Aquella PDVSA conspiró contra Carlos Andrés Pérez

Carlos Andrés Pérez no sólo fue derribado por la descomposición del agotado modelo de reparto político del gobierno pactado por Acción Democrática y Copei en la Quinta PuntoFijo, si no también por la estrategia fijada por la alta gerencia de PDVSA de reducir al mínimo su obligación de entregar recursos fiscales petroleros al Estado.

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Hubo otra causa: aún cuando CAP acató la línea política del Consenso de Washington y aplicó las medidas del Fondo Monetario InternacionaI, FMI, la alta gerencia formada en y por los consorcios petroleros transnacionales no aceptaba oposición alguna a su solapado objetivo, hecho eslogan, de hacer de PDVSA una empresa del primer mundo en un país del tercer mundo, y como tal tenía que remunerar a su personal, registrar ganancias y pagar impuestos en las naciones consumidoras de Petróleo, cual Transnacional cualquiera.

El diario El País de España, en noviembre de 1989, revela que CAP se oponía a la Internacionalización ideada y ejecutada por alta gerencia de PDVSA bajo la figura de Apertura Petrolera, la cual endeudó y empleó recursos de la industria para comprar 22 refinerías y puertos en Europa, EEUU y el Caribe, mediante la creación de un entramado de 87 empresas, muchas de ellas de maletín registradas en paraísos fiscales, según estudios del profesor de la UCV, Carlos Mendoza Potellá.

El diario cita que el líder adeco argumentó que eso significaba llevar el dinero venezolano al exterior, cuando las mismas medidas fondomonetaristas buscaban que las empresas extranjeras fueran las que invirtieran en el país.

La estrategia para transferir recursos petroleros del país al exterior fue concebida
antes de la Nacionalización ejecutada por CAP en 1976. Para ese momento ingresaban al fisco 80 centavos por cada dólar que captaba PDVSA por exportación, gracias a un historial de arduas luchas ejecutado por grandes venezolanos como Gumersindo Torres, Juan Pablo Pérez Alfonzo, Alí Rodríguez, Álvaro Silva, Gastón Parra, Francisco Mieres, ideólogos de jurisprudencia y de acciones ejecutivas dictadas por el Ministerio de Energía y Minas, orientadas a fortalecer la soberanía nacional, plasmada en mayores controles y vigilancia de los barriles producidos y exportados, así como de los dólares manejados por las Transnacionales petroleras.

La lucha por una mayor participación fiscal del Estado en la renta petrolera permitió, en 1970, al Gobierno imponer a las compañías el aborrecido impuesto a las exportaciones petroleras, denominado Valor Fiscal de Exportación, que les limitaba la antañona y acostumbrada práctica de maximizar las ganancias.

Es así como tan pronto ocurre la Nacionalización, PDVSA, al mando gerencial de venezolanos formados y leales a los Consorcios Transnacionales, se traza la tarea de reducir el poder fiscalizador y controlador del Ministerio de Energía y Minas, condición necesaria en el plan de enviar al exterior los fondos fiscales que debían ser entregados al gobierno nacional.

Mientras, en su primer gobierno de 1974 hasta 1979, CAP aprovecha el contexto de altos precios e ingresos petroleros y el momento político nacionalista de los paises petroleros, en medio de la Guerra Fría, para acometer el proyecto la Gran Venezuela, orientado a una industrialización del país dirigida y ejecutada, mayoritariamente, por el Estado.

Pero la burguesía genéticamente rentista succionó al Gobierno y tras ella se adhirió todo el estamento corrupto estatal y de los partidos AD y Copei, con tan altísimos grados de corrupción y despilfarro que echaron al cesto del fracaso el faraónico Proyecto Gran Venezuela.

Es así como la progresiva debilidad y desprestigio de los gobiernos en el lapso 1976-1989, es aprovechada por PDVSA para ir colocando políticas y marcos legales que facilitaran la reducción progresiva de los ingresos petroleros que debía entregarle al Estado. Logra que los medios de comunicación afiancen en la opinión pública que carecía de sentido que una compañía eficiente y del primer mundo, entregue rentas a un gobierno del tercer mundo corrupto y despilfarrador.

A medida que el gobierno se debilita PDVSA se va fortaleciendo. Desarrolla la política de manejo de la industria según la estrategia de su alta gerencia, denominada meritocracia. Transfiere recursos al exterior mediante la Internacionalización. En 1983 arranca con VEBA, en Alemania, la compra de refinerías en el exterior. Luego viene Citgo, en EEUU. A todas les vende petróleo a precios con descuento, tras haber logrado con lobys que el presidente Lusinchi firme un decreto que la faculta para participar de manera directa en la fijación de los precio del crudo, potestad que era del Ministerio de Energía y Minas. Realizar ventas de petróleo por debajo del valor de mercado es una modalidad mediante la cual permitió, hasta 2016, que las filiales pagarán impuestos y generaran ganancias en el exterior, más no en el país.

«Gracias a la forma opaca en que PDVSA vende los cargamentos que no se mueven por canales integrados, ha sido posible para la compañía incrementar
la rentabilidad de sus refinerías mediante precios de transferencia fuertemente
descontados (utilizando flujos que de otra manera habrían ido a parar al fisco
venezolano)», señala
Juan Carlos Boue, en su análisis «El programa de Internacionalización de PDVSA ¿Triunfo estratégico o desastre fiscal?».

«PDVSA traspasó un promedio de 500 millones de dólares anuales en ganancias, desde sus cuentas domésticas hacia sus filiales en el exterior, que sí pagaban impuestos en los países donde
operaban».

CAP vuelve a ganar las elecciones en 1989, pero tras la reducción de los aportes fiscales de PDVSA, el despilfarro y la corrupción habida en el gobierno del Lusinchi, su compañero de partido, halla irremediablemente reducidas las reservas internacionales del país.

Ya lejos de aquel primer gobierno 1974-1979, de altos ingresos por altos precios del petróleo que edificaron la Gran Venezuela, anuncia de manera sorpresiva el nuevo Proyecto Gran Viraje, el cual descarga la difícil situación fiscal sobre los sectores populares. Pacta con el FMI y el Banco Mundial la privatización de empresas y servicios en manos del gobierno, libera precios, reduce recursos para la educación y salud. El pueblo sale a la calle. Ocurre el Caracazo.

A PDVSA le encomienda atraer inversión extranjera para el sector petrolero. La meritocracia crea el programa de Apertura Petrolera que reduce de manera sustancial las regalía, Impuesto sobre la Renta, lo cual disminuye los ingresos al fisco, que a su vez debilitan la acción política y social del mismo gobierno de CAP.

«En 1981, por ejemplo, los ingresos brutos generados por las exportaciones
venezolanas de petróleo sumaron 19.1 millones de dólares, de los cuales el Estado
venezolano recaudó 13.9 millones en impuestos, el 72%; en 2000, los ingresos
brutos por exportación totalizaron 27.3 millones, pero los ingresos fiscales
apenas si llegaron a 11.3 millones, el 41%», explica Boue.

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Unida a la fuerte reducción de aportes fiscales, PDVSA lanza una campaña comunicacional cuyo transfondo era la neoliberal idea de apartar y eliminar la actuación del Estado en la economía, y que en el campo petrolero fue evitar que ejerciera su rol soberano de construir y ejecutar la política Petrolera. En esa tarea PDVSA manipuló y cautivó desde universidades como la UCV, a la cual asignó un pequeño pozo petrolero, hasta los medios de comunicación Nacional, quienes exprimieron al máximo el alto grado de corrupción y despilfarro del gobierno de CAP.

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