La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, la chilena Michelle Bachelet, calificó hoy de “extremadamente alarmante” el espionaje a periodistas, activistas y políticos mediante el software israelí Pegasus, y pidió un uso muy limitado de este tipo de tecnología de vigilancia.
Las denuncias sobre el extendido uso de este software “parecen confirmar los peores temores acerca del abuso de tecnologías de vigilancia para minar los derechos humanos de la gente de manera ilegal”, subrayó Bachelet en un comunicado.
La expresidenta chilena añadió que este tipo de medidas de control “sólo están justificadas en circunstancias muy definidas”, que según Bachelet no se habrían tenido en cuenta en el caso del software Pegasus.
La alta comisionada recordó que ya en el pasado el uso de este tipo de tecnologías ha servido para “detener, intimidar e incluso asesinar” a periodistas y activistas de derechos humanos, colectivos que “juegan un papel indispensable en nuestras sociedades”.
La responsable de derechos humanos añadió que las compañías responsables de este tipo de tecnologías “deben tomar medidas para mitigar y remediar el daño que sus productos han causado”.
Las denuncias del uso de Pegasus, concluyó, “confirman la urgente necesidad de regular la venta, transferencia y uso de este tipo de tecnología de vigilancia”, cuya utilización por parte de los Estados, añadió, también debe evitarse cuando mine las libertades fundamentales.
Periodistas y activistas políticos en la mira
Los medios buscaron quiénes estaban tras esos números y encontraron a 189 periodistas, a 65 altos cargos de empresas, a 85 activistas de derechos humanos y a más de 600 políticos y funcionarios gubernamentales, incluidos jefes de Estado y de Gobierno, ministros y diplomáticos.
Al menos 37 de esos números fueron infiltrados, entre ellos periodistas y activistas de derechos humanos, así como la primera esposa y la prometida del periodista saudí Jamal Khashoggi, asesinado en 2018 en el consulado de su país en Estambul.
“Es imposible saber si un número de teléfono específico que aparece en la lista se vio comprometido con éxito sin analizar el dispositivo”, explicó hoy Forbidden Stories, aunque señaló que se ha podido constatar la “infección” en al menos una docena de móviles de periodistas.
El programa espía de la empresa israelí NSO Group se utilizó para “facilitar la comisión de violaciones de derechos humanos a gran escala en todo el mundo”, aseguró Amnistía Internacional.
NSO rechazó hoy divulgar la lista de sus clientes, consideró que la investigación es “endeble” y recalcó su argumento de que su tecnología ayuda a combatir el terrorismo y el crimen organizado.
México con las mayores cifras
El análisis evidencia que la mayor cantidad de números de la lista corresponde a México (15.000), y que pertenecían sobre todo a periodistas, sindicalistas y políticos.
Entre ellos destaca el caso de Cecilio Pineda, un periodista que fue asesinado en 2017 unas semanas después de que su número de teléfono fuera incluido en la lista.
La divulgación generó reacciones de indignación en gobiernos y organizaciones occidentales, mientras que los países nombrados como clientes intentaron restarle importancia o negar las informaciones.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, consideró “absolutamente inaceptable” el uso de esa herramienta tal como se ha denunciado, ya que “está en contradicción con cualquier regla de la Unión Europea”.
Unos mil franceses (periodistas y abogados entre ellos) habrían sido objeto del espionaje por parte de Marruecos, que habría enviado para su control unos 10.000 números de teléfono en total, según la emisora pública France Info, que forma parte del consorcio que divulgó las revelaciones.
Se trata de hechos “extremadamente chocantes”, afirmó el portavoz del Gobierno francés, Gabriel Attal. Varios periodistas franceses presuntamente espiados anunciaron que presentarán denuncias ante la Justicia de su país.
El Gobierno marroquí rechazó “categóricamente las acusaciones mentirosas y desprovistas de fundamento”, en un comunicado divulgado hoy.
El diario francés “Le Monde”, otro de los medios que participó en la investigación, señala que uno de los periodistas presuntamente espiados es el español Ignacio Cembrero, especialista en el Magreb, y quien les declaró que “no estaba sorprendido”, ya que en junio un diario marroquí publicó informaciones a partir de una conversación por WhattsApp con dos personas de la que no había hablado a nadie.
Por su parte, el Ejecutivo indio calificó de “sensacionalistas” las informaciones sobre el uso abusivo de Pegasus, aunque la oposición política le acusó de “traición”.
La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF), con sede en París, pidió que los gobiernos de países democráticos emprendan medidas ante la Justicia por el espionaje a periodistas y dijo que ella misma se sumaría a las iniciativas legales que puedan iniciarse.
“Le Monde” denunció en un editorial que “no son los grupos terroristas o criminales los que aparecen principalmente en la lista” de objetivos de Pegasus.
Se trata -añadió- de periodistas, abogados, defensores de los derechos humanos, opositores políticos y hasta médicos, todos protegidos en teoría por convenciones internacionales.
“Le Monde” insistió en que, por mucho que algunos gobiernos aseguren que usarán los métodos excepcionales de vigilancia de forma muy controlada, “en materia de cibervigilancia, el abuso es la regla y no la excepción”.
Con información de agencias
