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TSJ ordenó inscribir escolares morosos del Colegio San Agustín

El Colegio desacató orden del Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente de Libertador

La Sala-Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justica ordenó al Colegio San Agustín, ubicado en Caricuao, Caracas, que proceda a inscribir de manera inmediata a todos los niños, niñas y adolescentes, “en estado de ‘morosidad’” pertenecientes a esa institución.

Tal decisión está contenida en la sentencia N° 00914 redactada por el magistrado Malaquías Gil y publicada el jueves. Los magistrados consideran que la Unidad Educativa Colegio Caricuao y especialmente su directora, “incurrió en un claro desacato a la orden proferida por el Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente del Municipio Bolivariano Libertador, al negar la inscripción de aquellos menores que, a su decir, se encontraban en estado de “morosidad”.

La Sala advirtió que el incumplimiento de dicha orden puede dar lugar a la aplicación de la sanción prevista en el artículo 122 de la Ley Orgánica de Reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que consiste en una multa equivalente “hasta doscientas veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, establecido por el Banco Central de Venezuela”.

Vale recordar que un grupo de representantes de niños (as) que estudian en la Unidad Educativa Colegio San Agustín, ubicado en Caricuao, solicitaron anular una resolución de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) del 17 de diciembre de 2021 mediante la cual ratifican la matrícula fijada por esa institución escolar de 153,55 bolívares mensuales o lo equivalente a 33 dólares.  

A raíz de la protesta de representantes, la Sundde convocó a una mesa técnica en el Colegio San Agustín donde, entre otros, se exhortó a la Unidad Educativa “a seguir cobrando los doce dólares (12$), hasta tanto se cumpla con el procedimiento pertinente y se prohíbe el cobro retroactivo”.

El juicio

Para dirimir esa demanda de nulidad, se celebró el 28 de septiembre pasado una audiencia de juicio con presencia del Colegio San Agustín, el Ministerio Público, la Sundde y representantes de los escolares.

En esa audiencia quedó establecido que el juicio busca determinar si existen o no vicios en la resolución emitida por la Sundde que valida el aumento en la matricula del Colegio San Agustín de 12 a 33 dólares mensuales.

Durante esa audiencia, tanto la Sundde como la Procuraduría General de la República esbozaron que la resolución que respalda el aumento de la mensualidad en el Colegio san Agustín “fue dictada en franco respeto al derecho a la educación consagrado en el artículo 103 del Texto Fundamental y al interés superior del menor, establecido en el artículo 8 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes”.

A los magistrados les llamó poderosamente la atención las respuestas ofrecidas por la Sundde en esa audiencia de juicio durante el interrogatorio realizado por el Fiscal designado por el Ministerio Público, quien dilucidó que existen aproximadamente 200 estudiantes matriculados en el Colegio San Agustín a los cuales se les ha impedido formalizar su inscripción hasta tanto se produzca una sentencia definitiva en el presente juicio.

Los magistrados refieren que con esa repuesta, la Sundde desconoce “el acuerdo alcanzado con los padres y representantes, en la asamblea celebrada en el plantel educativo en el mes de abril de 2022”, el cual implica, entre otros volver a la matrícula de 12 dólares mensuales.

En razón de esa repuesta, el Ministerio Público solicitó en la aludida audiencia de juicio tomar medidas necesarias porque la conducta asumida por el Colegio San Agustín podrían “generar violaciones sistemáticas de los derechos humanos y fundamentales de los estudiantes, las cuales serían de difícil o imposible reparación para el momento en el que se dicten resultas definitivas del presente juicio”.

Tomando en cuenta ese planteamiento es que la Sala Político-Administrativa ordenó la inscripción inmediata de esos alumnos que el Colegio considera “morosos”.

“No puede concebirse que un colegio privado actúe como una empresa privada, con el único fin de perseguir un beneficio económico o lucrativo, cuando debe actuar como un órgano delegado del Estado en el cumplimiento de una de sus principales finalidades, como lo es la educación”, recriminaron los magistrados. 

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