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Un derecho quebrantado

La presunción de inocencia es un derecho que nunca se ha respetado y por ello continúa quebrantado, es decir, está roto y sigue dolorido. No obstante, la Constitución de la República Bolivariana se mantiene firme y constante en señalar que toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario.

Esto significa que el principio de presunción de inocencia, a lo largo de todo el proceso, se encuentra inexorablemente vinculado a la carga de la prueba, a su práctica y valoración. Dicha actividad probatoria debe ser suficiente para deducir la culpabilidad de una persona que ha sido acusada de cometer delito. Por supuesto, esta valoración y apreciación ha de recaer en auténticas pruebas y no en meros actos de investigación.

Esa es la razón sustancial para sustentar y garantizar que, mientras no exista una sentencia firme que declare la responsabilidad penal de una persona, debe considerársele inocente o, lo que es lo mismo: es necesario que se le haya juzgado en debido proceso, no con “elementos de convicción” en etapa de investigación, sino con la plena prueba que se produzca en juicio oral y público.

Nadie puede ser condenado a fuerza de conjeturas, pero resulta que en este país si no te agarra el juicio paralelo, que te monta la prensa por televisión o medio impreso, te encuentras con la denuncia pública de la comisión de un delito y la condenatoria sin juicio previo que hace un funcionario o factor del sistema de justicia, sea juez o fiscal del Ministerio Público, que se presenta ante los medios –repito– , declarando culpable a cualquier investigado, y contaminando con esa declaración el proceso que habrá de iniciarse.

Por eso digo que es sano y ético, justo y razonable, que los jueces solo hablen en la sentencia, en tanto el Ministerio Público haga lo mismo en sus actos requirentes y no buscar la prensa para adelantar opinión en quebranto del derecho a la presunción de inocencia de toda persona.

Por supuesto, es legítimo informar, y es propio de los periodistas, pero hay que saberlo hacer, porque se trata de manejar un hecho noticioso en un contexto de equilibrios que precisa de límites y controles mutuos de medios y sistema de justicia para evitar acciones que obstaculicen la imparcialidad de los jueces o condenen públicamente a un inocente. Pero la presunción de inocencia sigue siendo un derecho quebrantado.

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