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Citgo siempre estuvo en la mira de EEUU

Con sujeciones legales y amenazas arbitrales, Washington impidió la venta hasta concretar su robo

El pasado primero de mayo la administración de Joe Biden, a través de una licencia de la Oficina de Control de Activos (OFAC por sus siglas en inglés) emitió la licencia número 42 que establece la autorización para que la extinta Asamblea Nacional de 2015 negocie algunas deudas pendientes relacionadas a Citgo y su filial Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA).

Esta decisión se suscita tras luego que la Corte de Justicia de Delaware señalara que el llamado “gobierno interino” ejerció “control extensivo de Pdvsa al utilizar fondos de sus filiales para sus propios fines”.

Esto abrió la compuerta para que se ratificara la sentencia del  juez federal Leonard Stark, emitida en octubre de 2022, donde establecía un cronograma de ventas de acciones de esta empresa propiedad del Estado venezolano.

Entre las empresas con las que se ordena realizar negociaciones para el pago de indemnizaciones y cancelación de deudas, tanto de Citgo como de PDVSA, se encuentran la canadiense Crystalex y las estadounidenses O-I Glass Inc, Huntington Ingalls Industries Inc, ACL1 Investments Ltd y Rusoro Mining Ltd.

Desde Venezuela se ha dejado por sentado la ilegalidad y nulidad de todas estas acciones y han sido enfáticos en señalar que no reconocerán ninguna de estas negociaciones por considerarlas írritas al ser realizadas por personas usurpan funciones del Estado venezolano.

Entre litigios y ventas

La marca Citgo fue creada en 1965 por Cities Service Company, una sociedad estadounidense de cartera de servicios públicos nacida en 1910, sede del primer pozo petrolero comercial de Oklahoma.

Tras varias décadas de adquisición selectiva de propiedades productoras de gas natural en Kansas y Oklahoma, en 1964 se lleva a cabo la reforma de su marca de marketing al presentar el nombre Citgo, manteniendo la primera sílaba de su nombre y terminando con GO “para implicar poder”.

Ese mismo año de 1964, Mesa Petroleum intentó una adquisición hostil que estuvo en litigio durante 20 años de litigio, hasta que el 3 de diciembre de 1982 Occidental Petroleum finalmente adquirió Cities Service.

Un año después, Occidental vendió toda la División de Refinación, Comercialización y Transporte de Cities Service, así como la marca CITGO a Southland Corporation, propietaria de las tiendas 7-Eleven.

Para el año 1986, como parte de la programa de internacionalización de Pdvsa que arrancó en 1982 con el establecimiento de una empresa mancomunada con Veba Oel en Alemania, la estatal petrolera criolla consuma la adquisición del 50% de las acciones de Citgo y para 1990 pese a la poca rentabilidad de este complejo en 1990 adquieren el otro 50%.

Posteriormente entre 1993 y 2002 se llevan a cabo otras adquisiciones de refinadores que se sumaron a Citgo que para el 2005 sumaba ocho refinerías, 60 terminales y 14.885 estaciones de servicio en suelo estadounidense.

¿Mal negocio?

“Tener una refinería en Alemania es un mal negocio, como mal negocio es la Citgo. De ese no hemos podido salir, sujeta a las leyes de Estados Unidos”, dijo el presidente Hugo Chávez el 25 de octubre de 2010.

Tal aseveración es corroborada por las acciones que tuvo que emprender el Gobierno venezolano como fue la venta del 41,25% de la refinería Lyondell a su socio mayoritario para saldar pasivos por un monto superior a 800 millones de dólares y la posterior negociación de las refinerías de asfalto Paulsboro y Savannah (2007).

A esto se sumó que ese mismo año la refinería Champlin fue sancionada por violación de la Ley de Aire Limpio y en 2009 un incendio en la misma planta derivó en una multa de 300 mil dólares tras determinarse responsabilidad en el accidente.

Este esquema de baja rentabilidad, unido a la inseguridad jurídica existente en Estados Unidos como consecuencia de las constantes amenazas por parte de las administraciones de la Casa Blanca y el sistema de justicia gringo, estimulan al Gobierno venezolano en promover la venta de este activo.

Para 2010 el precio de venta establecido por Pdvsa oscilaba entre los 10.000 y 15.000 millones de dólares y pese a que los bancos Goldman Sachs, JP Morgan y Deutsche Bank se mostraron interesados, fueron ahuyentados por decisiones de tribunales estadounidenses en torno a las demandas de Exxon Mobil y ConocoPhillips que exigían el embargo de Citgo para compensar las supuestas pérdidas por su salida de la Faja Petrolífera del Orinoco.

Tras años de intentos infructuosos de negociación con posibles compradores ahuyentados por un decreto firmado en 2014 por Barack Obama donde declaraba a Venezuela como “una amenaza inusual y extraordinaria”, cinco años después, Citgo es ilegalmente confiscada por EEUU para ser entregada a un “gobierno interino” que entre torpezas, corrupción y truculentas negociaciones está a un paso de rematarla.

De la esperanza a la destrucción

Pese a esta baja rentabilidad, y como medida para invertir para el beneficio de los venezolanos los pocos ingresos generados, en el 2006 el presidente Hugo Chávez crea la Fundación Simón Bolívar, una organización financiada por Citgo que garantizaba todos los recursos para el pago de los trasplantes a niños venezolanos.

Tras más de una década donde miles de niños fueron beneficiados, este programa es suspendido debido a la confiscación ilegal por parte de la extinta administración de Donald Trump, quien la entrega a la directiva de la extinta Asamblea Nacional liderada por Juan Guaidó, quien decide poner fin este mecanismo de ayuda humanitaria bajo el argumento de “aprovechar los recursos existentes e invertir en organizaciones benéficas”.

“Entre mis funciones estatutarias está la organización, impulso y supervisión de todos los procesos orgánicos del partido (…) y para eso obviamente se requiere un presupuesto mínimo de 34 mil dólares (…). Los fondos los recibo en mi cuenta a través de una cuenta de EEUU de la señora Muma Rosas, quien a su vez los recibe en su cuenta a través de las implementadoras y de algunos recursos de la Fundación Simón Bolívar de Citgo, esto es justamente para la actividad del partido”, confesó Roland Carreño, dirigente nacional de Voluntad Popular, revelando así este esquema de financiación de actividades políticas y desestabilizadoras con el dinero que anteriormente se utilizaba para salvar vidas.

Las consecuencias de la suspensión del programa de ayudas de la Fundación Simón Bolívar, según cifras de Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos y el Desarrollo Social (Fundalatin), ha sido la muerte de 52 infantes venezolanos que quedaron a la espera de los recursos para financiar sus trasplantes, expediente mortal que se suma a los desmanes del extremismo opositor y EEUU en esta operación de robo contra Venezuela.

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