Medidas coercitivas unilaterales: A confesión de parte | Luis Britto García

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Nos visita Alena Douhan, Relatora Especial de la ONU sobre “la Repercusión Negativa de las Medidas Coercitivas  Unilaterales en el disfrute de los Derechos Humanos en Venezuela”. Dirigimos a la Relatora pormenorizada respuesta a su cuestionario, que puede ser leída en el blog https://redhvenezuela.blogspot.com. Pero igualmente le recomendamos, así como a todo humano consciente, el examen del documento “Additional Tracking Could Aid Treasury’s Efforts to Mitigate Any Adverse Impacts U.S. Sanctions Might Have on Humanitarian Assistance”, emanado de la “United States Government Accountability Office (GAO)”.

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El texto de la GAO  contiene la confesión palmaria de que Estados Unidos mantiene una política ilegal, constante, premeditada, ensañada y alevosa de destrucción de la economía de Venezuela y de los Derechos Humanos de sus pobladores mediante las medidas coercitivas unilaterales mal llamadas  “sanciones”. Así, la GAO admite que:” El desempeño de la economía venezolana ha declinado continuamente por casi una  década y caído abruptamente desde la imposición de una serie de sanciones por Estados Unidos que se  iniciaron en 2015. Por ejemplo, la economía declinó desde un decrecimiento del 6.2 % en su producto interno Bruto en 2015 a un decrecimiento de 35 % en 2019 y un decrecimiento de 25 % en 2020. Las sanciones, en particular las impuestas a la empresa petrolera estatal en 2019, seguramente contribuyeron a un declive todavía más pronunciado de la economía venezolana, fundamentalmente al limitar los ingresos de la producción petrolera”. Es el propio gobierno de Estados Unidos quien establece la relación de causalidad entre las mal llamadas “sanciones” y la destrucción de nuestra economía.

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Como en toda confesión de un crimen, la GAO aduce circunstancias atenuantes:“La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Departamento de Estado, han solicitado informes de organizaciones humanitarias financiadas por Estados Unidos sobre los desafíos que encaran, incluido el efecto de las sanciones. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos (Treasure) y el Departamento de Estado (State), han dado pasos también para mitigar las consecuencias negativas”. Entre estadounidenses te veas. La USAID, el Department of State, el Department  of the Treasure y ONGs financiadas por Estados Unidos infligen medidas coercitivas unilaterales que llaman sanciones, miden los resultados e intentan “mitigar las consecuencias negativas”. ¿Pero acaso se imponen medidas coercitivas para lograr consecuencias positivas? ¿Y si tan sincera es su preocupación por los efectos negativos de ellas  ¿Por qué no las suspenden?

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Hablar de declives en la economía interna provocados por fuerzas externas suena muy abstracto, pero tiene efectos concretos en los Derechos Humanos de la población víctima. Citamos las afirmaciones  de la GAO, algunas controvertibles, pero  que revelan  su percepción de la realidad: “De acuerdo a una reciente encuesta doméstica por una universidad venezolana un estimado 96% de la población venezolana vivía en la pobreza en 2019.  Adicionalmente, una afirmación del Programa de Alimentos para el Mundo de la ONU, estimó que más de 9 millones de venezolanos, aproximadamente   la  tercera parte de la población, carecían de acceso confiable a una cantidad suficiente de alimentos nutritivos”. Sería un  abrupto cambio desde 2015, cuando nuestros indicadores señalaban sólo un 4,7% de pobreza extrema. Como para llenar de orgullo a Estados Unidos y a la oposición que le obedece el haber supuestamente incrementado en menos de un quinquenio en 91,3% la pobreza de los venezolanos.  

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La excusa para  medidas  tan criminales  consistiría en  que “Maduro se declaró victorioso en una elección Presidencial que la Asamblea Nacional Venezolana, así como muchos observadores externos, consideraron como no libre y fraudulenta”. Pero esa Asamblea Nacional no tiene atribuciones para invalidar elecciones, aparte de que fue electa en comicios regidos por el mismo Consejo Supremo Electoral y con el mismo procedimiento con que fue elegido el Presidente Maduro. De ser “no libre y fraudulenta” la elección del Presidente, también lo sería la de la Asamblea.  Por otra parte, ¿Qué leyes,  qué normas, qué competencias facultan a anónimos “observadores externos” o al gobierno de Estados Unidos para calificar, validar o invalidar lo que ocurre en otro país,  y a adoptar arrasadoras medidas coercitivas que, en sus propias palabras, acarrearían que el 96% de los habitantes de éste cayera en la pobreza y que la tercera parte de ellos no tuviera acceso a alimentos? Añadamos que  el Informe de la GAO, a pesar de que afirma que “Estados Unidos reconoció al Presidente Interino Guaidó como el líder legítimo de Venezuela el 23 de enero de 2019”, siempre habla del “Gobierno de Maduro”, reconociendo que ejerce el Gobierno efectivo, real y operativo del país.   

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No  se cansa la GAO  de enumerar los resultados nefastos de las medidas coercitivas. Según ella, ”Más de cinco millones de ciudadanos, cerca del 17% de la población, han huído del país  para buscar  alivio de la crisis en otro sitio, según la Plataforma de la Coordinación  entre Agencias para Refugiados y Migrantes”. La noticia es falsa: ni el CIA Factbook ni el Index Mundi registran tales impactos migratorios en los países vecinos. “En 2020, la ONU esperaba asistir a 7 millones de venezolanos necesitados de ayuda humanitaria en el país”. ”Desde 2010 hasta 2015,  la tasa de desempleo se había estabilizado en promedio en un 7,7%, pero desde 2015 a 2018,  se elevó desde 7.4% a 35%”. La GAO no ofrece ninguna fuente confiable que pruebe el  mencionado incremento y reconoce que está fundado en “estimaciones propias”; pero si éste tuviera tal magnitud y se debiera a las medidas coercitivas ¿Por qué no suspenderlas? La respuesta es sencilla: se somete al pueblo venezolano a un castigo brutal, para que éste a su vez cambie de gobierno. Es pura y  simple extorsión o, como confesó Barak Obama, “torcerle el brazo” a todo un país.

 

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