Juan Carlos I quiso ponerse al día con Hacienda y despierta sospechas

Foto Referencial Archivo

El rey emérito de España, Juan Carlos I, abonó este miércoles a la Hacienda española 678.393,72 euros, incluyendo intereses y recargos. Se trata de una declaración tributaria “sin requerimiento previo” de la que ha resultado una deuda, ya satisfecha, señala en un comunicado el abogado de Juan Carlos de Borbón, Javier Sánchez-Junco.

En el comunicado Sánchez-Junco añade que en cualquier caso Juan Carlos I continúa, “como siempre ha estado”, a disposición del Ministerio Fiscal español “para cualquier trámite o actuación que considere oportunos”. Pese a ello, se fue del país en agosto en medio de una fuerte controversia.

El pasado domingo, el diario español “El País” informó de que el rey emérito de España tenía previsto presentar en Hacienda esta declaración voluntaria para regularizar su situación tributaria.

La declaración, según este periódico, no está relacionada con bienes en el extranjero, sino con el uso por parte de Juan Carlos I y algunos familiares suyos de tarjetas bancarias con fondos opacos de un empresario mexicano que está siendo investigado por la Fiscalía del Tribunal Supremo español.

Según ese diario, el uso de esas cuentas tuvo lugar entre los años 2016 y 2018, cuando Juan Carlos de Borbón ya había abdicado en su hijo, Felipe VI, actual monarca español, y perdido la inviolabilidad.

Oportuna regularización

Este mismo miércoles, la portavoz del Gobierno español, María Jesús Montero, eludió comentar la posibilidad de que el rey emérito fuera a regularizar su situación fiscal debido a que se trata de información reservada sobre un contribuyente y se remitía a la Casa real sobre cualquier asunto relacionado con el rey emérito.

“El Gobierno seguirá trabajando para que todos los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales procedan de donde procedan y vivan donde vivan”, añadió Montero en rueda de prensa.

La regularización voluntaria en España puede presentarse en cualquier momento antes de que la Agencia Tributaria abra una inspección o un juez cite a declarar como investigado por presunto fraude fiscal o blanqueo de capitales.

El rey emérito salió de España el pasado mes de agosto y reside desde entonces en Emiratos Árabes Unidos como huésped del jeque Mohamed Bin Zayed, príncipe heredero de Abu Dabi.

La Fiscalía del Tribunal Supremo español investigaba por estos hechos al rey Juan Carlos I, además de por un presunto blanqueo de capitales, tras recibir un informe del organismo público encargado de supervisar y prevenir este tipo de delitos.

El rey emérito está siendo investigado también por el posible cobro de comisiones por las obras del tren de alta velocidad (AVE) a La Meca (Arabia Saudí). Juan Carlos I (1938) abdicó en junio de 2014 a favor de su hijo, Felipe VI, y desde ese momento perdió la inviolabilidad que le reconocía la Constitución como jefe de Estado.

El rey emérito anunció el pasado agosto que se trasladaba a vivir fuera de España, tras meses de deterioro de su imagen por una cascada de informaciones negativas sobre posibles negocios oscuros por su parte, después de haber disfrutado durante años de gran prestigio en la sociedad española, y días después la Casa Real informó de que se encontraba en los Emiratos Árabes Unidos.

La nueva jugada de su majestad

Con esta medida, el rey emérito, que continúa residiendo en Abu Dabi, trata de atajar una más que previsible investigación de la fiscalía del Tribunal Supremo por los fondos que el empresario mexicano Allen de Jesús Sanginés-Krause donaba al ex monarca.

Este dinero, que dada la cantidad repuesta superaría con toda seguridad el millón de euros, habría servido al emérito para sufragar gastos de diversos miembros de su familia, con la excepción de los actuales reyes, Felipe y Letizia, y sus dos hijas, las infantas Leonor y Sofía; quienes habrían recibido estos fondos, en formas diversas, habrían sido la reina Sofía, sus hijas Elena y Cristina e hijos de estas. 

Sanginés-Krause ha admitido en los últimos días, en declaraciones a Televisión Española, que abonó 113.000 euros de viajes y estancias de Juan Carlos I en los años 2016 y 2017, y 270.000 euros a un coronel del ejército próximo al rey emérito en el 2017 y el 2018. Así consta en una declaración que hizo voluntariamente ante la fiscalía.

Todas las cantidades admitidas como abonos al rey son posteriores a 2014, cuando tras la abdicación decayó la inmunidad legal de que gozaba el monarca, tal como establece la Constitución.  En medios monárquicos se especula con que este movimiento de regularización de Juan Carlos de Borbón pueda responder a su intención de regresar a España, tras cuatro meses residiendo en el Golfo Pérsico.

La Fiscalía del Tribunal Supremo tiene abiertas en este momento tres líneas de investigación que afectan a Juan Carlos. Una es por un supuesto cobro relacionado con la concesión del AVE a La Meca; la otra, debido a fondos depositados en el paraíso fiscal de Jersey, y la tercera, por gastos derivados de unas tarjetas nominales, conocidas popularmente como tarjetas black.

Agencias

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