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Aplicar la descentralización

Otras veces hemos abordado el tema no por replantear la concepción de esa figura de organización de la forma de nuestra República, sino por recordar que ella es la concepción que tiene la constitución de entender la relación de poder central con los Estados que la integran. Son varias las normas que la consagran, le dan organicidad y la hacen un sistema de funcionamiento que permite la dinámica de esas entidades estadales hasta convertirse en una política de estado.

También se la concibe como una figura de gobierno. Es múltiple entonces su alcance. Incluso llega a concebirse también como una política nacional, espacio para alcanzar la democracia y para “la prestación eficaz y eficiente de los cometidos estadales”. Todo ello se desprende de la coordinación de tres normas constitucionales: los artículos 4,6 y 158 de la Carta Magna.

Como se observa, esta figura es concebida como una diversidad de cometidos, todos ellos entrelazados en una dinámica de ejercicio simultáneo que estabilice los niveles y órganos que conforman el estado. De ser así entonces se podrá compactar una diversidad y conseguir una unidad armónica.

En la ley que rige la figura hay normas inconstitucionales, porque se le despoja de materias y se regresan al poder nacional como los puertos, aeropuertos, carreteras y autopistas. Esto es que se va en contra de la propia constitución, algo inconcebible.

Ella no puede existir sin las competencias que están atribuidas a los estados en el artículo 164 constitucional. En éste se diseña su estructura, con lo cual se le dota de un espacio mínimo de sostenimiento para que pueda desarrollarse y si es una política de gobierno ha de ser progresiva para que se expanda y se profundice, lo que no ha ocurrido en las políticas públicas emanadas del Ejecutivo Nacional de tendencia centralista.

Una constitución descentralizadora no puede desarrollarse con gobiernos concentradores, negadores de recursos a los Estados y que les cercena las actividades y materias en las que se asienta. La visión de ella es progresiva, de constante acción, de estimular los ingresos que le pertenecen, que provienen de actividades que en ella se ejecutan. Deben derogarse las normas que le impiden su estabilización, tarea que corresponde a un legislador con conciencia regional acorde con nuestras normas constitucionales.

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