Canciller Arreaza advierte que visita de la CIDH no está autorizada

Canciller hizo un llamado a la Comunidad Internacional. Archivo

El canciller de la República, Jorge Arreaza, informó que el Gobierno Bolivariano no ha invitado a nuestro país ni aceptado la visita de una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Este señalamiento lo hizo, a propósito de un anuncio realizado por el entorno del diputado opositor Juan Guaidó, sobre la presencia de la CIDH en territorio venezolano, desde el próximo 3 de febrero.

«Esta es la clarificante comunicación enviada a la @CIDH el pasado 27 de enero. Venezuela NO es miembro de la OEA. El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela no ha invitado o aceptado visita de delegación alguna de la CIDH. La visita anunciada en medios NO está autorizada», escribió el canciller, acompañando el mensaje con la comunicación dirigida por Larry Devoe, agente del Estado venezolano ante el Sistema Internacional de Derechos Humanos, a Paolo Abrao, secretario ejecutivo de la CIDH, donde recuerda que el 27 de abril de 2019 el Gobierno Bolivariano se retiró formalmente de la OEA.

En la carta de Devoe, se refiere que el Gobierno Nacional no ha invitado a la CIDH a nuestro país y resalta «el histórico irrespeto de la Comisión a los principios que rigen el tratamiento de los asuntos de derechos humanos».

«Venezuela desconoce y no otorga valor jurídico alguno a las actuaciones desarrolladas ante la OEA y la Comisión Interamericana por personas que usurpen o pretendan usurpar la representación legítima de nuestro país, conforme a las normas del derecho internacional y de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela», enfatiza la comunicación de Devoe.

Además, subraya que la Asamblea Nacional en desacato, «no tiene competencia para actuar en nombre del Estado venezolano ante organismos internacionales de carácter intergubernamental, pues dicha atribución se encuentra reservada de manera exclusiva al Poder Ejecutivo Nacional».

En el oficio, se ratifica que el Estado venezolano continuará trabajando de forma coordinada con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

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