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Defraudación, apropiación y usurpaciones

Los temas de la estafa y otros fraudes, la apropiación indebida y las usurpaciones, son delitos que en derecho comparado revisten importancia de primer orden. Es por ello que los autores, abogados, juristas y estudiosos del derecho penal los toman muy en cuenta y les dan un valor excepcional, sobre todo cuando se trata de nuestro derecho penal latinoamericano y de sus fuentes europeas.

Lo digo por esas semejanzas en los ordenamientos jurídicos de nuestra región, por esos criterios compartidos de buena doctrina y, de la misma forma, por esas divergencias en las opiniones, algunas veces no compartidas, pero siempre respetadas.
En mi último libro he tenido la oportunidad de indagar y apreciar toda una doctrina penal latinoamericana sobre estos delitos, tradicionalmente contra la propiedad y, actualmente, en acertados términos contra el patrimonio, sólidamente creada por el pensamiento de sus mejores juristas, situando a cada delito en una dogmática jurídico-penal que permite su estudio de manera sistemática y por el método de interpretación.

Al referirme a la estafa, digo que el estafador no es cualquier delincuente, pero tengan mucho cuidado para no tropezar con uno de ellos. Es la persona que maneja una habilidad especial para entrar con su hablar refinado en la credulidad de otro que fácilmente cree, admite y cae en la propuesta artificiosa o engañosa. En el Código Penal se describen ocho casos específicos de fraudes, además de la estafa, en los que destacan el uso de mandato falso, el nombre supuesto o la calidad simulada, así como el conocido “estelionato”. De igual forma se hace el estudio del fraude de emigración y de siete casos más de fraudes, pero con penalidad atenuada. En lo que respecta a la apropiación indebida, ella viene definida en quien se apropia alguna cosa ajena y luego, actuando como si fuera su dueño, no la devuelve o no la restituye, cuando tenía la obligación de hacerlo.

Quiero igualmente decir que la usurpación por invasión o perturbación de terrenos o inmuebles, tiene una sentencia vinculante de la Sala Constitucional que espero no siga vigente porque crea confusión y el riesgo de impunidad en este tipo de usurpaciones en el campo venezolano. En fin, no pueden existir barreras a la potestad penal del Estado que impidan la investigación penal de cualquier hecho, tenga o no relación con actividades agrícolas o agroproductivas.