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Neoliberalismo contra consenso de los pueblos

Neoliberalismo

Neoliberalismo es el intento de resucitar el liberalismo económico del siglo XIX, desacreditado por las recurrentes y devastadoras crisis económicas de la primera mitad del siglo XX, detonantes de dos Guerras Mundiales y de infinidad de otros conflictos.

Los neoliberales predican la no intervención del Estado en materia económica, la absoluta libertad del capitalismo para fijar las condiciones del proceso productivo, la aplicación de la ley de la oferta y la demanda para regular la economía y las condiciones del trabajo, así como una drástica disminución de la talla y competencias del Estado, con privatización de las empresas y servicios públicos. La conducta de los sistemas que se denominan neoliberales contradice casi totalmente estos postulados.

Pues la intervención del Estado, custodio de unas determinadas relaciones de producción, defensor de la propiedad privada y creador, ejecutor y juez de la aplicación de las normas, es vital para la subsistencia del capitalismo. El Estado es el creador y promotor de todos los sistemas proteccionistas gracias a los cuales se desarrolló el gran capital; reprime a los trabajadores para que acepten remuneraciones ínfimas o por debajo del mínimo vital; acude al rescate cada vez que la mecánica del capital ha desencadenado una crisis, asistiendo con “salvavidas de oro” las entidades financieras quebradas; mantiene un aparato militar coercitivo para defender los intereses de sus capitalistas en el interior y el exterior.

Nada más postizo que la doctrina capitalista de la “disminución de talla del Estado”. La porción del PIB que el Estado consume es proporcional al desarrollo del país, y en parte causante de éste. Según el informe de la Organización del Comercio y el Desarrollo Económico Panorama de las Administraciones Públicas: América Latina y el Caribe 2017 (Éditions Ocde,París) “El Estado es mucho más pequeño en promedio en la región de América Latina y el Caribe que en los países de la Organización del Comercio y el Desarrollo Económico. El gasto público alcanza 31% del PIB en promedio en los países de ALC, comparado con 41,5%en los países de la Ocde”.

El gran capital, además, regatea sus obligaciones tributarias y, a veces, consigue eludirlas colocando sus ganancias en paraísos fiscales, u obteniendo del Estado importantes exenciones: el ingreso público se estabiliza ampliando la base de la tributación y cargándola sobre los más débiles económicamente, como ocurre con el impuesto al valor agregado.

En cuanto a la casi desaparición del Estado, ésta significaría la casi desaparición del capitalismo. ¿Quién mantendría policías, tribunales, sistemas educativos y ejércitos que, a su vez, en los países capitalistas protegen al capital? En los países capitalistas más avanzados se ha creado una maquinaria todopoderosa, el “complejo militar industrial”, que ayuda a mantener la producción y ataca a los Estados socialistas, nacionalistas o simplemente dueños de recursos naturales mediante una agresión multiforme y continuada.

El neoliberalismo se impuso siempre sin consulta popular, mediante la intervención brutal del mismo Estado al cual decía execrar. En Chile, con el golpe contra Salvador Allende en 1973. En Indonesia, mediante masacre que costó medio millón de vidas. En Europa se cumplió el “desmontaje del Estado de Bienestar”, con Margaret Tatcher, entre 1979 y 1990. Ronald Reagan y George Bush lo desmantelaron en Estados Unidos. En Venezuela, el paquete neoliberal de 1989 suscitó una sublevación social sofocada al costo de unas cinco mil vidas.

Consenso de los Pueblos

En 1989 el Banco Mundial, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional impusieron un decálogo llamado El Consenso de Washington, para todos los países bajo la esfera del capitalismo. Contra él proponemos un Consenso de los Pueblos, aplicable por los gobiernos revolucionarios o progresistas, bajo los principios siguientes:

  1. Política fiscal orientada hacia el bienestar social y el desarrollo, aun a costa de déficits fiscales razonables.
  2. Redirección de los subsidios hacia inversiones para el desarrollo del país e inversión social en educación gratuita en todos sus niveles, atención universal gratuita a la salud y planes de vivienda accesibles e infraestructuras de utilidad social.
  3. Reforma tributaria basada en principios de territorialidad y progresividad, que grave más a los mayores ingresos, revise y elimine exoneraciones, exenciones e inmunidades tributarias concedidas a los grandes capitales nacionales y extranjeros, y disminuya o anule las tasas de tributación para las clases trabajadoras.
  4. Tasas de interés ajustadas a las políticas sociales, y eliminadas para ciertos créditos de interés social.
  5. Tipos de cambio regulados por el Estado, con competencias integrales y decisivas para el control de cambios.
  6. Control social del comercio, y particularmente del tipo y cuantía de las importaciones, con prohibición de algunas de ellas, altas tasas aduaneras para desestimular importaciones suntuarias y tarifas bajas o exoneradas para importaciones de interés social.
  7. Estrictos límites para la inversión extranjera directa (IED); permitiéndola sólo para áreas en las cuales no exista capacidad técnica nacional, que no sean decisivas para el desarrollo o la seguridad de la nación, siempre a través de concesiones limitadas en tiempo y extensión y discrecionalmente revocables, sin concederles privilegios y ventajas mayores que a las nacionales, y bajo completo control público y sujeción a las leyes nacionales.
  8. Renacionalización de las empresas estatales y servicios públicos que hayan sido privatizadas, y progresiva socialización de las explotaciones económicas.
  9. Regulación integral de las actividades económicas, con particular énfasis en razones de seguridad, protección del medio ambiente y del consumidor, y estatización o estricta supervisión de entidades financieras.
  10. Seguridad jurídica para los derechos de los trabajadores, con estricto cumplimiento de leyes laborales y sociales, efectiva irreversibilidad de las conquistas obtenidas, y puntual cumplimiento de las normas constitucionales que reservan la solución de controversias sobre materia de interés público a los tribunales de la República.

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