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La democracia digitalizada

El desarrollo de las nuevas tecnologías no sólo ha permitido conocer el potencial de ese mundo de red de redes o ese todo llamado Internet, tanto en su espacio real como en lo virtual para la información y la comunicación, sino que abre las posibilidades de un nuevo derecho, dentro de los fundamentales constitucionalmente consagrados, definido en el acceso a esa nuevas tecnologías; pero algo trascendente debe anotarse entre los hombres y mujeres colocados en una “red de redes” y es la participación de todos, como iguales en derecho, en la vida pública de una democracia a la que se refiere la moderna doctrina comunicacional como democracia electrónica o democracia digitalizada. Mucho mejor para nosotros en un país que se ha definido como democracia participativa en un Estado democrático y social de derecho y de justicia.

Se trata de lo que se ha dado en llamar en doctrina comunicacional como “democracia electrónicamente influida”. Es importante señalar que esta democracia digitalizada va más allá del voto electrónico, el cual puede ser emitido desde la casa o desde un móvil, y que precisa, más que de un elector, del concepto de ciudadano que no sea excluyente ni xenófobo dentro una concepción del uso de los medios electrónicos por parte de todos. En fin, es el sentido de la participación ciudadana en democracia electrónica o “democracia on line” que facilite el control sobre la actuación de políticos y funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones, pero también el uso de esos medios que favorezca la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas. Y así tantas cosas que pueden darse en una democracia digital mediante la convergencia de una ciudadanía activa y la aplicación de nuevas tecnologías en todos los aspectos de un proceso democrático, abarcando, por supuesto, mayor acceso a la información, mayores posibilidades de consulta a la ciudadanía y, fundamentalmente, control sobre la responsabilidad de los funcionarios en el manejo de los dineros públicos y de ejercer el derecho de denuncia y el referendo constitucional a través de la red sobre las actuaciones de esos funcionarios que administran o custodian bienes públicos, o para ejercer otros derechos y expresiones de la participación política y de la vida pública en general. Más aún, esas posibilidades se amplían y no sorprenden en la llamada “sociedad de la información”.

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