Protector ante lo arbitrario

Es preocupante cuando una autoridad condena, o la insinúa con sus palabras, a una persona en la fase de investigación de un delito, o en la intermedia del proceso, infringiendo la presunción de inocencia sin la previa realización del juicio oral que es el momento y sólo el momento en que deben darse las pruebas para condenar o absolver. Ninguna de las altas autoridades del país, ni otros órganos de los poderes públicos, tienen la potestad para quebrantar el principio de inocencia. Mucho menos el Ministerio Público que es parte esencial del sistema de justicia. No se debe insinuar la condena de nadie en los medios de comunicación sin previo juicio oral, porque es humillante y somete a la persona al desprecio público sin saber si es inocente. El daño que se le infringe es inmensamente grave y doloroso.

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Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario. Es un principio constitucional y un derecho fundamental que queda quebrantado cuando exista insuficiencia probatoria. Sólo en juicio oral se practican las pruebas para condenar, con excepción de la “prueba anticipada”. Y las pruebas deben ser auténticas, lícitas y no meros actos de investigación. Esto quiere decir que deben ser obtenidas sin violación de los derechos fundamentales; en otras palabras: sin tortura, maltrato, coacción, amenaza o engaño.

En igual sentido quiero decir que las actas e informes policiales no son medios de pruebas. Una imputación fiscal tiene como fundamento los elementos de convicción que la motivan y no es una condenatoria porque aún no se ha dado el debate probatorio. Una prueba incorrecta, manipulada, forjada o prohibida, atenta contra el principio de inocencia.

Estas son las cosas que debo decir sin ambages porque constituyen el escudo protector de cualquier persona imputada. Su status es la inocencia, la cual toma sentido -se ha dicho- cuando existe alguna posibilidad de que esa persona pueda ser culpable. Lastimosamente el principio de inocencia ha sido maltratado y, en algunos casos, se ha pretendido convertirlo en presunción de culpabilidad.

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Al Fiscal General, reconocido defensor de los derechos humanos y públicamente víctima de los atropellos golpistas en el 2002, le pido su atención para reivindicar, vigilar y garantizar desde su cargo que no se cometan violaciones a este principio de inocencia, protector de la persona ante lo arbitrario. 

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