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Migración irregular presiona por soluciones a nuevo gobierno en Chile

Esperan soluciones al problema migratorio que ha generado expresiones de xenofobia

La presión de migrantes, especialmente venezolanos, es crítica en la zona norte de Chile, llega a la propia capital y ha obligado al gobierno llegado en marzo a establecer este mes un grupo interministerial especial para proponer soluciones que respeten sus derechos humanos.

El primer problema es que se ignora cuántos son los migrantes irregulares pues en los últimos años ingresaron miles sin registro alguno, especialmente por Colchane, un pequeño municipio del altiplano andino, en el norteste limítrofe con Bolivia, reseña la agencia de noticias IPS.

Por allí ingresó la venezolana Jorgelis, de 23 años, en diciembre pasado.“Fueron los 11 días más largos de toda mi vida”, dijo a IPS mientras su rostro se ensombrecía al recordar su reccorrido desde Caracas a Colchane.

Hoy vende frutas en la principal avenida de Santiago, Alameda, en su esquina con la calle Santa Lucía, en la salida del ferrocarril metropolitano, a apenas cinco cuadras del palacio de La Moneda, sede de la presidencia, donde desde el 11 de marzo gobierna Gabriel Boric de 36 años.

Su prima Engelin, de 33 años, arribó hace dos meses “en un viaje de 10 días, a veces por pleno desierto”.

“Dejé en Venezuela a dos hijas de 15 y 5 años. Ese es un dolor muy fuerte en mi corazón”, lamenta. Y se queja del frío recordando que en la tropical Caracas es mucho menos intenso y solo en diciembre y enero.

Vive en un campamento de haitianos en el municipio de Maipú, en el oeste de Santiago. Y vende frutas a la salida del Metro República, también en la Alameda.

Dubarly Lorvandal, de 23, llegó desde Puerto Príncipe, la capital de Haití, cuando tenía 18 años. Estudió allá el pregrado. No tiene visa y trabaja en un puesto de verduras en una feria de Arrieta, en el este de Santiago.

Facilidades de acceso, dictadas en 2010 y luego eliminadas, transformaron a Chile en un destino favorable para los haitianos que huían del coctel de tragedias naturales y económicas.

“Trabajé al comienzo un mes levantando líneas (cables), pero ahora soy papero (vendedor de papas). Todos me aman en esta feria”, asegura con una sonrisa.

Lacombe vino también desde Haití hace seis años y trabaja junto a Ricaela, quien llegó hace seis meses desde República Dominicana. Ambos en situación irregular, venden verduras en un puesto en la feria Arrieta. Lacombe dice estar feliz.

Todos ellos integran la larga fila de al menos medio millón de personas que esperan regularizar su situación legal en Chile, este largo país de 19,4 millones de habitantes que va entre la cordillera de Los Andes y el océano Pacífico.

El último dato oficial sobre la migración en Chile, de 2020, indica que hay 1.462.103 extranjeros, de ellos 448.138 venezolanos, que desde 2013 protagonizan un éxodo masivo, que supera los seis millones, buena parte diseminados por sus vecinos latinoamericanos.

Pero estas cifras no incluyen a los migrantes que ingresaron y permanecen en forma indocumentada y sobre cuyo número real no se atreven a dar las organizaciones que trabajan en el sector.

Un barco desestabilizado

“Tenemos por tres años ingresos que en 90 % son por pasos no habilitados”, dice Macarena Rodríguez, presidenta del directorio del católico Servicio Jesuita al Migrante.

“Desde el 2020 tenemos la frontera cerrada y antes el gobierno impuso un visto consular (en sus países de origen) a haitianos y venezolanos. Cuando tú restringes el ingreso regular, por el otro lado aumenta el irregular”, indica a IPS la directiva de una de las principales organizaciones de atención a los migrantes en el país.

“Hay un enorme número de personas no contabilizadas, que no tienen papeles ni pueden trabajar (legalmente). Y sus hijos no pueden tener regularidad migratoria. Y pagan un arriendo cinco veces más caro por recintos precarios”, reseña entre las consecuencias de la indocumentación.

Luis Eduardo Thayer, asumió en marzo como director del Servicio Nacional de Migración, y es parte de la nueva Comisión Interministerial ampliada a organizaciones civiles, creada el 6 de mayo por el gobierno para buscar caminos de solución a un creciente problema social y que ha traído ya expresiones de xenofobia.

El presidente Boric plantea que la solución debe incluir a otros países de origen o tránsito de migrantes, aunque no hay detalles aún de cómo sería esa eventual participación.

Se busca “abordar con sentido de urgencia y responsabilidad los desafíos y oportunidades que nos plantea la migración en los distintos territorios», dice su ministra del Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches.

Las nuevas autoridades no quieren repetir actuaciones del gobierno predecesor de Sebastián Piñera, cuando decenas de migrantes vestidos con overoles fueron subidos a aviones para su expulsión, en imágenes que buscaban disuadir a los migrantes y tranquilizar a sectores sociales internos.

Thayer admite que ahora el Servicio Nacional de Migración “es un barco que está en proceso de estabilización y estamos tomando las medidas necesarias internas para que podamos dar cumplimiento a nuestro mandato”.

“Hoy día tenemos en fila casi 500.000 solicitudes entre visas, renovaciones, permanencias definitivas, solicitudes de refugio, nacionalizaciones”, precisa.

El responsable de migración propone ir hacia “una política migrante racional”.

Olla a presión

Según Rodríguez, en Chile “hoy tenemos una olla a presión con mucha gente expuesta a trabajos informales, a arrendar una identidad para incribirse en una aplicación y poder trabajar”.

“Es urgente abordar esta situación. Eso significa reconocerlas, identificarlas, documentarlas, entregar visas, priorizar la situación de niños y mujeres embarazadas y así ir tratando de ordenar”, propone.

Suma a la crisis “el impacto en las comunidades adonde llegan estas personas, con una lectura socialmente muy compleja. Los tildan de delincuentes y se genera en la población la sensación de que la migración es mala”.

Yulkidiz Pernia, de 38 años y publicista, originaria de Caracas, es otra generación migrante pues llegó hace seis años con su hijo y entonces obtuvo la visa sin problemas, “aunque demoró siete meses”.

Hoy tiene el restaurante de comida venezolana, Chevery Bakan, donde trabajan nueve venezolanos, seis de ellos con documentos.

“No me ha ido mal. Extraño al resto de la familia, tíos y tías. Varios de ellos han muerto y no pudimos estar allá”, relata. “En Chile he encontrado mucha receptividad. Los casos de xenofobia son puntuales”, asegura.

Pero el estudio Inmigrantes y Trabajo en Chile, del Centro Nacional de Estudios Migratorios de la Universidad de Talca, establece que 51,1 % de los migrantes encuestados dice que ser extranjero/a ha tenido una influencia negativa para su integración laboral en Chile y 51,4 % afirma que en el trabajo muchas personas tienen estereotipos sobre ellos y los tratan en consecuencia.

Colchane ya no es Colchane

Colchane, con tan solo 1.500 habitantes estables, es la puerta de entrada de la migración irregular desde Bolivia, transito preferido después que se cerró la llegada por los aeropuertos.

Su alcalde, Javier García Choque, teme que la cultura aymara, el pueblo originario preponderante en la zona, desaparezca por el éxodo de habitantes tras la masiva afluencia de extranjeros.

“Los migrantes entregan datos de identidad, pero no existe un mecanismo para verificar si la persona es la que dice que es”, dice en una visita a Santiago.

Según García Choque “muchos migrantes ingresan con familia, con personas enfermos terminales. Vienen en busca de oportunidades. Pero han ingresado personas con violencia, destrozando espacios públicos, tomándose casas particulares lo que ha llevado a muchos a construir cierres perimetrales que no son propios de la cultura aymara”.

“El pueblo aymara tiende a desaparecer, es vulnerable y nos aferramos a conservar nuestra identidad cultural y este fenómeno migratorio ha sido desproporcionado en cantidad y en violencia”, afirma al demandar mayor seguridad en su municipio.

“Es necesario el esfuerzo del gobierno en el respeto a los derechos humanos de los migrantes, pero también es importante el respeto de los derechos de los pueblos indígenas”, dice el alcalde.

Patricia Rojas, de la Asociación Venezolana en Chile, admite que la gestión migratoria bajo la ley restrictiva impuesta por Piñera “ha generado un impacto negativo en la convivencia, sobre todo en las ciudades y regiones del norte”.

“Todos tenemos que hacer un esfuerzo para que esto se revierta, que la percepción pública de la migración no sea la negativa que actualmente estamos viviendo, porque esto en nada va a beneficiar a la sociedad chilena”, plantea.

El vicario de la católica Pastoral Social de Santiago, Jaime Tocornal, relata a IPS que en Colchane “la pobre gente viene con hambre y frio, desorientados completamente. A 3.600 metros de altura vienen apunados (con mal de altura) y esperan cruzar la frontera y llegar a Santiago y se dan cuenta que aún les quedan 1.500 kilómetros”.

«La situación es dramática. Es un paisaje maravilloso, como todo el altiplano, lleno de volcanes y con agua arriba en la cordillera. Pero el agua, que podría ser muy bonita, provoca lodo que se pega en los zapatos de quienes cruzan y caen tumbados cuando intentan beber», describe.

27 personas murieron, solo siete entre enero y marzo 2022, en su intento por ingresar a Chile, según cifras de la oficina en Chile de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y el Arzobispado de Santiago.

García Choque sostiene que pese al Estado de excepción decretado por Piñera para llevar militares a controlar la fronteriza zona norte, “el flujo de migrantes no cesó”.

“Varió la forma de ingreso, pero puso a los migrantes en una condición compleja de rescate: los coyotes (traficantes de personas) los trasladaron a sectores alejados lo cual pone en riesgo su vida y salud”, asevera.

FUENTEIPS

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