InicioMundoColombia deporta a líder social argentino y desata indignación

Colombia deporta a líder social argentino y desata indignación

Las autoridades migratorias de Colombia no admitieron este martes al líder social argentino Juan Grabois cuando intentaba ingresar al país junto a otros miembros de organizaciones sociales que integran una misión internacional para verificar las violaciones de derechos humanos durante las protestas.

El activista afirmó en Twitter que «luego de una serie de agresiones físicas registradas por numerosos testigos y cámaras de seguridad, el Gobierno colombiano me expulsa de su territorio por considerarme un ‘riesgo para la seguridad de Estado'».

Grabois, abogado, docente universitario y militante del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) de Argentina, explicó que le retuvieron la documentación y el equipaje hasta que le embarcaron en un vuelo a Lima.

Migración Colombia detalló en un comunicado que Grabois fue el único miembro de la delegación de 20 personas a la que no se autorizó a ingresar a Colombia después de negarse «a que se le realizara una verificación a sus documentos, luego de que el sistema arrojara una alerta por vencimiento de su pasaporte».

María Elena Navarro, una de las compañeras de Grabois en la Misión Internacional de Solidaridad y Observación de Derechos Humanos, expresó en un video que «es una clara decisión del Gobierno nacional de impedir el trabajo de veeduría internacional que viene a hacer esta delegación».

La Misión, integrada por una decena de organizaciones sociales argentinas, llegó hoy al aeropuerto de El Dorado, en Bogotá, para «acreditar, relevar y visibilizar la situación» de derechos humanos en el marco de las protestas que se producen en Colombia desde el 28 de enero y donde se ha denunciado un uso desmedido de la fuerza por parte de la Policía.

Gobierno argentino rechaza la decisión

El canciller argentino, Felipe Solá, criticó este miércoles que se rechazara la entrada en Colombia del líder social argentino Juan Grabois, que integra una misión internacional para verificar las violaciones de derechos humanos durante las protestas en ese país.

«Lamento que autoridades migratorias de Colombia hayan impedido el ingreso del ciudadano argentino y miembro del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral de la Santa Sede @JuanGrabois, que integraba la delegación de observadores de derechos humanos @misionIntCol», escribió Solá en Twitter.

Las protestas en Colombia se han cobrado 42 víctimas mortales, según los reportes que han llegado a la Defensoría del Pueblo, mientras que organizaciones sociales como Temblores y el Instituto de Estudios para la Paz (Indepaz) contabilizan 43 víctimas de violencia homicida presuntamente por la Policía.

Además, se han reportado abusos sexuales tanto a manifestantes como a una agente de la Policía, y las autoridades siguen buscando a 129 personas que fueron reportadas como desaparecidas.

EEUU brinda su apoyo a Duque

 Estados Unidos expresó este miércoles su apoyo al Gobierno del presidente de Colombia, Iván Duque, presionado por las manifestaciones que se registran desde hace casi un mes en distintas ciudades de ese país, y pidió investigar las denuncias de violencia por parte de las fuerzas de seguridad.

«El mensaje que dejamos fue uno claro de apoyo a Colombia y al pueblo colombiano», declaró a periodistas Juan González, el principal asesor del presidente estadounidense, Joe Biden, para Latinoamérica, al término de su reunión en Washington con la vicepresidenta y canciller colombiana, Marta Lucía Ramírez.

González, quien es además el director sénior del Consejo de Seguridad Nacional para el hemisferio occidental, respaldó la protesta pacífica como un «derecho fundamental», pero se pronunció en contra de «la violencia y el vandalismo», que pidió investigar.

Además, indicó que cualquier denuncia de violencia por parte de las fuerzas de seguridad deber ser «investigado de una forma concreta y contundente».

El respaldo norteamericano al Gobierno de Duque se produce sin medir la responsabilidad de sus funcionarios en la violación de DDHH, situación de la que los han acusado diferentes organizaciones locales y foráneas que se encuentran haciendo seguimiento a las protestas y a las denuncias sobre excesos policiales.

Con información de agencias