Informe devela que gobierno de Áñez cometió delitos de lesa humanidad

En la imagen la expresidenta de facto Jeanine Áñez. Foto: EFE

La Defensoría del Pueblo de Bolivia publicó un informe sobre las masacres de Sacaba y Senkata en el que concluye que el Gobierno de Jeaniñe Áñez cometió delitos de lesa humanidad al haber incurrido en “asesinatos de forma sistemática en contra de la población civil”, informó este viernes la Agencia Boliviana de Noticias.

El informe “Crisis de Estado Violación de los Derechos Humanos en Bolivia Octubre-Diciembre 2019”, describe la vulneración de derechos en los hechos violentos que dejaron 37 muertes, 27 de éstas durante la intervención conjunta de la Policía y las Fuerzas Armadas en Sacaba, Senkata y en barrios de la zona Sur de La Paz.

El informe señala que las 20 muertes en Sacaba y Senkata se constituyen en masacres “al haberse cometido el delito de asesinato de forma sistemática en contra de población civil y bajo el conocimiento, órdenes e instrucciones dictadas desde el Gobierno transitorio, características que configuran un delito de lesa humanidad”.

Otros siete fallecimientos, dos en el norte integrado de Santa Cruz; uno en el municipio de Betanzos; tres en las zonas de Ovejuyo, Pedregal, Rosales y Chasquipampa en La Paz, durante la intervención de las fuerzas policiales y personas particulares con la complicidad de la institución del orden; y otro en Sacaba el 11 de noviembre, también están considerados como delitos de lesa humanidad.

Cuestiona la labor de la Policía porque torturó a las personas aprehendidas el 11 de noviembre de 2019 en las zonas de Ovejuyo, Rosales, Pedregal y Chasquipampa de la ciudad de La Paz; en Ciudad Satélite, Villa Dolores, Faro Murillo y Villa Adela en El Alto, y trasladadas a los Distritos Policiales 4 y 3, Comando General de la Policía y la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen en la sede de Gobierno.

“La Policía Boliviana, las Fuerzas Armadas y el Ministerio Público han vulnerado el derecho a la verdad a través de acciones ilegales destinadas a eliminar, alterar o condicionar los elementos de convicción, al haberse evidenciado el amedrentamiento de testigos y víctimas, alteración de la escena del crimen, desaparición de evidencia y la emisión de prueba pericial que no cumple estándares técnicos”, señala el informe.

El informe fue puesto en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Según el portal web de la Defensoría del Pueblo de Bolivia www.defensoria.gob.bo, señala que después de las elecciones generales del 20 de octubre de 2019, este organismo concluyó que el Gobierno transitorio cometió delitos de lesa humanidad durante el conflicto poselectoral al haber incurrido en “asesinatos de forma sistemática en contra de la población civil, bajo conocimiento, órdenes e instrucciones” dictadas bajo la actual administración gubernamental, y en actos de tortura por parte de la Policía Boliviana.

Del informe presentado por la Defensoría del Pueblo de Bolivia el cual consta de 375 páginas, entre las conclusiones se puede resaltar que:

I. Se advierte que se encuentra en riesgo el proceso de construcción del modelo de Estado Plurinacional fundado en la plurinacionalidad, interculturalidad y pluralismo, a partir de diferentes actos de agravio, entre los cuales se advirtieron, polarización política basada en posturas radicales y conservadoras; hechos de discriminación y racismo; vulneración al principio de laicidad materializada en la imposición del uso de la biblia como elemento central del Estado; ataques a personas y organizaciones indígena
originario campesinas; el agravio a la wiphala como símbolo representativo de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y de la plurinacionalidad; así como la represión policial y militar dirigida a manifestantes autoidentifcados con una nación y pueblo indígena originario campesino.

II. La deslegitimación y desinstitucionalización de los Órganos Ejecutivo y Electoral que desencadenaron en la crisis de Estado propició un contexto generalizado de violación de derechos humanos durante el conficto, careciendo de un proceso de gestión de confictividad por parte de Autoridades de Gobierno, vulnerando el derecho a la paz y los valores estatales, entre otros, de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, equilibrio, bienestar
común, responsabilidad, justicia social, para vivir bien.

III. Las líneas discursivas de las organizaciones ciudadanas y políticas anunciaron que una posible victoria del binomio del MAS-IPSP sería desconocida y se resistiría los resultados, a ello se sumó la ausencia de respuestas estatales, derivando en movilizaciones cívicas y sociales que acabaron en enfrentamientos entre civiles, ahondando la crisis política que se gestó en Bolivia, impidiendo el desarrollo de un dialogo social, oportuno y diversifcado en el Estado.

IV. No ha existido, ni existe un proceso de pacifcación real en el país, pues si bien cesaron las movilizaciones sociales y bloqueos de caminos, las operaciones conjuntas de la Policía Boliviana y Fuerzas Armadas, así como la eximición de responsabilidad penal prevista en el Decreto Supremo N° 4078; la persecución a ultranza de opositores políticos; la violación sistemática de derechos humanos y el manto de impunidad sobre estas, no permitirán restablecer la paz y armonía en el Estado Plurinacional de
Bolivia.

V. Las veinte (20) muertes ocurridas en Sacaba y Senkata, durante las operaciones conjuntas de la Policía Boliviana y Fuerzas Armadas, se constituyeron en masacres, al haberse cometido el delito de Asesinato de forma sistemática, en contra de población civil y bajo el conocimiento, órdenes e instrucciones dictadas desde el Gobierno Transitorio, características que confguran un delito de lesa humanidad. Asimismo, las dos (2) muertes suscitadas en el norte integrado del Departamento de Santa Cruz y la
muerte (1) acaecida en el municipio de Betanzos del Departamento de Potosí, al tener las características ya descritas, también constituyen asesinatos bajo la modalidad de lesa humanidad.

VI. Las tres (3) muertes acaecidas en los confictos de las zonas de Ovejuyo, Pedregal, Rosales y Chasquipampa de la ciudad de La Paz durante la intervención de la Policía Boliviana y personas particulares con su aquiescencia, se constituyen en asesinatos de lesa humanidad, al haberse cometido de forma sistemática, en contra de población civil y respondiendo a una organización (agentes policiales y civiles con cascos blancos) para cometer dicho ataque; así como la muerte (1) ocurrida el 11 de noviembre en
el municipio de Sacaba del departamento de Cochabamba.

Descarga el informe completo aquí

Según la Defensoría del Pueblo de Bolivia, señala que los hallazgos durante la elaboración del informe coinciden con los informes emitidos por instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), la Clínica de Derechos Humanos de Harvard en los que se señala que en Bolivia, durante el conflicto poselectoral hubo la vulneración sistemática de derechos humanos, y con el Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia de Estado (ITEI) que concluyó que en este periodo existió hecho de tortura y malos tratos contra civiles.

Dentro de las determinaciones emitidas en el informe, la Defensoría del Pueblo realiza una serie de recomendaciones como la que demanda “al Ministerio Público y al Órgano Judicial investigar, hasta lograr el esclarecimiento de todas las vulneraciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto a fin de identificar y sancionar a los responsables”. Les recomienda, además, investigar las vulneraciones de derechos en las operaciones conjuntas de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas el 15 y el 19 de noviembre, en las Masacres de Sacaba y Senkata; en las intervenciones de la Policía  y de particulares con la aquiescencia de la institución del orden en las zonas paceñas de Ovejuyo, Pedregal, Rosales y Chasquipampa el 11 de noviembre, la realizada en Sacaba en la misma fecha, y en las operaciones conjuntas en el norte integrado cruceño el 12 y 13 de noviembre y en Betanzos el 12 del mismo mes.

Recomienda, asimismo, la emisión de una ley para la creación de una Comisión de la Verdad independiente y con miembros de alta calidad ética y moral, destinada a investigar de forma imparcial todos los hechos que vulneraron los derechos humanos durante el conflicto; de otra Ley para la reparación integral de las víctima de éstas vulneraciones; y una ley que establezca sistemas y mecanismos de protección, así como la provisión de equipos de seguridad a las y los trabajadores de la prensa que realizan cobertura de noticias en conflictos sociales y que democratice el acceso a la publicidad estatal.

Este informe será puesto en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la institución defensorial espera que el próximo Gobierno elegido por voto popular  a la Presidencia del Estado Plurinacional, impulse las investigaciones hasta esclarecer los hechos, establecer las responsabilidades y sancionar a los responsables.

El informe fue puesto en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Ordenan en Bolivia detención de expresidenta de facto Jeanine Áñez

La Fiscalía de Bolivia ordenó hoy la detención de la expresidenta de facto Jeanine Áñez y varios miembros de su gabinete y de la cúpula militar a propósito de las investigaciones sobre el golpe de Estado de 2019, reseñó Prensa Latina.

Según documento de la fiscalía publicado por Bolivia TV en su perfil en Twitter, Añez y el resto de los relacionados en la orden de aprehensión tienen un registro de viajes al extranjero que acredita con qué facilidad pueden abandonar el país, y asi eludir su responsabilidad ante la justicia.

Junto a Añez deben ser detenidos los exministros de Gobierno Arturo Murillo; de Defensa Fernando López; de la Presidencia Yerko Nuñez; de Energía Álvaro Rodrigo; y de Justicia Álvaro Coimbra.

En cuanto a los uniformados aparecen en la orden de la fiscalía los exjefes de la Armada Palmiro González; la Fuerza Aérea Jorge Gonzalo; y del Ejército Jorge Pastor.

Con anterioridad fueron emitidas órdenes de arresto contra el excomandante general de las Fuerzas Armadas Williams Kaliman y otros jefes de la policía.

En noviembre de 2019 el reelecto presidente Evo Morales fue obligado a dimitir en medio de manifestaciones violentas organizadas por la derecha y apoyadas por sectores del ejército y la policía.

Tras la dimisión del mandatario fue instaurado un gobierno de facto presidido por Añez que reprimió con dureza las manifestaciones que pedían el regreso del presidente constitucionalmente electo y el retorno a la democracia.

Entre los actos de represión registrados figuran las masacres de Senkata y Sacaba, en las que perdieron la vida 36 bolivianos y más de 800 resultaron heridos.

Las investigaciones señalan a los imputados como los principales responsables de esos y otros actos considerados violatorios de los derechos humanos y de las leyes del país suramericano.

La expresidenta de facto Jeanine Áñez, es acusada de reprimir con dureza las manifestaciones que pedían el regreso del presidente constitucionalmente electo y el retorno a la democracia.

Impunidad cero

La Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional de Bolivia (Asofamd) pidió hoy acabar con la impunidad de policías y militares involucrados en la asonada golpista de 2019.

Mediante un comunicado, la Asofamd rechazó la decisión del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) de defender a los uniformados, responsables también del despliegue de grupos paraestatales que ocasionaron masacres, detenciones arbitrarias y persecuciones contra miles de ciudadanos.

‘Ante las violaciones de los derechos humanos del pueblo boliviano y las víctimas del terrorismo de Estado de la última dictadura a la cabeza de Jeanine Áñez, Arturo Murillo (exministro de Gobierno), Luis Fernando López (extitular de Defensa) y otros, tienen derecho a conocer la verdad, identificar y sancionar a los responsables, continuó el texto.

Calificó de cómplice a Amparo Carvajal, defensora del Conade, de intentar desestabilizar nuevamente el proceso democrático en el país, concluye la nota. / Prensa Latina.

En la imagen, fuerzas del orden publico de Bolivia reprimen a manifestantes que exigían el regreso de la democracia en ese país, año 2019. Foto: AFP
 

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