Políticos colombianos de oposición rechazan un proyecto de ley propuesto por el Gobierno por considerar que criminaliza la protesta social en Colombia, este proyecto ya fue aprobado por la Cámara de Representantes del Congreso.
El senador Iván Cepeda, de Polo Democrático Alternativo calificó esta ley como “un compendio de disposiciones que legalizan prácticas criminales oficiales, paramilitares y de particulares. Es una licencia para matar; una nueva aberración de corte fascista de este gobierno”.
Sobre la violencia en las protestas realizadas en Colombia, la semana pasada, la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos reveló en un informe que 46 personas murieron en manos de la policía, durante las movilizaciones del paro nacional contra el gobierno.
Además, detalló que entre el 28 de abril y el 31 de julio de este año recibió denuncias de 63 personas muertas durante las protestas y el 76 por ciento de las muertes se debieron a heridas de bala, reseñó la agencia de noticias Prensa Latina.
Cepeda señaló que junto a 18 congresistas más, envió una carta a dicha para que “constate el incumplimiento del gobierno a sus recomendaciones sobre el respeto de la protesta social”.
Por su parte la senadora de Unión Patriótica Aída Avella, aseguró que la normativa viola el punto de la Constitución el cual señala que Colombia es un Estados social de derecho y pone por encima de la vida humana la propiedad privada, al redefinir el concepto de proporcionalidad para dar licencia para matar.
“Con presunción de legalidad también hace modificaciones a la legislación actual para que la presunción de inocencia y la legítima defensa existan de antemano en cualquier circunstancia que involucre a un miembro de la fuerza pública”, subrayó Avella.
“Entonces en qué quedamos: ¿aquí se cumple la constitución o se la lleva por encima desde el artículo primero?”, preguntó la congresista en la sesión de este martes donde la mayoría oficialista aprobó la cuestionada ley.
Mientras que el ministro del Interior, Daniel Palacios, expresó que la normativa pasará a sanción presidencial y busca dar “mayores herramientas a los jueces para sancionar a los violentos que perturban su tranquilidad”.
Según la investigación realizada por la Comisión de la ONU, en las protestas del paro nacional al menos 28 de las muertes las ejecutaron agentes de la policía y 10 de ellas serían responsabilidad de miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional y otras 10 personas habrían sido víctimas de actores no estatales.
El estudio también relata que la Policía utilizó la fuerza de manera innecesaria o desproporcionada para dispersar las manifestaciones pacíficas y los bloqueos.
Además del uso de armas de fuego, también resaltan el reporte de 60 casos de violencia sexual presuntamente a manos de la policía. Hasta el momento, la ONU ha verificado 16.
