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Justicia sónica

Hace unos días, un grupo de hombres armados y uniformados entraron a un local privado en Valencia. En el sitio se encontraba otro grupo de hombres desarmados y vestidos con ropa casual. Se dice y, según los procedimientos policiales y judiciales posteriores podría ser cierto, que se trató de un operativo policial activado por una denuncia de “contaminación sónica”.

Al parecer, unos vecinos o vecinas estaban molestos pues del local salía un ruido infernal, aunque el local no tiene vecinos.

El líder de los uniformados solicitó entrar al local para realizar un “procedimiento de rutina”, sin ninguna orden judicial. El dueño del lugar permitió la entrada. Realizado el procedimiento, se fueron juntos todos, en los carros de los clientes del local, quienes serían testigos en una sede policial. Pero terminaron siendo acusados, detenidos, imputados y juzgados por unos delitos tan sónicos como insólitos.

¿Por qué un asunto de rutina se convierte en un escándalo y un juicio? Todo ha debido ser: “Muéstreme sus permisos”. “¿Dónde está el equipo de sonido?, préndalo, dele volumen”. “¡Fulanito!, ¿cómo se escucha allá afuera?” “Ok. De todas formas, bájele el volumen a la hora estipulada en la ordenanza tal”. “Hasta luego, que la sigan pasando bien”.

No hay ninguna ley que prohíba a un poco de gente reunirse o estar en un lugar privado, sean hombres o mujeres. Que se tomen unos palitos, que se masajeen, que escuchen música y bailen, que se den unos besos, que se acaricien o que ejerzan su sexualidad de manera consensuada. Todo lo contrario, hay leyes para permitirlo.

La violación de derechos humanos, el escarnio público, las falsas acusaciones y el maltrato son los únicos delitos que se produjeron. Y los cometieron los funcionarios encargados de hacer justicia. Los policías, los fiscales y los jueces que intervinieron en el caso deberían estar privados de libertad por orden de la Fiscalía. Son unos azotes.

Un país donde anda libre (alegre o amargada) la gente que: pide invasiones armadas y medidas coercitivas; gente conspiradora, terrorista, magnicida y falsos presidentes, diputados y candidatas. No es un dechado de democracia, es un país en peligro de convertirse en un paraíso del delito político.

¿Cuál es el peligro si permitimos a las y los funcionarios judiciales que impartan justicia de acuerdo a sus creencias religiosas y morales o desde su racismo, clasismo y sexismo estructural? El único imperio que aceptamos en Venezuela es el de la ley.

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