Oriana Osio: Estamos aplicando el método de justicia sin impunidad”

El nombre de Oriana Osio comenzó a escucharse en los Valles del Tuy desde que se activó en los movimientos sociales mirandinos para levantar las comunas. O mejor dicho, “el Estado comunal”, como lo pregona en disertaciones dentro de las comunidades, antes como militante del Psuv y ahora desde la Asamblea Nacional donde ocupa una curul por Miranda.
Fiel creyente del evangelio, pero en un evangelio cuyos seguidores “no se pierden en las palabras, sino que dan frutos; no se quejan de los demás ni del mundo, empiezan por si mismos”, tal como lo dijo el papa Francisco en la oración del Ángelus del domingo 19 de septiembre y que la parlamentaria recogió en su cuenta Twitter.

Estudió Química pero no la ejerció porque se dedicó a la política, opción que la empujó a cursar estudios de Relaciones Públicas. Precisamente en esas andanzas se incorporó a la Asamblea Bolivariana de Ciencia y Tecnología. Pero actualmente, Osio se desempeña como coordinadora en el Distrito Capital de la Comisión Presidencial para la Revolución del Sistema de Justicia, instancia aprobada por el Consejo de Estado para acabar con el hacinamiento en los centros de detención preventiva, acelerar los juicios y procurar leyes destinadas a cambiar la estructura del Poder Judicial, según lo explicado por el jefe de Estado, Nicolás Maduro

La diputada nos recordó durante la entrevista concedida a Últimas Noticias (en la sede del Ministerio de las Comunas), que quienes tengan denuncias sobre el funcionamiento del sistema judicial pueden acudir al edificio La Francia, frente a la plaza Bolívar caraqueña entre 8 am y 2 pm todos los días. También pueden escribir al correo [email protected]

—La Comisión Especial para la Revolución del Sistema de Justicia ya concluyó una primera fase del abordaje a los retenes policiales del país. En el caso del Distrito Capital ¿cuál es el balance?

—Esta primera fase tiene como objetivo hacer justicia sin impunidad. Hicimos una investigación participativa visitando cada uno de los centros de retención preventiva a través de un método que lleva consigo dos partes: una primera que es la entrevista privada con el privado de libertad en compañía de la Defensa Pública y la segunda fase es la celebración de la audiencia donde participa el Ministerio Público, el Tribunal Supremo de Justicia a través de los jueces, la Defensoría Pública y nosotros como diputados.

—¿En qué consiste la participación de los diputados en esas audiencias?

—Realizamos un recorrido por todos los calabozos en compañía de la Defensoría del Pueblo y de los fiscales en materia de Derechos Humanos. Llenamos una ficha que nos permite conocer cada uno de esos casos, identificar el retardo procesal y saber en qué fase está ese retardo para poder dar unas orientaciones. Esas orientaciones fueron las que generaron este proceso de consulta para las nuevas leyes que fueron aprobadas en la Asamblea Nacional. Esa es la primera fase: constatar las condiciones en que se encuentran y recibir las denuncias que nos hacen los privados de libertad con relación a hechos de corrupción, maltratos o algún tipo de situación que ellos requieran expresar. Hemos abordado en Caracas 43 centros de un universo de 50.

—¿Cuál es la situación de los presos recluidos en los retenes caraqueños?

—En líneas generales son condiciones en las que nosotros no estamos preparados para tenerlos. Y la recomendación es ubicarlos a ellos en los lugares donde deben estar. Nuestra Constitución establece que usted es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Es decir, no todas las personas deben estar privadas de libertad. Existen delitos graves y menos graves. Esos delitos graves, donde la persona puede estar vulnerable a la fuga, son aquellos a los que se les aplica una medida privativa de libertad.

—¿Por qué esos retenes no están preparados para albergar privados de libertad?

—Las condiciones no son las más favorables porque son cuerpos policiales y los que están destinados a resguardarlos son los penales. Estamos haciendo un proceso de revisión para recomendar cómo deben ser esos espacios y dónde deben estar. Por ejemplo, nosotros visitamos centros de detención ubicados en la Policía Nacional Bolivariana, Policaracas, el Cicpc y la Guardia Nacional Bolivariana.

—¿Cuántos privados de libertad han logrado entrevistar en esos retenes?

—El equipo de Caracas ha logrado entrevistar más de 2.300 privados de libertad. El porcentaje de las personas que han salido por un beneficio de medida cautelar es de 30%. Estamos aplicando el método de justicia sin impunidad y se lo explicamos a ellos; no es que llegamos al retén y todos van a salir. Hacemos un proceso de indagación: estudiamos el expediente judicial y sí hemos encontrado casos con retardo procesal que han sido corregidos en el sitio.
¿Cuál es la principal causa del retardo procesal?

—Una de las cosas que hemos identificado como causante del retardo procesal es que existen expedientes con varios imputados que están recluidos en distintos lugares. Y para la celebración de una audiencia de juicio, estas personas deben estar todas presentes. También hemos detectado que muchos privados de libertad están sin ningún tipo de atención; es decir, sus familiares están muy lejos y la vinculación del abogado defensor, público o privado, es con el familiar. Esa desconexión ha impedido un poco la celebración de audiencias.

—¿Cómo han abordado los calabozos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim)?

—En el Sebin y la Dgcim ya no hay privados de libertad. A excepción de casos puntuales que luego migran a otros centros de detención preventiva. Ahorita estamos organizando los traslados de esos centros a las cárceles nacionales, en el caso de Caracas, El Rodeo y Yare. Porque nosotros también estudiamos de dónde son sus familiares. Y le preguntamos al privado de libertad dónde sus familiares pueden apoyarlos, dónde los pueden atender, ellos nos especifican y los jueces están en disposición de colocar la boleta de traslado a esos centros.

—¿Qué pasará con los reincidentes?

—Ellos se ajustan otra vez al sistema de justicia. Entran en su ruta ordinaria para su atención judicial, nosotros le garantizamos el debido proceso. Pero estas personas que se le dio una primera oportunidad, y eso lo estudiamos en los expedientes, y vuelven a incurrir en robos, por ejemplo, no le otorgamos una medida cautelar como el privado de libertad que está por primera vez. Allí el juez estudia su conducta delictual.

—¿Qué queda por hacer?

—Ahorita estamos en proceso de clasificación de quiénes quedan en fase de juicio y quiénes están condenados. Sobre estos últimos estamos organizando sus traslados con la ministra penitenciaria.

—¿Los organismos policiales o militares que tienen bajo su custodia privados de libertad se encargan de su alimentación o son sus familiares?

—Nos hemos encontrado con centros de detención que tienen comedores y en otros les facilitan a sus familiares entregarle su alimentación.

—Hemos publicado en ÚN denuncias relacionadas con el retén policial de Boleíta, donde presuntamente los policías cobran a familiares de presos para recibirles alimentos.

—Nosotros hemos recibido también esas denuncias. La Comisión lleva más de dos semanas en ese centro de detención que tiene 1.025 privados de libertad que estamos atendiendo entre el equipo de Miranda y el de Caracas. Invitamos a los familiares a que hagan las denuncias sobre ese tipo de situaciones. Estamos conscientes de que existe eso y mucho más. Fíjese que el nacimiento de la Comisión Especial fue producto de innumerables denuncias.

—El diputado Diosdado Cabello, presidente de la Comisión Especial, informó recientemente que también se abordarán las cárceles nacionales.

—A nosotros nos falta por conocer los penales, que es la segunda fase del trabajo de abordajes de la Comisión. Esta fase estamos ya por iniciarla: estamos en el estudio de los métodos, enlazando con el Ministerio Penitenciario como con los tribunales del país. Esto amerita una intervención integral, ordenada, organizada para igualmente detectar el retardo procesal y corregirlo en el sitio.

—Ahora la AN, a raíz de este abordaje, tiene una idea más clara de lo que existe en el sistema de justicia. ¿A qué conclusiones arriban después de ver una parte del sistema?

—Lo más importante de todo este proceso es que hemos identificado que el sistema de justicia hasta ahora, estaba engranado de elementos aislados. Es decir, no existía comunicación entre ellos. Nos existía cooperación entre los órganos que forman parte de este gran sistema. Como el cuerpo humano donde todos los órganos se conectan y están enlazados entre sí. Una de las fallas que nosotros vimos es esa.

—¿Los juicios derivados de abordajes en retenes se están realizando dentro de esas instalaciones?

—No. Los juicios se realizan en los tribunales ubicados en los palacios de justicia….hay juicios donde los únicos órganos de prueba son funcionarios policiales, entonces se difieren esas audiencias porque los policías no se presentan. ¿Qué hacemos en esos casos?, levantamos un acta, convocamos al jefe del órgano policial y lo comprometemos para que lleve a esos funcionarios a la audiencia y la jueza le explica que si el uniformado no asiste tiene que prescindir de ese órgano de prueba.

—La AN reformó el Código Orgánico Procesal Penal y eliminó la posibilidad de que el Ministerio Público invoque la apelación con efecto suspensivo para impedir la libertad de alguien que ha sido absuelto al final de un juicio. ¿Cuál ha sido el impacto de ese cambio en específico?

—Los privados de libertad se sienten con mayor confianza; ha mejorado la relación de los jueces con los fiscales. Porque el juez tomaba una decisión después de ventilar más de 10 órganos de pruebas y luego la Fiscalía aplicaba el efecto suspensivo. Eso supone un poco más de equilibrio en la justicia porque ya no queda (el efecto suspensivo) al libre albedrío de aplicarlo en todos los momentos; ahora está especificado cuándo usarlo. Eso debe estar bien soportado. Otra cosa, a los defensores públicos les va a permitir realizar su trabajo con mayor tranquilidad.

—El lunes pasado un tribunal de Caracas absolvió a un militar acusado por el homicidio de David Vallenilla, ocurrido en el marco de las guarimbas de 2017 y la Fiscalía no pudo invocar el efecto suspensivo para evitar la liberación del procesado.

—Pero allí hay otros recursos que se pueden interponer; para eso está la participación de las partes: de quienes están en representación del Estado y quienes por la víctima. El efecto suspensivo no es el único medio; se puede apelar y llevar a una sala de la Corte de Apelación. La figura de la apelación no solamente es potestativa del Ministerio Público. Creo que se había tergiversado un poco la intención del efecto suspensivo.

—Ustedes en la AN acaban de aprobar la Ley Orgánica de Amparo donde le otorgan facultad a un juez para conceder una libertad si consideran que la persona fue detenida ilegal o arbitrariamente. ¿Qué se considera una detención arbitraria o ilegal?

—Toda ley tiene un reglamento donde se especifica el modo, el modo procedimental, es decir, cuáles son los pasos para implementarla. Ahorita no existe el reglamento de esa Ley y por no existir ese reglamento, la aplicación debe estar sujeta a la evaluación de otras instancias. Por eso es que el trabajo de la Comisión Especial no ha parado, ni en lo legislativo ni en lo operativo. Nosotros vamos a comenzar con unos conversatorios con cuerpos policiales, jueces, entre otros, para conocer de ellos sus recomendaciones y poder elaborar los reglamentos.

—¿Está contemplada la modificación de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia?

—Salió el primer grupo de leyes; pero vienen otras que se están debatiendo en la Comisión de Política Interior de la AN, porque existe un compendio de solicitudes tanto del Tribunal Supremo como del Ministerio Público.

—Le hacía la pregunta porque en la instalación de la Comisión Especial, su presidente Diosdado Cabello habló de un cambio de estructura del Poder Judicial “aguas abajo”.

—Fíjese, la Constitución habla del sistema de justicia y nosotros no tenemos una ley del sistema de justicia así como tenemos una ley del Sistema Nacional de Planificación. Nosotros estamos rescatando el espíritu del constituyente, precisando qué quería decir con ‘sistema de justicia’ y poder tener una ley marco, para garantizar un sistema de justicia al servicio de pueblo, que es el espíritu de nuestra Constitución, garantizar la justicia sin impunidad y el debido proceso a todos.

—¿Han visto entonces la necesidad de crear un órgano central del sistema de justicia?

—Sí. Exactamente. Para que exista la comunicación entre todos los órganos y se garantice la operatividad del sistema, para que no sea el pueblo el perjudicado por elementos que se puedan subsanar a nivel de Estado.

—Hay un proyecto de reforma a la Ley del TSJ que propone la reducción de 32 a 20 magistrados, según voceros judiciales. ¿Eso lo ha debatido la Comisión de Política Interior?

—Está en estudio. Todavía no hay ninguna decisión. Cuando esté en primera discusión para la plenaria, allí se hará saber. Porque el abordaje a los centros de detención preventiva nos permitió modificar esas leyes.

—Qué le dice usted a quienes piensan que las liberaciones de presos acordadas a raíz del abordaje de la Comisión Especial van a traer un incremento en los delitos.

—Soy católica y como seres humanos vivimos en una sociedad donde tenemos normas de convivencia. Lastimosamente no todos cumplimos con esas normas. Para eso nuestras leyes contemplan que cuando usted incurre en un delito, debe pagar una condena. Le digo a la población que puede sentir total calma porque nosotros no estamos para perjudicar a las víctimas ni a una sociedad. Tenemos que trabajar mucho, la sociedad, la familia, la comunidad, para que el índice de personas que estén procesados en un tribunal, sea menor.

Al detal

  • ”Hemos visto la disposición del Ministerio Penitenciario que también nos acompaña con su equipo multidisciplinario para hacer los abordajes y las evaluaciones psicosociales necesarias al momento de otorgar las redenciones”.
  • “En el Centro de Coordinación Policial El Valle, de la PNB, vimos cómo las privadas de libertad se venían superando; tenían talleres de panadería, algún tipo de oficio, situación que nos llevó también a hacer una serie de recomendaciones en relación a las redenciones. Por cada dos días de trabajo es un día de pena cumplida. En el caso de los penados. En eso consiste la redención”.
  • “Se han hecho las evaluaciones a los privados de libertad para que puedan optar a algún tipo de ayuda humanitaria, porque algunas personas se han enfermado más allá del tema del covid-19. Venían con algún tipo de patología”.
  • “La reestructuración del sistema de justicia, contemplado en el 253 de la Carta Magna, no solamente es cambiar las leyes. Tenemos que garantizar los reglamentos de cada una de esas leyes. Además de eso, la operatividad del sistema de justicia debe cambiar completamente. En eso estamos”.
 

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