Un tribunal extranjero arrebata Guayana | Luis Britto García

Acuerdos, oro y  usurpaciones

En 1841 Venezuela instruye a su representante diplomático Alejo Fortique para que demande el cese de la usurpación ante el gobierno británico, el cual accede a retirar postes y otras marcas de la supuesta demarcación de Schomburgk. Posteriormente, en 1850, se establece un acuerdo entre nuestro representante, Vicente Lecuna, y el Encargado de Negocios de su Majestad Británica, Belford Hinston Wilson, por el cual ambos países se comprometen a no ocupar la zona comprendida entre dicha demarcación y el río Esequibo.

A pesar de protestas y acuerdos, la usurpación continúa sin interrupciones. Su operativo es denunciado por R.R. Hermoso, director del colegio San Luis, en nota en la que informa al gobierno del cumplimiento del decreto de 1882 que prohíbe usar el libro de E. Contambert, Pequeño Atlas de Geografía Moderna, París, Librería Hachette y Cia., 1880, en el cual se acogen las líneas fronterizas trazadas por Schomburgk. Hermoso afirma que conoce “todo el terreno entre nuestra Guayana y la inglesa”, en el cual tiene descendencia, y denuncia que el método de usurpación inglés: “es avanzar la fundación de un vecindario, que mantienen sin autoridad alguna hasta pasados dos años, en cuyo término ponen las autoridades y erigen un templo” (Berrueta, 2015, 10). Meritorio es el decreto de Guzmán Blanco que prohíbe mapas violatorios de nuestras fronteras, pero se echa de menos una política de ocupación territorial venezolana similar o superior a la que denuncia Hermoso de parte de los ingleses.

La situación se  agrava desde 1852, cuando se descubren ricos yacimientos de oro en la región, lo cual propicia una invasión de mineros de la colonia inglesa; las autoridades de ésta incursionan repetidamente en territorio venezolano y pretenden adjudicarse El Dorado, Guasipati y El Callao, lo cual determina que a la postre el gobierno de Antonio Guzmán Blanco rompa relaciones  con Gran Bretaña en 1887.

La batalla del Cuyuni

En 1895 fuerzas policiales de la colonia inglesa al mando del inspector Barnes invaden Venezuela por el río Cuyuni, y se instalan en un puesto militar venezolano abandonado. De inmediato el general Domingo Antonio Sifontes envía al capitán Andrés Avelino Domínguez, quien tras victorioso combate recupera el enclave y lleva prisionero a Barnes y otros invasores a Ciudad Bolívar. Todavía más, Sifontes envía colonos venezolanos al Alto Cuyuni, para demostrar que los invasores ingleses estaban en territorio venezolano, y comunica al Ministerio de Relaciones interiores que “Venezuela no ha reconocido la ocupación de la margen derecha del Cuyuní; ha protestado contra ella; por consiguiente, no aceptándola, no hay motivo para privarse de hacer uso de dicha margen para todo lo que juzgue conveniente”(Sureda Delgado,1980, 39).

 El desafuero de la invasión del Cuyuni es tan flagrante, que Gran Bretaña no se atreve a retaliar directamente, pero arranca  una ofensiva en múltiples niveles contra Venezuela.  Por un lado, en 1880 inicia el tendido de una línea de telégrafos en la zona en disputa y coloca dos cañoneras cerca de la desembocadura del Orinoco. En 1885 apoya el movimiento secesionista en el Zulia de Venancio Pulgar, cuyas expediciones invasoras zarpan de la colonia británica de Trinidad y a ella regresan una vez derrotadas.

Estos desmanes impulsan al embajador en Washington, Simón Camacho, a solicitar la intervención de Estados Unidos.   El mismo Antonio Guzmán Blanco viaja por Washington en 1884 para solicitar una alianza contra toda invasión extranjera, a cambio del compromiso de no emprender una guerra sin autorización de Estados Unidos y de la libre navegación estadounidense por todos los ríos y lagos del sistema del Orinoco (Pérez Rescaniere, 2011, 209).  La petición no es acogida, pero de todos modos Guzmán avanza una política de alentar la inversión económica estadounidense en la región, como  medio de desalentar la agresión británica. Según señala Gerónimo Pérez Rescaniére: Guzmán no se queda en palabras. Reparte a ciudadanos norteamericanos concesiones en la zona limítrofe con Guayana, igual abarcan hierro que maderas finas a granel. La concesión de Manoa consta en total de doce millones de hectáreas, lo que significa todo el territorio federal Delta Amacuro –que se crea para favorecer el negocio- y parte del Estado Bolívar e incluso parte del territorio en disputa (Pérez Rescaniere, 2011,110).

   La fiebre del oro

En marzo de 1886, ante la confirmación de la existencia de oro en la cuenta del Cuyuni, la colonia inglesa invade la cuenca de dicho río. Venezuela exige la evacuación de los incursores del territorio ocupado entre el Amacuro y el Pomerón antes del 20 de febrero de 1887, en enérgica nota donde advierte que: “si esto no se hace para entonces, y si además no se acompaña con la desocupación, la aceptación del arbitramento como medio de decidir el pendiente litigio de límites, quedarán rotas las relaciones diplomáticas de los dos gobiernos, y se levantará una protesta que ponga a salvo los derechos de Venezuela contra procederes que no podía esperar de una potencia con quien siempre se ha esmerado de cultivar la más amistosa inteligencia y franco trato” (Rojas, 1965, 22). El gobierno británico no accede, y la ruptura de relaciones queda consumada.

En este Estado de la controversia, comete Venezuela su error fatal: en lugar de hacer respetar su  territorio mediante acciones puntuales, como la expulsión de los invasores del Cuyuni por el general Domingo Antonio Sifontes y el capitán Andrés Avelino Domínguez, ante la cual Inglaterra no se atrevió a responder, pasa a renunciar a la inmunidad de jurisdicción, sin la cual no existe soberanía, confiando a tribunales extranjeros la resolución de un problema de orden público interno. Por esa vía perdió Venezuela la Guayana Esequiba, y lo perderá todo, si se sigue sometiendo a ella.

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