Piñera amplía Estado de Emergencia y militarización de zonas mapuche en el sur de Chile

El apoyo cayó a nieles de 2020 en la etapa previa a la pandemia. Foto EFE

El presidente chileno, Sebastián Piñera, extendió hoy martes el Estado de Emergencia en ciertas provincias del Biobío y La Araucanía, al sur del país, debido a una «escalada de violencia» en el marco del conflicto centenario entre el Estado de Chile y el pueblo originario mapuche.

«Hemos extendido este período de excepción constitucional por 15 días adicionales, hasta el próximo viernes 11 de noviembre, para poder contar con la labor valiosa y fecunda que están cumpliendo nuestras Fuerzas de Orden y Seguridad, y nuestras Fuerzas Armadas», dijo el mandatario en un discurso.

Piñera decretó el pasado 12 de octubre Estado de Emergencia en las provincias de Biobío, Arauco, Malleco y Cautín, tras los «graves y reiterados» ataques, incendios y enfrentamientos violentos con grupos armados en las regiones del Biobío y La Araucanía, regiones con altos índice de pobreza.

La medida permitió al gobierno desplegar más de 2.000 efectivos policiales, drones, vehículos blindados, vigilancia aérea y fiscalización marítima en esta zona que aglutina a las comunidades mapuche, la etnia más numerosa de Chile, con 1,7 millones de personas.

Con estos recursos, se han realizado a la fecha más de 10.000 controles, arrestado a una treintena de personas con órdenes de detención pendientes y reducido «los hechos de violencia, los atentados incendiarios y usurpaciones de propiedades», sostuvo Piñera.

Ante las críticas de la oposición y de organizaciones sociales por militarizar los predios mapuche y reprimir a las comunidades, afirmó que este decreto «no se dirige contra ningún pueblo, ninguna etnia, ni ningún grupo en especial. Su objetivo es proveer más y mejores herramientas para combatir con mayor eficacia».

El sur de Chile ha sido por décadas escenario del conflicto entre el Estado y el pueblo originario mapuche. Las comunidades indígenas reclaman la restitución de tierras ancestrales que hoy están en manos de empresas agrícolas y forestales que las explotan legalmente.

Los episodios de violencia registrados en los últimos años y la falta de diálogo y acuerdos entre las partes han derivado en la muerte de varios comuneros, policías y agricultores de la zona.

 

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