Constitución y tolerancia

Un sistema político, como el venezolano por supuesto, tiene establecido diversos valores y principios en los cuales se apuntala su desenvolvimiento continuo y permanente. Los mismos están contemplados en el preámbulo y la parte programática de la Constitución. Tienen plena vigencia y por supuesto obligatoriedad, de modo que son exigibles, tanto para los factores del Gobierno como de la oposición.

Cuando nuestra Carta Magna dispone con carácter expreso que poseemos un sistema democrático, basado en el pluralismo político y la alternancia de los poderes, delimitados en unos períodos y materias asignadas según su naturaleza y función, en el fondo está presuponiendo que tales poderes deben y tienen que tolerarse, así como también los factores políticos-partidistas detentadores de ellos.

La diversidad de poderes públicos, ya nacionales, estadales y municipales descansan en una zona de actuación, apuntalada por fuerzas políticas que los ejercen según formas y procedimientos normativos y que pueden ser gobierno u oposición, indistintamente. Ahora bien, esa coexistencia no significa en modo alguno que tengan que desconocerse unos a otros para ejercer su función de gobierno. Por el contrario, la propia Constitución nacional exige la colaboración de los poderes, que implica la tolerancia a su cuerpo de principios, y a los procedimientos de elección de las autoridades, que se presume basados en la transparencia e imparcialidad de los órganos que determinan los resultados de elecciones.

Un sistema político democrático que se precie de tal, está fundado en la coexistencia de los poderes y de las fuerzas partidistas que con toda legitimidad participan en los procesos de escogencia de autoridades que van a ser representantes de tales poderes.

Es inconcebible que las fórmulas electorales se aparten de procedimientos neutrales, de imparcialidad, igualdad y respeto a los participantes. Por tanto, quienes presidan el poder electoral deben demostrar su independencia. Y las fuerzas político-partidistas admitir que ejercerán las funciones y destinos públicos con criterios de convivencia, alternabilidad y tolerancia.

Estos valores si se practican como lo establece la Crbv conducirán a una actividad de gobierno estable, receptiva y tolerante entre las autoridades electas.