InicioMundoFiscalía salvadoreña anula convenio con la OEA por injerencia de Almagro

Fiscalía salvadoreña anula convenio con la OEA por injerencia de Almagro

El fiscal general de El Salvador, Rodolfo Delgado, anunció este viernes que pone fin al convenio que mantenía con una comisión contra la corrupción y la impunidad de la OEA porque el secretario general del organismo, Luis Almagro, nombró como asesor a Ernesto Muyshondt, exalcalde de San Salvador que afronta un proceso penal por corrupción en el país centroamericano.

«He decidido que voy a dar por terminado el convenio de cooperación con la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES)», señaló Delgado en una declaración a la prensa.

La decisión de la Fiscalía se anuncia después de que el jueves el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, anunciara mediante su cuenta de Twitter que el exalcalde de la capital salvadoreña se unía como «asesor a la Secretaría General», algo que las instituciones salvadoreñas consideran una intromisión en asuntos internos.

«Como Fiscalía no podemos recibir apoyo técnico de una entidad que va a estar asesorada por una persona que negoció con la vida de los salvadoreños a cambio de beneficios electorales», sostuvo Delgado.

«Aquí estamos abiertos a trabajar con la comunidad internacional y recibir apoyo para el combate a la impunidad, pero no es posible recibir este tipo de apoyos por parte de una organización que ahora tiene la asesoría de un delincuente», sostuvo Delgado, que señaló que Muyshondt «es un delincuente confeso».

Delgado señaló que el nombramiento de Muyshondt como asesor de la secretaría general de la OEA fue una noticia que «sorprendió a todos».

El exalcalde de San Salvador enfrenta un proceso penal desde febrero de 2020. La Fiscalía General acusa a Muyshondt de reunirse con líderes pandilleros antes de las elecciones presidenciales de 2014 para negociar, presuntamente mediante el pago de dinero, el voto de esos grupos delictivos en los comicios.

Muyshondt, que fue alcalde de San Salvador entre 2018 y 2021, siempre ha negado haber negociado con esos grupos criminales.

Pese a ello, este viernes un juzgado de San Salvador que ventila su caso ordenó su arresto domiciliario por los delitos de fraude electoral y negociaciones ilícitas, explicó a la AFP un portavoz de los tribunales.

El juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador también prohibió al exalcalde salir del país sin antes que lo autorice el juzgado y deberá portar un brazalete electrónico de localización.

La CICIES fue instalada en septiembre de 2019 a pedido del gobierno del presidente Nayib Bukele con ayuda de la Organización de Estados Americanos (OEA) y daba asistencia técnica a la fiscalía en investigaciones sobre corrupción.

El comisionado de la CICIES, Ronalth Ochaeta, declaró en abril pasado que la comisión ha brindado desde su instalación 25 asistencias técnicas a la fiscalía salvadoreña.

Delgado explicó que enviará a la OEA «la correspondecia pertinente» para que en un plazo de 30 días «cese todo tipo de cooperación».

EEUU lamenta decisión

La embajada de Estados Unidos en El Salvador publicó en su cuenta de Twitter un mensaje relacionado con la Cicies, pero en este hace referencia a una «decisión del Gobierno» y no de la Fiscalía.

«Lamentamos la decisión del Gobierno de cerrar su cooperación con la @OEA_CICIES (Cicies). La lucha contra la corrupción es esencial y fundamental. Vamos a seguir buscando la forma de reducir y combatir la corrupción e impunidad», dice la publicación.

Hasta el momento no se ha informado si el Ejecutivo de Bukele ha decidido cerrar o no la Cicies, cuya creación fue una de sus principales promesas para llegar al Gobierno en 2019.

Delgado también anunció en su conferencia que pedirá a la Cancillería y al Gobierno anular el convenio que dio vida a la Cicies.

El comisionado de la Cicies, Ronalth Ochaeta, señaló en abril pasado que han dado 25 asistencias a la Fiscalía, entre estas 12 «avisos de posibles ilícitos de corrupción en cinco carteras del Estado».

Dichos avisos dieron pie en noviembre de 2020 a una serie de allanamientos a diferentes instancias del Gobierno de Bukele como parte de las investigaciones por el supuesto uso irregular de fondos destinados a la atención de la pandemia.

Con información de agencias