Los árboles son derechos humanos

Los árboles como derechos humanos están implícitos en los 17 artículos de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente francesa el 26 de agosto de 1789, pero no figuran de forma explícita. El cuarto señala: “La libertad consiste en poder hacer todo aquello que no cause perjuicio a los demás. El ejercicio de los derechos naturales de cada hombre, no tiene otros límites que los que garantizan a los demás miembros de la sociedad el disfrute de los mismos derechos”.

Sobra decir que la tala injustificada de un árbol es un delito que atenta contra la vida.

Más preciso es el Libertador Simón Bolívar, quien el 19 de diciembre del año 1825 emite uno de los decretos conservacionistas de mayor relevancia que se haya podido plantear en Suramérica a lo largo del siglo XIX: el Decreto de Chuquisaca. Allí dicta:

Considerando

1. Que una gran parte del territorio de la República carece de ellos (Bosques) y se determinen los lugares por donde puedan conducirse agua a los terrenos que estén privados de ellas.

2. Que la esterilidad del suelo se opone al aumento de la población y priva entre tanto a la generación presente de muchas comodidades.

3. Que por falta de combustible no pueden hacerse o se hacen inexactamente o con imperfección la extracción de metales y la confección de muchos productos minerales que por ahora hacen casi la sola riqueza del suelo: oída la diputación permanente;

Decreto:

Artículo 1: Que se visiten las vertientes de los ríos, se observe los cursos de ellos y se determine los lugares donde pueda conducirse aguas a las tierras que estén privadas de ellas.

Artículo 2: Que en todos los puntos en que el terreno prometa hacer prosperar una especie de planta mayor cualquiera, se emprenda una plantación reglada a costa del Estado, hasta el número de un millón de árboles, prefiriendo los lugares donde haya más necesidad de ellos.

Artículo 3: Que el Director General de Agricultura proponga al gobierno las ordenanzas que juzgue conveniente a la creación, prosperidad y destino de los bosques en el territorio de la República.

Artículo 4: El Secretario General Interino queda encargado de la ejecución de este decreto.

Imprímase, publíquese y circúlese.

Tan visionario es este decreto que su letra toma fuerza en el Capítulo IX, De los Derechos Ambientales, plasmados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual desglosa:

Artículo 127 Es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro. Toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado. El Estado protegerá el ambiente, la diversidad biológica, los recursos genéticos, los procesos ecológicos, los parques nacionales y monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica. El genoma de los seres vivos no podrá ser patentado, y la ley que se refiera a los principios bioéticos regulará la materia. Es una obligación fundamental del Estado, con la activa participación de la sociedad, garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente libre de contaminación, en donde el aire, el agua, los suelos, las costas, el clima, la capa de ozono, las especies vivas, sean especialmente protegidos, de conformidad con la ley.

Artículo 128 El Estado desarrollará una política de ordenación del territorio atendiendo a las realidades ecológicas, geográficas, poblacionales, sociales, culturales, económicas, políticas, de acuerdo con las premisas del desarrollo sustentable, que incluya la información, consulta y participación ciudadana. Una ley orgánica desarrollará los principios y criterios para este ordenamiento.

Artículo 129 Todas las actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas deben ser previamente acompañadas de estudios de impacto ambiental y sociocultural. El Estado impedirá la entrada al país de desechos tóxicos y peligrosos, así como la fabricación y uso de armas nucleares, químicas y biológicas. Una ley especial regulará el uso, manejo, transporte y almacenamiento de las sustancias tóxicas y peligrosas. En los contratos que la República celebre con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, o en los permisos que se otorguen, que afecten los recursos naturales, se considerará incluida aun cuando no estuviere expresa, la obligación de conservar el equilibrio ecológico, de permitir el acceso a la tecnología y la transferencia de la misma en condiciones mutuamente convenidas y de restablecer el ambiente a su estado natural si éste resultare alterado, en los términos que fije la ley.

 Y de este cuerpo magno surge la Ley Penal del Ambiente, en la cual “…el constituyente privilegió el ambiente como un derecho humano fundamental, otorgándole una doble cualidad: un derecho-deber generacional, como garantía de disfrutar individual y colectivamente de un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado, demostrando así una avanzada en esta materia y poniendo de manifiesto su compromiso de respeto hacia los derechos humanos suscritos y ratificados por la República”, afirma María Da Silva, en el portal Vitalis

Total, los árboles como derechos humanos están dentro del espíritu, cual dicen los juristas, de nuestras leyes, pero aunque sea un pleonasmo apuntar que son un derecho humano, no se encuentran expresamente escrito en las letras de nuestro marco legal, y de allí la sugerencia de plasmar que Los árboles son derechos humanos, pues sin su protección todo el andamiaje ambiental de la humanidad se derrumba.

 

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