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Descolonizar el petróleo

Se desconoce en cual de los miles de discos duros puede estar o a cuál de la infinidad de gavetas de Pdvsa fue a parar, si es que aún permanece en la industria. Lo poco que se sabe de él es por conversaciones informales, revestidas de seriedad por ajustarse a uno de los apotegmas del caso Watergate, el mismo que otorga veracidad a una información cuando proviene de dos fuentes distintas y desconocidas entre sí.

Lo dicho bajo sombra y en los recovecos de la industria es que el presidente Hugo Chávez ordenó elaborar un plan para romper con las ataduras tecnológicas y de gestión de Pdvsa, un proyecto capaz de brindarle autonomía a la industria dentro de un enfoque que derivara en el ejercicio nacional y soberano de una empresa tan global como Pdvsa.

Sobra decir que la orden de Chávez fue cumplida, pero no acatada.

Pocas dudas brotan al especular que el fundamento filosófico político de la orden de Chávez tiene su asidero en el “Decreto de El Libertador Simón Bolívar sobre Conservación y Propiedad de las Minas contra cualquier ataque y contra la facilidad de turbarla o perderla”, promulgado en Guayaquil, Ecuador, el 24 de octubre de 1829.

En su visión de estadista, el decreto dejaba plasmados los argumentos que impulsaron a Bolívar a establecer la normativa que protegiera a la nación de los intereses mezquinos que intentaban usufructuar las minas. El texto sentaba las bases para promover, desarrollar y fomentar los conocimientos científicos de la minería y de la mecánica, así como del espíritu de asociación y de empresa, a los fines de que la minería llegue a un grado que colabore con la prosperidad del país.

En consecuencia, el primero de los 38 artículos establecidos en el decreto otorgaba a la naciente República propiedad y autoridad sobre las minas: “Conforme a las leyes, las minas de cualquiera clase, corresponden a la República, cuyo gobierno las concede en propiedad y posesión a los ciudadanos que las pidan, bajo las condiciones expresadas en las leyes y ordenanzas de minas, y con las demás que contiene este decreto”.

Es así como Bolívar sienta las bases para evitar que el petróleo sea objeto de coloniaje, de apropiación extranjera. Y es aquí donde arranca la tensión política que, cual cordón umbilical, atraviesa la historia de Venezuela: Quien controla el Estado se apropia de la renta petrolera.

Un hito frustrado por las influencias de las grandes compañías petroleras sobre el Estado es la empresa venezolana Compañía Nacional Minera Petrolia del Táchira, creada por Manuel Antonio Pulido, dueño de La Hacienda La Alquitrana, con otros tachirenses, el 12 de octubre de 1878. Inicialmente exitosa con el primer pozo Eureka, dotada de toda la cadena de valor industrial desde exploración hasta la comercialización, en una visión de desarrollo que incluyó el envió de venezolanos a estudiar todo sobre petróleo a los fines de apropiarse del imprescindible conocimiento necesario para hacer de Venezuela un país soberano y autónomo en el manejo de los hidrocarburos.

Trabajadores de la Compañía Nacional Minera Petrolia del Táchira, creada por venezolanos el 12 de octubre de 1878

“No sólo fueron pioneros en la explotación, sino que también desarrollaron un complejo proceso de refinación y distribución en la zona occidental del país e incluso en buena parte de Colombia. No exportaban la materia prima, sino que la transformaban en productos refinados que luego comercializaban, añadiendo un destacado valor agregado a cada barril de crudo producido”, reseña el Ministerio de Petróleo.

Pero de nada sirvieron los esfuerzos de Petrolia por lograr que el Gobierno del dictador Juan Vicente Gómez (1908-1935) le extendiera la concesión. Prefirió a grandes compañías petroleras como la holandesa Shell. Finalmente, el 8 de abril de 1934, después de más de 50 años de labor, la compañía cesó la extracción.

Fue así porque la industria petrolera en el país ya venía siendo edificada para que todos sus sistemas, estructuras, componentes y dirigentes respondieran a un dependiente, estricto y ordenado control comercial, gerencial y tecnológico.

En la búsqueda de romper con esas ataduras, el médico y político venezolano calificado de incorruptible, Gumersindo Torres (1875-1947), narra que cuando asumió por primera vez la responsabilidad de ministro de Fomento, en 1917, tuvo que encargarse de setenta contratos para la explotación de petróleo, sometidos todos por personas de la política y de la familia del presidente General Juan Vicente Gómez (1908-1935), “quienes me urgían tanto que hube de manifestar en Gabinete mi firme resolución de no despacharlos aprobándolos, porque yo nada sabía de tal materia”.

Ninguno de los ministros sabía de petróleo, por lo que Torres, quien como ministro de Fomento se encargó de la promoción de leyes y reglamentos que limitasen la explotación de los recursos naturales por parte de compañías extranjeras, propuso tomar un tiempo de estudio y los resultados fueran presentados en forma de un decreto ejecutivo reglamentario sobre esas explotaciones. “Autorizado, pues, unánimemente por el Gabinete, comencé a estudiar y devolví los contratos a los interesados, no sin que cayera sobre mí la mala voluntad de cuantos ya tenían, propiamente hablando, negociados sus contratos”.

Torres cuenta que se dedicó con devoción universitaria al estudio de la cuestión del petróleo y las leyes americanas, rusas, mejicanas, que regían su explotación. Luego de meses, presentó el proyecto de un primer decreto “y aunque lo mandé ocho días antes a cada ministro, llegado el día de su consideración, la mayoría absoluta de mis colegas ni siquiera lo había leído”.

Una de esas compañías extranjeras que había recibido en un traspaso turbio la concesión de manos del Dr. Valladares, fue la Caribbean Petroleum Company, propiedad de la holandesa Shell. La transnacional simuló paralizar sus operaciones de explotación para no pagar impuesto alguno. Frente a esto, Torres exigió de igual forma pagar un tributo al Estado de mil bolívares anuales por concesión, más el impuesto superficial de 1.500 bolívares.

“Y vi entonces nuestra ignorancia, la del Gabinete y la mía, pues hemos debido cobrar más…Por más que ganamos en conocimientos, perdimos, durante el desarrollo de la industria en Venezuela, la oportunidad de sacarle mayor provecho y la de aumentar los fondos del fisco nacional”, expresa Torres.

Tras los intentos de Torres llegaron los del gobierno del presidente Isaías Medina Angarita (1939-1945) con la promulgación de la Ley de Hidrocarburos en 1943, que uniforma el régimen legal petrolero e incrementa la participación fiscal del Estado en la industria al cobrar Impuesto Sobre la Renta, y elevar la regalía a 16 2/3%. Pero fue cuestionada por otorgar concesiones por 40 años y entregar superficies exageradas. Juan Pablo Pérez Alfonzo salvó su voto al momento de aprobarse la Ley.

Ocurre entonces que Pérez Alfonzo, en una primera etapa, 1945-1948, propone cinco postulados de política petrolera: Mantener la Ley de Hidrocarburos de 1943, no otorgar nuevas concesiones, cuidar la conservación de los yacimientos, vigilar la participación del Estado, procurar la industrialización del petróleo venezolano.

Basado en tales premisas, es así como en una segunda etapa, 1959-1964, ya como ministro de Minas e Hidrocarburos, crea 1959 la Comisión Coordinadora de la Conservación y Comercio de los Hidrocarburos, para regular la producción de petróleo y mantener el equilibrio entre la oferta y la demanda y con ello estabilizar los precios.

Luego funda en 1960 la Corporación Venezolana del Petróleo, empresa del Estado “manejada por venezolanos para los venezolanos”. Con esta empresa el Estado inicia la explotación directa de los hidrocarburos cuya propiedad inalienable e imprescriptible ejerce desde la promulgación del Decreto del Libertador fechado el 24 de octubre de 1829.

Y el 14 de septiembre de 1960 funda la Organización de Países Exportadores de Petróleo, Opep, para coordinar y unificar las políticas petroleras de los países miembros, asegurar la estabilidad de precios y con ellos un ingreso estable y un suministro eficiente.

En la entrevista dada a la periodista Rosa Mirian Elizalde, plasmada en el libro Antes de que se me olvide, .Alí Rodríguez Araque afirma que estos históricos hechos evidencian que hubo avances zigzagueantes a favor del país, que fueron frustrados cuando en 1976 ocurre el adelanto de la reversión de las concesiones dadas a las petroleras extranjeras que debían finalizar en 1983, lo cual resultó en la completa frustración del camino iniciado por Pérez Alfonzo con la CVP y el principio de “No más concesiones”, camino que, sustentado definitivamente en la Ley Sobre Bienes a Reversión, debía concluir en una auténtica nacionalización en 1983, tal como apunta Carlos Mendoza Potellá, en su artículo Vigencias del nacionalismo petrolero.

Potellá, por su parte, añade que la llamada “Nacionalización” permitió, además, la instauración en las cúpulas de Pdvsa a dirigentes que hasta el 31 de diciembre de 1975 defendieron rabiosamente los intereses de “sus” transnacionales petroleras y el 1 de enero de 1976 simplemente cambiaron de franela, pero mantuvieron la misma ideología empresarial y los mismos vínculos con sus antiguas casas matrices, constituyéndose en cónsules y veladores de los intereses de estas corporaciones, primero, dentro de las novísimas operadoras, y, luego, dentro de la propia Pdvsa. Eran los Creole-men y Shell-men nativos, auténticos y demoníacos “Bebés de Rosemary”, al mejor estilo de Román Polansky.

Tan pesada carga histórica de descolonizar el petróleo aún persiste.

Werther Sandoval
Periodista. Profesor universitario.