Nuevo contrato de trabajo ampara a todo el sector universitario

Ministros de Educación Universitaria, Educación y del Trabajo firmaron contratación

Luego de tres meses de discusión, el pasado 28 de julio el sector universitario firmó la IV Convención Colectiva Única que establece siete módulos sustanciales y uno de disposiciones finales, y que entre sus objetivos sociales y socioeconómicos está brindar amparo al personal administrativo, los obreros y los docentes de 60 universidades dependientes del Estado, el propio organismo rector y sus seis entes adscritos.

La mejora del ingreso, vigente desde el pasado domingo 1 de agosto, significa un incremento de 70 %, aproximadamente, desde el segundo grado obrero, impulsando la tabla salarial sustancialmente hasta el último escalón que es el docente titular. El ingreso global para obreros quedó, con sueldo base, primas y demás aportes, en Bs 83.544.154,60, lo que se traduce en un incremento de 446 %, respecto a los Bs 15.294.311,12 anteriores.

El ajuste de inter escala en dos niveles administrativos fue de 12%, mientras que el cálculo para los docentes instructores a tiempo completo ahora será en el nivel P13 administrativo, ya que anteriormente se tomaba como referencia el nivel P12. De esta manera, el incremento porcentual para el docente titular, a dedicación exclusiva, doctor y con 20 años de servicio, sumando salario y bonificaciones, es de 314 %, específicamente, Bs 277.260.301,50.

Al respecto, Carmen Hernández, quien es docente coordinadora de organización de la Federación Venezolana de Trabajadores Universitarios de Venezuela (Ftuv), explica que este es un contrato dinámico con el que buscan dar empoderamiento a los trabajadores, permitiéndoles una mayor participación en los planes de gobierno en cada institución. Además, por ser de carácter modular, facilitar su cumplimiento, revisión y actualización cada 90 días.

“De este modo, nos mantenemos nivelados socioeconómicamente y garantizando una mejor calidad de vida, en concordancia con el proyecto bolivariano. En esta oportunidad, esta convención tiene un sustento social de gran alcance, ya que se extiende a todos los contratados y fijos ordinarios o jubilados, pero además, algo que antes no sucedía, a todos los entes adscritos al Ministerio de Educación Universitaria, como la Misión Sucre y Fundayacucho, entre otros”, dijo.

Atención integral

Hernández comenta que el principal objetivo era lograr un proyecto que abordara todos los aspectos y necesidades sociales para reivindicar la labor de todos, sin exclusión y que pueda ser revisado en el tiempo con el alto gobierno, estableciendo criterios cualitativos, como por ejemplo, la creación del Instituto de Previsión Social para los Trabajadores Universitarios que reviste mucha importancia para la atención integral.

Precisa que esta será la entidad encargada de lo referente al tema de la salud, los servicios funerarios, la alimentación, la vestimenta, la atención para el deporte, la cultura y otros temas dirigidos a la protección de los trabajadores universitarios.

Agrega que este estatuto es uno de los más amplios logrados hasta ahora, porque en él también lograron rescatar primas como la de titularidad. Este es un beneficio “subsumido en el tiempo” y que los docentes titulares ahora disfrutarán, equivale a 20 % de su salario básico.

Otra es la prima por hijo, hasta un máximo de seis. “Hace muchos años fue sustituida por la de familia, y ahora fue rescatada, manteniendo igualmente la de familia, que corresponderá al 40 % del ingreso mínimo mensual, es decir, que son beneficios progresivos”, recalcó Hernández en entrevista con Últimas Noticias.

Por otra parte, el desarrollo académico para los trabajadores también se trató e incluyó en el documento final. Añadió Hernández que la intención es “aupar al estudio de los obreros, los administrativos y los docentes con la exoneración de los costos en postgrados”.

Será el Estado que a través del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria deberá hacer convenios con universidades de la Asociación de Rectores Bolivarianos (Arbol) o la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (Averu), para concretar ofertas de cursos y que así sean gratuitos desde la inscripción hasta el grado.

Producción en universidades

En el primer módulo, también acordaron lo productivo y estudiar un modelo para el desarrollo de las universidades.

Esto servirá para gestionar recursos en favor de cada institución, para que de esta manera “ya no seamos solamente dependientes del Gobierno, sino que cada universidad pueda generar ingresos”, acotó.

Deuda cancelada

Tras la firma de la nueva contratación colectiva, el ministro de Educación Universitaria, César Trómpiz, retieró que en la primera quincena de agosto el sector universitario empezó a percibir los nuevos beneficios con un incremento sustancial.

“Una deuda que se tenía de la tercera convención, es que se había anclado a valores fijos y esta vez se ancla al salario y otros valores móvil que pueden ir remontando el salario cada vez que se hace aumentos”, afirmó.

Durante una entrevista radial, indicó que para cumplir con lo firmado, el Ejecutivo nacional “pudo llegar a un acuerdo que es plenamente viable dentro del marco económico nacional”.

Por otro lado, el ministro recalcó que el regreso a clases en los diferentes niveles educativos dependerá de las evaluaciones que realicen las autoridades nacionales. “En principio estamos trabajando toda la educación básica, media, universitaria, técnica y de postgrado en una posible presencialidad en el mes de octubre”, agregó César Trómpiz.

Consejo de gobierno

Como punto clave, afirma Carmen Hernández,  coordinadora de organización de la Federación Venezolana de Trabajadores Universitarios de Venezuela, que fue creado el Consejo de Gestión de Gobierno Universitario para hacer seguimiento al cumplimiento de los acuerdos. Será una instancia “de altura entre las partes que integra, además del ministerio, dirigentes de la Ftuv y representantes de la Arbol”, dijo.

Puntualizó que mediante esta comisión podrán canalizar las incidencias, pagos que no puedan hacerse, retrasos y otras eventualidades respecto al cumplimiento de las cláusulas. Algunas otras recurrentes que son relativas a juguetes, los útiles escolares, becas y más, así como algunas regulares como las becas por discapacidad, serán tratadas en la discusión pautada para el próximo mes de octubre cuando se cumpla el plazo de 90 días.

 

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