Reforma del Copp busca garantizar el juicio en libertad

La reforma al Código Orgánico Procesal Penal (Copp) busca, entre otros objetivos, procurar que una persona incursa en algún delito sea procesada en libertad, dijeron fuentes del sistema judicial.

El proyecto de reforma fue aprobado en primera discusión durante una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional del pasado martes. Allí tomó la palabra el diputado Diosdado Cabello, quien presentó a consideración siete proyectos de reformas de leyes relacionadas con el sistema judicial. En ese listado figura la modificación del Copp.

Cabello dijo que dichas reformas forman parte de una de las misiones encomendadas a la Comisión Especial para la Revolución del Sistema Judicial acordada por el Consejo de Estado el pasado 21 de junio. La comisión visitó 394 retenes policiales y otorgó 16.064 medidas cautelares a igual número de privados de libertad.

Al concluir el abordaje a los retenes policiales, la Comisión Especial observó trabas para el juzgamiento en libertad de los imputados. Y al revisar el Copp, determinaron que ese instrumento legal, dictado en 1998, contradice lo que dice el artículo 44 de la Carta Magna el cual señala que ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial a menos que sea sorprendida in fraganti. “Será juzgada en libertad”, dice el mencionado artículo.

Durante los dos meses de abordaje a los retenes, la Comisión Especial entrevistó a 27.963 privados de libertad y se dieron cuenta que todos tenían un retardo en su procesamiento penal. Los diputados concluyeron que se hace “muy fácil” dejar presa a una persona como un método para extorsionarlo en algunas ocasiones.

“Nos dimos cuenta que el Copp no garantiza los tiempos, es decir, no hay certeza jurídica, no existe manera de saber cuánto va a durar un juicio; por allí comienza la indefensión y eso es aprovechado para extorsionar al procesado”, comentó el informante.

En razón de ello, el proyecto de reforma del Copp cuya segunda discusión está pendiente en la AN, abordará las condiciones para decretar una privativa de libertad y las etapas del procesamiento penal con sus respectivos lapsos, de tal manera que existan garantías constitucionales.

 

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