Así la derecha se robó el oro venezolano

Este jueves el Tribunal Superior de Gran Bretaña, dictaminó el reconocimiento de la írrita junta ad-hoc que para el Banco Central de Venezuela (BCV), designó el diputado Juan Guaidó, violando la normativa que rige la elección del directorio del máximo ente monetario del país, y la Constitución.

Esta sentencia que será objeto de apelación por parte de las autoridades del BCV y del Gobierno venezolano, podría ser la consumación de una operación que inició en 2018 y que pareciera cerrarse antes de las elecciones parlamentarias, donde los venezolanos con su voto elegirán una nueva Asamblea Nacional, tal como lo estipula la constitución.  

Paso 1: Triada Borges-Vecchio-Ledezma

Las acciones para el bloqueo de los activos en Venezuela en el exterior, fue emprendida por el diputado Julio Borges en abril de 2018, cuando en compañía de los prófugos Carlos Vecchio y Antonio Ledezma, realiza una “gira” por Europa para solicitar “mayor presión” contra el Gobierno venezolano y “la vigilancia internacional para impedir” que el Gobierno venezolano “siga endeudándose y vendiendo los activos de la nación”.   

Producto de este periplo y tras la aprobación de una orden ejecutiva por parte del Gobierno de Estados Unidos, dirigida a boicotear el uso del oro por parte de las autoridades venezolanas, el 9 de noviembre de ese mismo año, el Banco de Inglaterra se niega a la entrega de 14 toneladas de oro solicitadas por el BCV.

Esta acción fue aplaudida por la triada liderada por Borges, quienes el 30 de noviembre, previendo la posibilidad de que se concretara la entrega de estos activos al Gobierno venezolano, publican una carta donde advierten al Banco de Inglaterra, que de acceder a esta petición hecha por las autoridades venezolanas, estarían violando la orden ejecutiva de Trump.

Paso 2: Autoproclamación de Guaidó

El 5 de enero la mayoría opositora de la Asamblea Nacional eligió a Juan Guaidó como presidente de la junta directiva del parlamento, quien presentó una “ruta”, en cuyo segundo punto se estipulaba “la designación y reconocimiento de representantes legítimos ante instancias y organismos internacionales”.

Asimismo, señaló como el séptimo punto de su “ruta para la transición”, el “crear el fondo para la recuperación de activos”, para que pudieran “ser congelados y devueltos al pueblo cuando cese la usurpación”.

Seguidamente, el 15 de enero el diputado Carlos Paparoni, presenta un proyecto de acuerdo ante la AN en desacato, donde se solicitaba a 46 países “la protección de los activos del Estado venezolano, ante la flagrante usurpación del poder ejecutivo por parte del ciudadano Nicolás Maduro Moros”, el cual fue aprobado, aunque carecía de legalidad.

Dada la imposibilidad legal y constitucional que significaba que estas acciones fueran emprendidas por el parlamento, el 23 de enero Juan Guaidó se autoproclama “presidente interino”, como primer paso para la construcción de un “gobierno” paralelo que abriera la posibilidad para la construcción de una cortina jurídica, que facilitara la operación de secuestro de activos.

“No vamos a seguir permitiendo que se roben el dinero de toda Venezuela (…) En las próximas horas haremos comunicados oficiales para lograr la protección de esos activos”, fueron las primeras declaraciones que ofreció quien se autoerigía como “presidente”.

Paso 3: Cortina jurídica

Para el 28 de enero, Guaidó publica los “avances” en el marco del acuerdo aprobado antes de su autoproclamación, donde anuncia que iniciará acciones “concretas” para  cumplir con este documento.

Tras este anuncio, surge la noticia en medios internacionales sobre una carta firmada por Guaidó, donde solicitaba  a la entonces primera ministra de Gran Bretaña, Theresa May, impedir una posible repatriación del oro venezolano, solicitado por el BCV.

“Le escribo para pedirle que ponga fin a esta transacción ilegítima”, expresó Guaido en la carta enviada a la mandataria británica y a Mark Carney, gobernador del Banco de Inglaterra.

Posteriormente, el 5 de febrero de 2019, la AN en desacato aprueba un “Estatuto para la transición”, el cual se abroga poderes supraconstitucionales que coloca en manos del autoproclamado, y entre las cuales se estipula, la designación de juntas directivas para empresas e instituciones venezolanas.  

Paso 4: Directivas paralelas

Bajo el fundamento de este “estatuto” írrito, el cual fue declarado “nulo de toda nulidad” por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Guaidó procede a la designación de “embajadores” y “directivas ad hoc” en las empresas e instituciones venezolanas.

Es así como para el 19 de marzo, se anuncia la designación como “embajadora” ante el Reino Unido, de Vanessa Newmann; venezolana de origen judío que reside en los Estados Unidos, donde ha desempeñado labores como asesora para el Departamento de Estado y el Departamento de Defensa norteamericano en materia de combate a las “finanzas ilícitas”.

Seguidamente, el 23 de julio de 2019, el autoproclamado anuncia la designación de la junta directiva ad hoc del Banco Central de Venezuela, la cual estaría integrada por Ricardo Villasmil, Nelson Lugo, Manuel Rodríguez y Guaicoima Cuius.

Entre los ocho considerandos que contiene el “decreto” para esta designación ilegal, en cuatro se menciona la importancia de “obtener el control” de las reservas y el oro venezolano en el exterior.

Paso 5: Pacto con Reino Unido

Una vez elaborada toda la arquitectura burocrática, con el apoyo de los Estados Unidos, se llevan a cabo una serie de reuniones, en una de las cuales, además del embajador del Reino Unido en Venezuela Andrew Soper, acudió el jefe para América Latina de la cancillería británica James Dauris, quien a su salida de este encuentro, realizado el 16 de octubre de 2019, ratificó el apoyo del gobierno inglés a Guaidó.

Ya para enero de 2020, Guaidó realiza un periplo por Europa, que lo lleva al Reino Unido, donde se reúne con el primer ministro Boris Johnson y con el canciller Dominic Raab.

Productos de estas reuniones, se pacta la creación de una “unidad para la reconstrucción de Venezuela” en la cancillería británica, que se mantuvo en secreto, hasta que fue expuesta por el diario británico “The Canary”, que publicó documentos, donde se señalaba que esta acción buscaba establecer la promoción de negocios británicos después del hipotético derrocamiento del presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro.

Tras esta revelación, el embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), Samuel Moncada, en su cuenta Twitter, denunció que esta acción por parte de la cancillería británica, formaba parte de la operación de “saqueo” que adelantaba el Reino Unido y Guaidó, contra la nación venezolana.

Paso 6: Consumación del robo

Ante estas acciones que evidenciaban el entramado que se tejía para el despojo de las reservas en oro, y ante la constante negativa por parte del Banco de Inglaterra a entregar este patrimonio a sus legítimos dueños, el 20 de mayo de 2020, Venezuela procede a entablar una demanda contra esta institución, por incumplimiento del contrato firmado en 2008 con el BCV.

El fallo de esta demanda, que por ahora favorece los intereses de esta trama orquestada por un sector de la oposición venezolana, Estados Unidos y el Reino Unido, podría ser la consumación de otra operación de robo contra Venezuela, bajo el auspicio de un Juan Guaidó, que sin desparpajo, celebra y se jacta de esta sentencia, que niega a los venezolanos la posibilidad de transferir estos recursos  al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), para que tal como lo habían acordado con este organismo, adquirir equipos y medicinas para el combate de la pandemia del Covid-19 en el país.

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