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Supremo de Brasil juzgará a militares implicados en intentona golpista

Deben responder por actos terroristas, incitación al crimen, asociación criminal armada, abolición violenta del Estado Democrático de Derecho y golpe de Estado, entre otros crímenes

Este lunes el juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF), Alexandre de Moares, decidió que la máxima corte tiene competencia para juzgar tanto a civiles como a militares involucrados en la intentona golpista del pasado 8 de enero.

En tal sentido, Moraes autorizó a la Policía Federal (PF) a abrir una investigación «para determinar la autoría y materialidad de eventuales crímenes cometidos por integrantes de las Fuerzas Armadas y policías militares relacionados con los atentados contra la democracia», refiere un despacho de Prensa Latina.

De esta forma, el Supremo enjuiciará a los miembros de las Fuerzas Armadas involucrados en la invasión y depredación del Congreso Nacional, el STF y el Palacio del Planalto, sede del Poder Ejecutivo, hechos ocurridos el 8 de enero pasado.

Participación y omisión de militares

Como se recordará, ese día adeptos radicales del exmandatario Jair Bolsonaro irrumpieron violentamente y saquearon las sedes de esos tres poderes en Brasilia, con pedidos de intervención militar y rechazo a la asunción al poder del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Al respecto, la Policía Federal indicó que hubo participación y omisión de militares del Ejército en la práctica de crímenes contra el Estado Democrático de Derecho.

Según De Moraes, la competencia para juzgar a integrantes de las Fuerzas Armadas no es de la Justicia Militar, pues los crímenes cometidos no están previstos en el Código Penal Militar.

«El Código Penal militar no protege a la persona del militar, sino la dignidad de la propia institución de las Fuerzas Armadas, conforme a lo decidido pacíficamente por esta Corte Suprema al definir que la Justicia Militar no juzga crímenes de militares, sino crímenes militares», destacó en la decisión.

Para el juez, los involucrados deben responder por los crímenes de actos terroristas, incluso preparatorios, incitación al crimen, asociación criminal armada, abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado, amenaza, persecución, daño e incendio mayor.

Implicadas 835 personas en intentona golpista

A 835 ascendió el 14 de febrero la cifra de implicados en los ataques golpistas, después de que la Fiscalía denunciara otras 139 personas.

Según un comunicado de la entidad, 137 de estas personas fueron arrestadas in fraganti dentro del Planalto, y otras dos detenidas en la plaza de los Tres Poderes con petardos, cuchillos, cartuchos de gas lacrimógeno, así como material para producir explosivos caseros de tipo cóctel Molotov.

De la cifra total de implicados, 645 personas son consideradas incitadoras, es decir, participaron en el acto o estaban acampadas frente al Cuartel General del Ejército, en Brasilia, pero no depredaron los edificios públicos.

MIentras que, las otras 189 son consideradas ejecutoras: practicaron invasión de edificios, vandalismo y depredación.

Liberan a 137 arrestados

Este martes se pudo conocer que el juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, determinó liberar a 137 de los arrestados.

Estas personas podrán regresar a sus ciudades de origen, pero serán monitoreadas con una tobillera electrónica.

Según TV Globo, citado por Prensa Latina, De Moraes fijó una serie de medidas cautelares a ser cumplidas por quienes fueron liberados.

Entre las disposiciones figuran la recogida nocturna a domicilio y los fines de semana, no usar redes sociales, pasaportes cancelados y suspendida la posesión de armas.

De igual manera tendrán que presentarse semanalmente a la Justicia y no pueden comunicarse con otros investigados.

Los despachos del ministro están bajo secreto y las medidas tendrán efecto inmediato.

Este grupo fue apresado en el campamento instalado frente al cuartel general del Ejército en Brasilia, frecuentado por golpistas con ideas radicales y todos adeptos del derrotado presidente Jair Bolsonaro.

Al analizar los casos, De Moraes consideró que algunos presentan problemas de salud o hijos menores de edad, siendo que la mayoría es reo primario.

Se acogen al beneficio recluidos de Sao Paulo, Río de Janeiro, Minas Gerais, Espíritu Santo, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Alagoas, Pará, Ceará, Pernambuco y Bahía.

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