Corte Penal Internacional analiza casos presentados por Venezuela

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó este lunes que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional está analizando dos casos presentados por el Estado venezolano, sobre los cuales, aclaró, no se ha iniciado una investigación al respecto.

Al detallar la reunión que sostuvo el pasado miércoles 4 de noviembre con la Fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, en la sede de ese organismo en La Haya, el fiscal dijo que los temas referidos son el llamado “Venezuela I referido a los presuntos delitos cometidos desde al menos abril de 2017, en el contexto de manifestaciones y disturbios políticos relacionados. El estudio de este asunto inició en febrero de 2018”.

“En este caso se investigan tanto acciones de las fuerzas de seguridad que hayan resultado en violaciones a los derechos humanos, como de actores privados que causaron lesiones y muerte a funcionarios del Estado”, señaló.

Y la denominada Venezuela II, relativa a presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos “como consecuencia de la aplicación de medidas coercitivas ilícitas adoptadas unilateralmente por el gobierno de los E.E.U.U contra Venezuela, al menos desde el año 2014. En este caso se estudian las graves violaciones a los derechos humanos que sufre el pueblo venezolano como consecuencia de las sanciones contra nuestro país”

“La Fiscal Bensouda ratificó que ambas cuestiones Venezuela I y Venezuela II permanecen en examen preliminar con miras a tomar una decisión sobre si se abre una investigación o no. Es decir, todavía no se ha iniciado una investigación al respecto”, manifestó Saab.

Saab, quien dijo que la reunión sirvió para reafirmar nuestra disposición de colaborar con la CPI y remitir la información solicitada sobre las investigaciones realizada por el Ministerio Público, indicó que se hizo una invitación a la Fiscal para que visite Venezuela y conozca cómo se hacen las investigaciones.

Aclaró que la Corte Penal Internacional no sustituye a la legislación penal de Venezuela, ya que tiene un carácter complementario que se se limita a los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional.

En este sentido, explicó que la Corte solo tiene competencia, de conformidad con el Estatuto de Roma, respecto de el crimen de genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, y el crimen de agresión.

Comentó que en el caso de que la Fiscal llegara a concluir que en Venezuela han ocurrido delitos que se pueden enmarcar dentro de su competencia, “podremos demostrar fehacientemente que en nuestro país los hechos de violencia y las violaciones a los derechos humanos se han investigado, y en la medida que los responsables han podido ser individualizados, estos han sido sancionados con todo el peso de la Ley”.

Destacó que Venezuela reconoce y apoya a la CPI, contrariamente a lo que ocurre con Estados Unidos, cuyas autoridades sancionaron a la Fiscal Bensouda y a otro alto funcionario de la Corte, por investigar si las fuerzas militares de Estados Unidos han cometido crímenes de guerra en Afganistán.

Durante la reunión sostenida ante CPI, en la que participó también el Defensor del Pueblo, Alfredo Ruíz, se reconoció, además, la investidura de Nicolás Maduro como el Presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Se trató -dijo el fiscal- de una visita oficial, de una visita de Estado”, señaló al explicar que por eso la Fiscalía de la CPI izó la bandera de Venezuela en la sede del tribunal internacional.

El defensor del Pueblo también expuso aspectos que se revisaron en el encuentro con la CPI que incluyó la denuncia del impacto negativo de las más de 300 medidas coercitivas unilaterales contra el pueblo venezolano.

“Las medidas coercitivas unilaterales han impedido el traslado de personas para hemodiálisis. Todos los casos de violación a los DDHH al pueblo venezolano han sido expuestos ante CPI”, expresó el defensor, quien destacó “expusimos la situación con el gobierno de España, que aún no extradita al presunto responsable de la quema de Orlando Figuera ni tampoco lo ha juzgado en su territorio”.

Ruíz culminó su intervención reiterando que la Defensoría del Pueblo está de puertas abiertas para atender a las personas que no han podido continuar con sus tratamientos médicos.

 

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