InicioMundoColombia en su laberinto: desatención, paro y pandemia hunden al país

Colombia en su laberinto: desatención, paro y pandemia hunden al país

El 28 de abril de 2021 el pueblo colombiano comenzó a pasar la factura de la desatención que el Gobierno de Iván Duque mantuvo desde que en 2019, cuando se realizaron una serie de protestas que pedían reivindicaciones sociales que desde entonces no se han vuelto a discutir. Por el contrario, el Gobierno emprendió una reforma tributaria que agotó la paciencia del pueblo y le llevó a expresar su indignación en las calles. Desde entonces, allí se mantienen.

Los manifestantes protestan contra la desigualdad, la falta de oportunidades en educación y empleo y la precariedad e informalidad laboral. Según su lectura del país, el empresariado ha perpetuado estas problemáticas, actuando como pilar de un modelo económico que consideran excluyente.

Aunque el Gobierno retiró la reforma tributaria, lo peor ha venido después, cuando utilizó la fuerza pública para reprimir las manifestaciones, sean estas pacíficas o violentas, con un saldo terrible que ha costado la vida de más de 65 personas, más de mil heridos y muchos otros han sido víctimas de tortura o abusos sexuales. La mayoría de estas violaciones a los derechos humanos, han sido cometidas por funcionarios policiales sin que haya una condena firme a la actuación por parte del Gobierno.

A la par de las protestas, surgió un llamado a huelga general, encabezado por el Comité Nacional del Paro, organización popular que se ha levantado como la principal fuerza de movilización de estudiantes, sindicatos y gremios que se han mantenido en las calles con manifestaciones pacíficas, que regularmente culminan en enfrentamiento con la policía.

La ciudad de Cali ha sido el epicentro de las protestas y también el lugar en el que más muertes se han producido debido a la acción policial. Bogotá, Medellín y otras ciudades periféricas a ellas, se mantienen en altísima tensión y han registrado bloqueos en vías que también han generado enfrentamientos entre manifestantes y la población que está en contra del paro.

La situación se le ha escapado de las manos al Gobierno de Duque, que no ha logrado llegar a un acuerdo en la mesa de negociación ni con el Comité Nacional del Paro, ni con ninguna de las otras organizaciones con las que se ha reunido.

A casi dos meses de iniciadas las protestas, los manifestantes piden:

  1. Que el Gobierno adopte el preacuerdo de garantías para el ejercicio de la protesta logrado el 24 de mayo de 2021
  2. Que la Comisión intervenga para que cese de manera inmediata la brutalidad policial
  3. Que el Gobierno Nacional cumpla con la sentencia que han exigido que se reglamente el derecho a la protesta social en Colombia
  4. Que se cree una comisión de investigadores independientes que indague los hechos de violencia contra quienes protestan pacíficamente desde el 28 de abril
  5. “Hemos pedido que se reglamente los puntos del acuerdo de paz que tiene que ver con la participación de los colombianos en diferentes aspectos de la vida nacional”, expresó Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT.

Violaciones a los Derechos Humanos

Este jueves culminó la visita de la misión especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que revisó numerosas denuncias sobre la violencia policial y civil que durante las protestas contra el Gobierno ha dejado decenas de muertos y desaparecidos, así como miles de heridos.

La delegación de la CIDH revisó en el país las acusaciones que recaen sobre la Policía por el desproporcionado e indiscriminado uso de armas de fuego durante las manifestaciones, escuchó cientos de testimonios de víctimas de violencia, recibió informes sobre casos de desapariciones y violencia de género, así como los ataques contra la prensa y la misión médica.

La misión recibió un informe en el que tres organizaciones documentaron que durante las protestas al menos 20 personas murieron por disparos directos de arma de fuego por parte de la Policía, a pesar de que desde enero de este año la fuerza pública tiene prohibido su uso durante manifestaciones, mientras que Human Rights Watch ha podido verificar 16 muertes de armas de fuego de la Policía.

En contraste, el Ministerio de Defensa, responsable de la Policía, también entregó un documento que recoge la violación de al menos 14 derechos fundamentales en medio de las movilizaciones, la muerte de 19 civiles y dos agentes, así como la cifra de 1.106 personas heridas y 1.253 uniformados lesionados.

Ese informe señala sobre las acusaciones a la Fuerza Pública que la Procuraduría General (Ministerio Público) ha asumido desde el 28 de abril 178 investigaciones disciplinarias contra integrantes de la fuerza pública, y en ese sentido el Ministerio de Defensa se comprometió a reforzar en sus instituciones la formación y capacitación sobre derechos humanos.

Indígenas denuncian crímenes del ESMAD

Distintas organizaciones indígenas se reunieron con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar los actos de violencia y asesinatos cometidos por las autoridades gubernamentales, entre ellas el Escuadrón Antidisturbios (ESMAD).

Las instituciones indígenas, entre las que se encontraban la Organización Nacional de Indígenas de Colombia (ONIC) y las Autoridades Indígenas del Sur Occidente (AISO), entregaron el documento que detalla con el contexto y las afectaciones a los derechos de los pueblos indígenas colombianos durante el Paro y la Minga Nacional.

De acuerdo al informe, «los pueblos nativos han sido objeto de represión excesiva por parte de la policía nacional y el ESMAD y con nulas garantías para el acercamiento al diálogo. Y por orden presidencial la Policía cuenta con un acompañamiento militar para atender una protesta social en un área urbana».

Hasta el momento de la reunión las autoridades habían acabado con la vida de dos personas. Dichos homicidios ocurrieron en las localidades de Yumbo y Cali. Ambos fueron perpetrados con armas de fuego en el ejercicio de dispersión de la policía a reuniones pacíficas.

Entre las cifras resaltan que hay 159 víctimas de hostigamientos, 21 víctimas de atentados y 3 agresiones físicas.

De acuerdo al informe, la gravedad radica en la tolerancia a los hechos violentos por parte de los agentes del Estado, además del discurso ausente del Presidente que no rechaza estos hechos.

Compromiso del Gobierno

Pese a que el Gobierno no ha sido capaz ni de cumplir con los acuerdos adquiridos desde 2019 y tampoco ha sido capaz de negociar un regreso a la normalidad con los manifestantes, se comprometió con la CIDH a esclarecer los excesos policiales que se demuestren.

En esa dirección el compromiso es investigar 21 homicidios ocurridos durante las protestas antigubernamentales, al cierre este jueves de la visita extraordinaria del organismo para evaluar la situación tras casi mes y medio de crisis.

El presidente Iván Duque está «totalmente comprometido en que se sigan haciendo todas las investigaciones (…) sobre las causas de la muerte de esas 21 personas que tristemente ya se ha comprobado que fallecieron como consecuencia de estas protestas», expresó la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, tras una reunión con miembros de la CIDH en Bogotá.

Aunque el Gobierno habla de 21 muertes violentas, al menos 61 personas han sido asesinadas desde que iniciaron las protestas el 28 de abril, según autoridades y la Defensoría del Pueblo (ombudsman), que también entregó a la CIDH más de 500 denuncias sobre violaciones a los derechos humanos.

Otras organizaciones no gubernamentales aseguran que son más de 67 las personas asesinadas en diferentes circunstancias ligadas a las protestas. La mayoría de ellas sigue teniendo a la policía como principal perpetrador.

“El Gobierno debe rechazar los excesos”

La Defensoría del Pueblo de Colombia exhortó al Gobierno a «manifestar públicamente su rechazo» a los «actos atentantorios de los derechos humanos» cometidos por agentes de la fuerza pública o servidores públicos en el marco de las protestas.

Así lo recoge una resolución publicada este viernes donde la Defensoría exhorta de igual forma a los representantes o líderes de territorios y autoridades locales a rechazar estos actos y los cometidos por «particulares que han afectado a los derechos humanos, en el contexto del paro nacional (…) desde el pasado 28 de abril», y abstenerse a instigar que se cometan.

Del mismo modo, insta a las autoridades a que se inicien y aceleren las investigaciones «adecuadas y eficaces» por parte de la justicia ordinaria para evitar la impunidad, dado que la mayoría de crímenes cometidos supuestamente por agentes de la Policía contra civiles son juzgados por la Justicia Militar y las víctimas se quejan de que quedan impunes.

En este documento, la Defensoría recuerda que hasta el 3 de junio ha recibido reportes de 58 muertes que habrían ocurrido durante las protestas, de las cuales la Fiscalía considera que en 20 hay pruebas suficientes de que «estos presuntos homicidios se dieron en el marco de las manifestaciones públicas».

Esta institución estatal también ha recibido en ese mismo periodo 417 quejas relacionadas con 584 presuntos actos de violación de derechos humanos, y de ellas, el 73 % señala a la fuerza pública como supuesta responsable. Por otro lado, tiene indicios de 106 presuntos hechos de violencia de género, 27 de ellos por violencia sexual.

Además, recibió 783 denuncias de personas «sin ubicar», aunque hasta la fecha permanecen activos los Mecanismos de Búsqueda Urgente para 84 personas, según los datos facilitados este jueves por la Fiscalía.

«La Defensoría del Pueblo rechaza de forma categórica y contundente el abuso y el exceso de la fuerza por parte de agentes de la fuerza pública en el marco de los legítimos espacios de protesta y manifestación social», destaca el documento firmado por el defensor, Carlos Camargo.

Peor el paro que la pandemia

Según datos de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), el Paro Nacional ha significado una pérdida de 13 o 14 billones de pesos (unos US$3.500 millones), mientras que la pandemia generó pérdidas en las empresas por un equivalente de 64 billones de pesos (US$17.300 millones).

Sin embargo, en el Valle del Cauca, la región cuya capital, Cali, ha sido el epicentro de las protestas, el Paro significó un shock a la economía mayor que la pandemia.

«Como en el Valle tenemos mucha producción de alimentos, medicamentos y bienes de aseo y del hogar, y como mucha de la comida importada pasa por (el puerto de) Buenaventura (cerca de Cali), entonces nuestras industrias no pararon en pandemia, porque rápidamente fueron exceptuadas y pudieron operar», dice Esteban Piedrahita, presidente de la Cámara de Comercio de Cali.

La entidad regional estima que los bloqueos en las carreteras, un polémico mecanismo de protesta, generaron afecciones en el 70% de las empresas del Valle; caídas en ventas para el 65%, cierres en un 10% y reducciones de nómina en el 26%.

«Durante la pandemia, a pesar de las pérdidas, el campo le cumplió a Colombia», dice Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC). «Pero el Paro nos afectó más, porque los bloqueos cortaron los sistemas de distribución y pusieron en jaque a la seguridad alimentaria no solo del Valle, sino de todo el país».

Cifras de la Policía estiman que en 40 días las protestas se han generado al menos 3.200 bloqueos en carreteras, en un país de compleja topografía que depende como pocos del transporte vehicular.

Con información de agencias