CIDH confirma que Colombia usó fuerza letal contra manifestantes

La policía colombiana tiene mando militar trata al pueblo que protesta como el enemigo interno. Foto Archivo

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) confirmó que el Estado colombiano procedió de manera poco apropiada a las protestas sociales que comenzaron el pasado 28 de abril y su actuación «se caracterizó por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza y que en muchos casos la actuación incluyó la fuerza letal».

Así lo determinó la CIDH en el informe presentado este miércoles sobre la visita que representantes de ese organismo hicieron en junio pasado al país, para revisar numerosas denuncias de violencia policial y civil que dejó decenas de muertos y miles de heridos durante las manifestaciones.

«La Comisión Interamericana recibió información sobre el uso desproporcionado de la fuerza, la violencia basada en género, con base en la discriminación étnico-racial, contra periodistas, contra misiones médicas; irregularidad en los traslados por protección, denuncias de desaparición, el uso de la asistencia militar de manera inadecuada», resumió la presidenta de la CIDH, Antonia Urrejola, en una rueda de prensa.

El documento presentado hoy, que contiene 40 recomendaciones al Estado colombiano, recoge múltiples hechos de violencia especialmente contra el derecho a la vida y la integridad personal, y en él advierte sobre la disparidad en las cifras de víctimas mortales, que según dijo Urrejola, la sociedad civil eleva a 84 personas.

Violaciones continuadas a los DDHH

Colombia es un país en el que el respeto a los derechos humanos está en tela de juicio desde hace décadas. Sobre todo, en lo demostrado durante los gobiernos de Álvaro Uribe en los que surgió la práctica de los “falsos positivos”, por los que se ha imputado a diez militares y un civil por el asesinato de al menos 120 personas.

Pero en las protestas contra el Gobierno de Duque, la violación a los derechos fundamentales sigue ocurriendo de manera continuada.

La CIDH manifestó su preocupación por el alto número de denuncias de desaparición durante las manifestaciones en las que fueron detenidas más de 7.000 personas a través de la figura del traslado por protección.

En ese sentido, el informe recopila graves testimonios por «tratos crueles, inhumanos y degradantes que podrían configurar tortura» y que habrían ocurrido durante esas detenciones.

La CIDH también recibió información de la Defensoría del Pueblo según la cual hubo 112 hechos de violencia basada en género y orientación sexual por parte de la fuerza pública, así como ataques sexuales contra mujeres, entre las que aparecen una policía y una periodista.

«Para la CIDH, la violencia de género perpetrada por agentes del Estado es un mecanismo de represión contra mujeres, niñas y personas LGBTI», agregó Urrejola.

La Comisión destacó las denuncias de violencia contra periodistas y medios de comunicación y de limitaciones a su labor informativa, así como agresiones a misiones médicas que pusieron en riesgo al personal de salud y manifestantes heridos.

Por esas violaciones, recomendó al Estado colombiano separar a la Policía y a su Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) del Ministerio de Defensa para «garantizar una estructura que consolide y preserve la seguridad con un enfoque ciudadano y de derechos humanos», evitando así cualquier perspectiva militar.

Duque responde

El presidente Iván Duque respondió en declaraciones a medios que nadie puede recomendar a un país ser tolerante con la criminalidad y anunció que la Policía seguirá siendo parte del Ministerio de Defensa porque así es como mantiene una coordinación con todas las fuerzas y puede cumplir labores humanitarias y de protección.

Por su parte, la Cancillería de Colombia informó que el Gobierno coincide con algunas de las observaciones de la CIDH, pero se aparta de otras como la instalación de un mecanismo especial de seguimiento a los derechos humanos en el país, porque el Estado «cuenta con una institucionalidad robusta y sólida, cimentada en principios democráticos».

Igualmente, aclaró que no es política del Estado colombiano utilizar sus instituciones para encubrir actos como la tortura o las desapariciones, y reiteró que en la medida en que sean recibidas denuncias formales las autoridades deberán sancionar a los responsables y reparar a las víctimas.

Con información de EFE

 

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