La represión policial en Colombia ha cobrado el protagonismo en las protestas que desde este miércoles se suscitan en la capital neogranadina y otras ciudades, tras la muerte del abogado Javier Ordóñez, quien falleció como consecuencia de un golpe en su cabeza provocado por un objeto contundente luego de haber sido detenido por efectivos policiales que fueron grabados mientras lo sometían a la aplicación excesiva de descargas eléctricas con pistolas Taser.
En apenas dos días de protestas, en la nación neogranadina se han suscitado no menos de 12 jóvenes asesinatos por parte de efectivos del Escuadrón Móvil Antidisturbios que han sido acusados del uso excesivo de la fuerza e incluso de disparar contra los manifestantes.
Las redes sociales se han convertido en la ventana para la denuncia de estos abusos que han sido cuestionados incluso por autoridades como la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien denunció el incumplimiento de orden expresa de evitar el uso de la violencia contra los manifestantes.
A la par de estas denuncias, el exmandatario colombiano Álvaro Uribe en mensaje en su cuenta Twitter cargó contra la burgomaestre bogotana, a la que acusó de “incapaz de garantizar el orden” y donde además defendió el uso “firme” de las fuerzas de seguridad.
Seguidamente abogó por la aplicación del toque de queda y la militarización de la ciudad con “tanquetas” y la aplicación de una razia contra los extranjeros residentes en la capital colombiana a quienes calificó de “vándalos”, todo esto bajo la premisa “mejor que muertos, policías heridos”.
Este mensaje por parte del expresidente reo despertó la crítica por parte del excandidato presidencial Gustavo Petro, quien acusó a Uribe de manejar el gobierno en función de lograr su propia libertad y acusó al Gobierno del presidente Iván Duque de dar un “golpe de Estado” a la alcaldesa López.
En medio de esto, lo bogotanos han sido sometidos en los últimos tres días a una política represión policial que ha sido registrado por diversos usuarios de las redes sociales, construyendo un archivo de violaciones de derechos humanos por parte de efectivos policiales uniformados y civiles, que no hasta ahora no ha sido condenada por ningún organismo internacional como la Organización de Estados Americanos (OEA), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que preside Michelle Bachelet.
