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Quitaron toma indebida de agua en sector Valle Verde de Petare

Policía Comunal realizó un proceso de conciliación entre las partes para resolver el conflicto

Los vecinos del sector Valle Verde Bolívar en la Zona Industrial de Palo Verde, municipio Sucre del estado Miranda, se vieron en la obligación de ir a la sede del servicio de la Policía Comunal del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, ubicada en Petare, detrás del centro comercial La Guacamaya, para denunciar a uno de sus nuevos habitantes que realizó una toma indebida de agua en una tubería privada.

Al momento de formalizar la denuncia, la agraviada notificó a los policías que, además de la toma indebida de agua, su vecino construyó una cerca improvisada que pone en riesgo la integridad física de sus dos niños y demás transeúntes. Resaltó que la estructura se ubica en un terreno que no es propiedad del denunciado, relataron los funcionarios al equipo de Últimas Noticias.

En el sector Valle Verde cada vecino tiene su propia toma de agua que le fue instalada por Hidrocapital. Para anexar a una nueva casa, el propietario debe dirigirse a la hidrológica y solicitar que se le asigne una toma del tubo matriz. Entretanto, en el caso de las áreas que no son de su propiedad no pueden realizar construcciones y solo se permiten las autorizadas por el consejo comunal.

Los funcionarios policiales comentaron que en una primera instancia los vecinos intentaron dialogar con el nuevo habitante para explicar que sus acciones no se realizaron de la manera correcta y que afectaba a la colectividad. No obstante, ese método no fluyo amablemente, por lo que les tocó ir a solicitar apoyo a una sala de mediación para evitar riñas en la comunidad.

Mediación

La sala de mediación de la Policía Comunal en Petare es coordinada por el inspector Jefe Hernando Misat, quien en conjunto con su equipo se encarga de realizar los procesos de conciliación basándose en lo establecido en la Ley de Convivencia para la Seguridad y la Paz Ciudadana del estado Miranda.

En el caso de Valle Verde los funcionarios procedieron a emitir dos citaciones, una para la persona agraviada y otra para el denunciado, con el objetivo de que en la sala conversaran y se llegará a un acuerdo entre las partes.

Al momento de iniciar el proceso, el inspector les indicó el motivo por lo que fueron citados y les informó que en su derecho de palabra no debe haber insultos para la otra persona. Luego cada una de las partes expuso su versión de los hechos.

Acuerdos. Mediante el proceso de diálogo, liderado por los funcionarios del servicio de Policía Comunal, el denunciado se comprometió a retirar la toma indebida de agua y realizar el proceso de solicitud ante Hidrocapital.

Seguidamente, asumió que la cerca improvisada es un riesgo para los niños que juegan a sus alrededores y para las personas que transitan en la zona, además, de que el terreno donde la construyó no era de su propiedad. Ante la realidad, acató que debía retirar la infraestructura.

Cada una de las partes asumió el compromiso en acta de que no pueden agredirse ni física, ni verbalmente, ni psicológicamente. Aunado a ello no debe existir ningún tipo de hostigamiento o presunción de ningún índole entre los afectados.

De igual manera, ambas partes se comprometieron a no involucrar a terceras personas en el problema tratado en las instalaciones de la Policía Comunal.

Finalmente pactaron no realizar ningún tipo de difamación entre ellos. Todos los acuerdos quedaron sentados en un acta firmada, tanto por la persona agraviada y el denunciado, y el documento reposa en la sede del organismo policial, que es el encargado del resguardo del expediente.

En las salas de mediación se tiene el objetivo de velar y garantizar la paz y la tranquilidad en el territorio y reforzar los principios y valores de los ciudadanos, mediante la mejora de las relaciones entre vecinos.
Actualidad. Los funcionarios del organismo policial comentaron que luego de la firma de los acuerdos de los vecinos del sector Valle Verde no han recibido ningún otro reclamo por parte de los afectados, por lo que dieron por terminado el caso y como exitoso el proceso de conciliación en la sala.

Sin embargo, no todos los procesos concluyen felizmente. Muchos de ellos se deben elevar a instancias superiores porque los afectados no logran llegar a un punto de conciliación. Cuando eso ocurre se envían a la sede del Ministerio Público de la jurisdicción o a la oficina de los Cuadrantes de Paz.

Estos entes son los garantes de resolver el problema y en algunos se pueden incluir sanciones o multas, servicio comunitario o hasta la cárcel dependiendo de la gravedad del caso.

Por otra parte, agregaron que también se presentan las situaciones de reincidencias y dependiendo el nivel de su gravedad evalúan si vuelven a llamar a un nuevo proceso de conciliación, partiendo de los acuerdos anteriores, o si se remite a organismos superiores.

Destacaron que todos los organismos del poder público regional, municipal, comunal y la ciudadanía en general deben de ser garantes de la convivencia ciudadana de forma coordinada, ejerciéndola a través de la controlaría social, para evitar que los conflictos entre vecinos puedan desembocar en situaciones de violencia que afecten la integridad física de los mismo.

Al Detal

Normativa

La Ley de Convivencia para la Seguridad y la Paz Ciudadana en el estado Bolivariano de Miranda se encuentra en un proceso de reforma para ampliar su rango de acción para frenar la riñas vecinales reiterativas y cara a los problemas que afloraron en la coexistencia intravecinal e intrafamiliar en las comunidades de la entidad durante la de emergencia y la cuarentena del covid-19.

¿Cómo denunciar?

El primer paso es acudir a los gobiernos comunitarios, integrados por la Policía de Miranda y los cuadrantes de paz. Los ciudadanos deben formular la denuncia cuando inicia el conflicto y así evitar una escalada de violencia.

Sanciones vigentes

Aunque la Ley de Convivencia para la Seguridad y la Paz Ciudadana en el estado Bolivariano de Miranda se encuentra en proceso de reforma, actualmente, es aplicada y contempla una serie de medidas y sanciones para quienes infrinjan los delitos tipificados, entre ellas, multas desde 700 a 6.500 unidades tributarias según sea el caso, cierre de locales, jornadas de trabajo comunitario y de concientización.

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