Coherencia

Tres elementos han impactado profundamente en la vida de los venezolanos: el bloqueo financiero y comercial impuesto por Estados Unidos sobre el país, la caída de los precios del petróleo entre 2014 y 2016, y la pérdida de la capacidad de producción de Pdvsa. Y de este escenario tiene que partir quien quiera evaluar la situación actual y las perspectivas abiertas por la nueva ruta de política económica emprendida por el Gobierno del presidente Nicolás Maduro.

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A este respecto, los empresarios y “expertos” antichavistas luego de no poder ocultar su entusiasmo y simpatía ante el impulso económico propiciado por la “liberalización” del Gobierno, ahora lamentan y protestan el establecimiento de impuestos a la actividad económica generada. Es decir, es bien chévere que se pueda comerciar en divisas y que se facilite la importación de productos para la “bodegoneconomía”, pero es bien chimbo pagar impuestos al Estado.

Como forma de ocultar su propia contradicción, señalan que las acciones gubernamentales son, precisamente, “contradictorias”. El presidente de Fedecámaras, Ricardo Cusanno, dijo que “son medidas que suman cero” y en portales especializados llegaron a establecer que se trataba de la “voracidad expoliadora” del Gobierno.

La verdad es todo lo contrario. Es bastante lógico y coherente que, si hay libre tránsito de divisas, se adecúe en ese sentido el régimen tributario para que el Estado adquiera recursos y cumpla su función. Especialmente cuando no se cuenta con el chorro de petrodólares del pasado.

Y es aquí donde está el punto clave. La economía política de Venezuela debe ser vista con ojos totalmente nuevos. Ya no hay renta petrolera, entonces el Estado debe desarrollar una política tributaria que se adecúe a su nuevo escenario.

No se le puede exigir al Gobierno que tenga el mismo comportamiento que mantuvo con un impresionante ingreso en dólares, cuando la recaudación fiscal “no era tan importante”. Ahora no solo no tiene tal ingreso, sino que le robaron reservas y activos por decenas de miles de millones de dólares, está bloqueado comercial y financieramente y la principal industria está minimizada.

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Las “garantías económicas” deben estar acompañadas por un esquema de ingreso público que garantice también la capacidad del Estado de generar protección social.

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