La educación no es un negocio

Nuestro Estado Social de Derecho y de Justicia persigue la armonía de las clases, evitando que la clase dominante, por tener el poder económico, político o cultural, abuse y subyugue a otras clases o grupos sociales, impidiéndoles el desarrollo y sometiéndolas a la pobreza y a la ignorancia; a la categoría de explotados naturales y sin posibilidad de redimir su situación (Cabrera).

Garantiza la constitución el acceso a una educación de calidad, en sus distintas modalidades especialidades, pública o privada, en el marco de ciertas regulaciones. Regulaciones diseñadas para evitar arbitrariedades. Iniquidades como los que contempla el artículo 113 referido al abuso de posición de dominio y  los monopolios, en perjuicio de las grandes mayorías.
Nadie por ser propietario o prestador de un servicio puede hacerlo según su libre criterio e interés: aquí existe un marco jurídico, cuyos principios de derecho igualdad, justicia, solidaridad y libertad, son irrenunciables. Ese es el deber ser. El Estado constitucional venezolano no puede, “dejar hacer dejar pasar”.

Facilitarle el camino al gran capital para apropiarse de nuestro derecho a recibir una educación de calidad, universal y gratuita, renunciando a nuestra obligación como Estado Docente y permitiendo que las fuerzas del mercado, actúen libremente, es renunciar a nuestro modelo y permitir se cercene un derecho humano de niños, niñas y adolescentes.

Hoy sectores recalcitrantes que se oponen al papel del Estado Docente, protegen a los usureros, que se esconden en el discurso conservador, laico y/o religioso, permitiendo cobros exorbitantes en medio de esta precaria situación económica y social, dejando en la orfandad a padres y representantes, tratando de desalentarlos, desmovilizarlos y rendirlos en sus reclamos legítimos, con el cuento trasnochado del comunismo y del totalitarismo. ¿ Edad media en ciernes?

Corresponde entonces, a la Constitución, a las Leyes y a los gobiernos, más aun al gobierno revolucionario y humanista, proteger a los venezolanos y venezolanas, evitar este abuso y ultraje dictando actos, providencias, leyes, decretos, en fin accionando en favor de los débiles: niños, niñas y adolescentes, así como sus padres madres y representantes.

La educación no es un negocio, es un derecho.

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