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Ley y blindaje constitucional

El proyecto de Ley antibloqueo levantó una polvareda. Opiniones de opositores y de personas allegadas a la revolución bolivariana coincidieron en cuestionar dicha Ley. Desde Nueva York llegó uno de esos pronunciamientos calificándola de “monstruosidad jurídica” y a la Asamblea Nacional Constituyente como “inconstitucional y fraudulenta”, la que, además, “carece de poder para sancionar leyes que sólo corresponde sancionar a la Asamblea Nacional, y menos una ley constitucional.” Son los mismos criterios y posiciones que cohonestaron el Decreto del 12 de abril de 2002. Fue el día del menosprecio a la figura del Libertador Simón Bolívar para designar Presidente a Pedro Carmona; el día en que suspendieron y destituyeron a diputados y magistrados y se derogaron 48 leyes. Es la misma oposición que el año pasado aprobó un Estatuto que sustituyó a la Constitución. Por supuesto, aquel Decreto y Estatuto aberrantes nacieron de esas mentes “pletóricas de sabiduría jurídica”, que hoy se rasgan las vestiduras ante una ley constitucional contra el bloqueo que nos azota.

Las leyes constitucionales existen, no son una novedad. Ellas no precisan para su existencia de un orden jurídico preestablecido. Tienen rango constitucional o forman parte de la Constitución porque su real sentido nace del poder constituyente. Hay leyes constitucionales, viejas y nuevas, en Francia, México, Guatemala, o en cualquier otro país.  En Venezuela también existen, como la de ahora: Ley Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos. 

El poder de sancionar leyes constitucionales lo tiene la Asamblea Nacional Constituyente. Su objeto es claro: transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar nueva Constitución. Y si tropiezas con alguna barrera, vale la pregunta: ¿Estamos o no estamos en revolución? La revolución es inventiva y de hombres y mujeres inventivos, es creación, es cambio de las viejas instituciones, por lo que esta revolución bolivariana, sin necesidad de esas formas legales que la obstaculizan, requiere de leyes constitucionales para avanzar. Lo que importa, y es algo esencial del constitucionalismo moderno, es el control de constitucionalidad de los actos del Poder Público, o garantía jurisdiccional de la Constitución, que en Venezuela le corresponde a la Sala Constitucional del TSJ. Esto último es: ¡Blindaje constitucional!

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