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Reclusos federales sin posibilidad de apelar por mala asistencia legal

La decisión de la Corte Suprema viola la Sexta Enmienda de la Constitución de EEUU

Este lunes, la Corte Suprema falló contra dos reclusos que estaban condenados a muerte en Arizona, Estados Unidos (EE.UU.) y cierra la posibilidad de que los presos con condenas federales apelen sus condenas si apelan una mala asistencia legal.

La decisión de 6 a 3 se dividió en líneas ideológicas.

El juez Clarence Thomas, escribiendo por la mayoría, dijo que un tribunal federal que considera una petición de hábeas corpus “no puede realizar una audiencia probatoria ni considerar pruebas más allá del registro del tribunal estatal con base en la asistencia ineficaz del abogado estatal posterior a la condena”, refiere el medio New York Times.

Las personas que votaron en contra, señalaron que es necesario revisar la eficacia del sistema legal, debido a que dos personas pueden morir por una mala investigación.

“Dos hombres cuyos abogados litigantes no proporcionaron ni siquiera el nivel mínimo de representación requerido por la Constitución pueden ser ejecutados porque fuerzas fuera de su control les impidieron reivindicar su derecho constitucional a un abogado”, detalló la jueza Sonia Sotomayor, citada por el medio norteamericano.

Una de las personas que trató apelar su condena es David Ramírez, quien fue declarado culpable por apuñalar hasta la muerte a su novia y a su hija menor de edad.

En procedimientos posteriores en un tribunal federal, sus abogados argumentaron que su abogado litigante no había investigado ni presentado pruebas sobre sus discapacidades intelectuales y del desarrollo que podrían haber llevado al jurado a mostrar indulgencia.

Algo similar ocurrió con Barry Lee Jones que fue declarado culpable de matar a la hija de cuatro años de su novia.

El juez Sotomayor escribió que “el abogado litigante de Jones no llevó a cabo ni siquiera una investigación superficial y, como resultado, no descubrió pruebas médicas fácilmente disponibles que pudieran haber demostrado que Rachel sufrió sus heridas cuando no estaba bajo el cuidado de Jones”, refiere el medio.

La decisión de la Corte Suprema viola fuertemente la Sexta Enmienda de la Constitución de EE.UU., en la que se establece los derechos relacionados con causas criminales en tribunales federales.

«En toda causa criminal, el acusado gozará del derecho de ser juzgado pública y expeditamente, por un jurado imparcial del Estado y distrito en que el delito se haya cometido, distrito que habrá sido determinado previamente por la ley; así como de ser informado sobre la naturaleza y causa de la acusación; que se le caree con los testigos en su contra; que se obligue a comparecer a los testigos en su favor y de contar con la ayuda de Asesoría Legal para su defensa», expresa claramente la sexta enmienda.

Robert M. Loeb, quien representó al Sr. Ramírez y al Sr. Jones en la Corte Suprema, expresó su decepción por la decisión.

“El fallo de la corte deja el derecho constitucional fundamental a un abogado litigante sin un mecanismo efectivo para hacerlo cumplir en estas circunstancias”, dijo en un comunicado, citado por el medio.

“La decisión malinterpreta el estatuto federal, produce resultados insostenibles nunca previstos por el Congreso y equivale a un ataque a la equidad básica en el sistema de justicia penal”, añadió.

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