensivas de chismes,  malandrerías de guapos de barrio, globos de ensayo reventados antes de ascender.  El adversario sabe que una agresión abierta encontraría una resistencia mayoritaria, dura y sistemática, lo que hasta ahora lo ha confinado en el corralito de la amenaza y la bravata.

Sólo hay una manera de que el sistema electoral venezolano no exprese la voluntad del pueblo: la abstención. Ante un electorado ausente,  minorías de uno u otro signo ascenderían al poder, dejando abiertas insolubles incógnitas sobre la legitimación de los favorecidos por los sufragios y sus efectivos recursos para gobernar.

Por hablar desde el punto de vista del progresismo, las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015 no fueron decididas por la oposición, cuyo caudal de votos sólo aumentó en un moderado 4%, sino por bolivarianos que se abstuvieron, por desidia, por cansancio ante los sacrificios impuestos por el bloqueo, quizá por protesta ante algunos escándalos de corrupción impune o las fantochadas de diputados que se fingieron bolivarianos para legislar como neoliberales. Todavía lo estamos pagando.

Se dice que quien calla otorga. De ninguna manera este silencio abstencionista fue traducible como licencia para el latrocinio de los bienes de Venezuela en el exterior; el sistemático sabotaje de la economía, el criminal bloqueo de suministros de alimentos, medicinas y repuestos para mantener los servicios públicos, la asfixia económica, financiera y sanitaria; la aclamación de un falso presidente elegido por nadie y votado por ninguno, la incursión de la Planta Insolente del Mercenario Extranjero en el suelo sagrado de la Patria.

La abstención castigo autocastiga. No lleva a nada a bolivarianos ni a opositores.

Votemos.

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