“Magistrados en el exilio” gozan de sueldo y seguro en miles de dólares

A lo interno de esta ilegal invención de la derecha existe una pugna y acusaciones de corrupción

Sueldo de 4,000 dólares mensuales y la asignación adicional de 750 dólares al mes para el pago de la políza de seguro, son los ingresos que recibirán los “magistrados” de acuerdo al esquema de repartición del dinero robado a la República por Juan Guaidó, Leopoldo López y Julio Borges.

Así lo reveló el audio del exdiputado y mano derecha de Guaidó Sergio Vergara durante la presentación del “presupuesto” del autodenominado “gobierno interino” que será presentado a la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (Ofac por sus siglas en inglés) para hacerse con más de 53 millones de dólares del capital venezolano que el gobierno estadounidense mantiene secuestrado violando todas las normas del derecho internacional.

“El otro presupuesto que fue consignado fue el de los magistrados de la corte, como saben el año pasado no fue otorgada la licencia sin embargo nosotros mantenemos la premisa de lo que corresponde al pago de estos magistrados ellos habían asignado el año ese salario en base a 4,000 dólares al mes, se les ha mantenido eso e igualmente 750 por concepto de prima de seguro”, detalló Guevara.

El monto asignado dentro del “presupuesto” para los “magistrados” asciende a 1 millón 758 mil dólares que serán entregados a las 33 personas que conforman este tribunal paralelo que carece de reconocimiento de los organismos internacionales como la Corte Penal Internacional (CPI) y la Unión Internacional de Magistrados (UIM).

Sumado a la ausencia de reconocimiento, estos pseudomagistrados se han visto envueltos en una serie de escándalos como la misma conformación de un TSJ paralelo, que carece de legitimidad de origen incluso si se toma como válido su írrito nombramiento por parte de la extinta Asamblea Nacional en desacato que los designó para ocupar “puestos vacantes” en el máximo tribunal venezolano bajo la escusa de la ilegalidad del nombramiento realizado en 2015 por el parlamento que antecedió al de mayoría derechista y no para conformar un órgano paralelo.

A esto se suma que a los pocos meses de autodenominarse como “TSJ en el exilio” iniciaron la pugna para la designación de la “junta directiva” que quería presidir Miguel Ángel Martín, quien además posee doble nacionalidad, condición que de acuerdo a la Constitución anularía su elección para un cargo como en caso de haber sido legal.

Cero sentencias, sesiones plenarias vía videoconferencia, sin sede e ilegitimidad constitucional, son el currículo que ostenta esta invención de la derecha venezolana en su afán por socavar la institucionalidad del Estado venezolano, con una estructura paralela que a lo interno se dividió y ahora exhibe como un TSJ en el exilio liderado por Miguel Ángel Martín lucha por imponerse al TSJ en el exilio encabezado por Antonio José Marval.

 

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