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Elecciones en Colombia: entre la violencia y la sombra del fraude

Gustavo Petro y Francisco "Fico" Gutiérrez se enfrentan en un proceso plagado de denuncias

Este domingo 29 de mayo se llevarán a cabo las elecciones del nuevo presidente de Colombia para el periodo 2022-2026, donde los principales contendientes son el progresista Gustavo Petro y el derechista Federico “Fico” Gutiérrez  

Este proceso electoral, donde también se elegirá al próximo ocupante de la vicepresidencia de la nación colombiana, ha estado signado por una creciente ola de violencia que suma el asesinato de 79 líderes sociales y defensores de Derechos Humanos, 21 firmantes de la paz y más de 40 masacres solo en este 2022.

A la violencia que marca hitos históricos en territorio neogranadino, se le agrega la debilidad del sistema electoral colombiano que ha sido señalado por permitir la compra de votos, así como por no garantizar la ley de una persona un voto, debido a su carencia de controles.

¿Quiénes con chance?

Para el proceso electoral colombiano están convocados más de 39 millones de personas, quienes acudirán a los centros de votación colocados en espacios públicos para ejercer su derecho al sufragio.

Esta elección repite la historia de alta polarización que hace 4 años protagonizaron el presidente saliente Iván Duque y Gustavo Petro. Pero a diferencia del 2018, en esta ocasión solo repite el candidato progresista que, presentando nuevamente su propuesta de cambio radical, se mide contra Fernando Gutiérrez quien es identificado como un continuista de la actual gestión neogranadina.

A escasas horas de la elección, Petro se muestra como favorito en todas las encuestas con cifras que van del 38% al 44%, llegando a duplicar a Fico quien pese a las renuncias de varios candidatos y el apoyo del uribismo no logra sobrepasar la barrera de los 25 puntos porcentuales.

Encuesta de Invamer

Otro de los contendientes que ha puesto en relieve la división existente dentro de la clase política dominante en Colombia es Rodolfo Hernández, candidato que podría arrebatarle el segundo lugar a Fico dado que el margen de diferencia entre ambos en algunas de las encuestas no supera el 1%.

Estas mediciones avizoran que el nombre del próximo presidente de Colombia no surgirá este domingo, debido a que ninguno de los candidatos en disputa alcanza el 50% + 1 requerido en esta primera vuelta, por lo que todo podría definirse en la segunda vuelta prevista para el 19 de junio.

Violencia y peligro de magnicidio

“Creemos que es una prioridad atender la situación de violencia”, fue la alerta que hizo el pasado 3 de marzo, la Organización de Naciones Unidas (ONU) a través de Juliette de Riveros, representante de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos.

En su informe el organismo también llamó la atención sobre el aumento de los desplazados. Mientras en 2020 hubo 26.291 personas que tuvieron que huir de sus casas por los grupos armados, entre enero y noviembre de 2021 fueron 72.388.

Al historial de masacres, asesinatos y desplazamientos promovidos por el paramilitarismo y una guerra interna que sobrepasa los 70 años, se le suma las recientes amenazas de muerte contra Petro y su compañera de fórmula para la vicepresidencia, Francia Márquez, quienes han debido suspender actos de campaña y cuyas imágenes de discursos tras escudos antibalas han impactado al mundo.

El impacto de estas graficas se acrecienta dado el historial de magnicidios que signan la vida política colombiana que inició con el asesinato del candidato Jorge Eliécer Gaitán en 1948, y luego los posteriores asesinatos de los también candidatos Bernardo Jaramillo, Luis Carlos Galán y Carlos Pizarro, y una década después al general Landazábal y Álvaro Gómez Hurtado, todos entre 1987 y 1995.

La sombra del fraude

Denuncias sobre compra de votos, amenazas para votar por uno u otro candidato por parte de irregulares sobre todo en las zonas rurales y la ausencia de controles que garanticen la premisa de un elector un voto.

A esta carencia de fiabilidad producto de la corrupción y la violencia, se le suma la reciente denuncia realizada por el Consejo Nacional Electoral de Colombia en torno a que este venidero proceso electoral no contará con ninguna compañía contratada para realizar la auditoría internacional, hecho por el cual acusan al Ejecutivo de Iván Duque.

“Faltó voluntad del Estado para concretar la contratación de una entidad internacional que observara los datos del proceso comicial, para el cual el Ministerio de Hacienda destinó 3.000 millones de pesos (unos 754 millones de dólares)”, aseguró César Abreo Méndez, presidente del ente comicial neogranadino.

Otras de las acciones que aumenta siembra dudas sobre la pulcritud de estas elecciones altamente polarizadas, son las recientes deportaciones y negativas de entrada ejecutadas por Migración Colombia contra veedores internacionales que contaban con invitación del CNE neogranadino.

Entre los que fueron objeto de esta medida se encuentra el secretario de asuntos internacionales del movimiento Evita, Alejandro Rusconi, quien funge como secretario de Hábitat, Tierra y Vivienda de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires.

Al argentino se le impidió abordar un vuelo de la aerolínea Avianca y reveló que tras insistir en una explicación se le notificó que la empresa de transporte aeronáutico había recibido un mail de migraciones de Colombia “donde se sugiere no embarcarme y resalta en color amarillo – No mostrar al pasajero”.

A Rusconi se sumaron las denuncias por acciones similares contra la estadounidense Teri Matsson y el argentino Fernando Collizzoni, mientras que el europarlamentario logró evadir esta negativa de entrada a Colombia gracias a las gestiones realizadas por el Magistrado del CNE colombiano, Luis Guillermo Pérez.

Todo este escenario avizora un proceso electoral que, dada la polarización que le antecede, estará amenazado por el fantasma del desconocimiento de los resultados por parte de los candidatos, que ante la debilidad del sistema, han puesto en su discurso la palabra “fraude”.

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